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Alejandro Arrieta Pongo

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Alejandro Arrieta Pongo
ITA IUS ESTO
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS ALCANCES DE LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS
FRENTE AL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA
Alejandro Arrieta Pongo
Resumen: El autor en primer lugar desarrolla la doctrina de los actos
propios así como el principio de protección de la confianza legítima de un
modo sistemático para poder entender su configuración jurídica, efectos y
requisitos para su aplicación. Ambas instituciones son de especial
importancia pues el ordenamiento jurídico no protege las conductas
contradictorias; no es admisible ejercer una pretensión contraria al
comportamiento inicial que ha generado una situación de confianza. Al final
de cada apartado se indica la vigencia o aplicación de dichas instituciones en
el ordenamiento jurídico peruano.
Palabras clave: Buena fe; Administración Pública; Principio de seguridad
jurídica; Derecho administrativo peruano.
SUMARIO: I. Planteamiento Inicial. II. La Doctrina de los Actos
Propios. A. La regla de los actos propios. B. Efecto y requisitos de la
doctrina de los propios actos. C. Las particularidades de la aplicación de la
doctrina de los propios actos al Derecho Administrativo. D. La aplicación de
la doctrina de los propios actos al ordenamiento jurídico peruano y, en
particular, al derecho administrativo. III. El Principio de Protección de la
Confianza Legítima. A. Importancia del principio protector de la confianza.
B. El principio de protección de la confianza legítima. C. Efectos y
requisitos del principio de protección de la confianza legítima. D. Los
fundamentos del principio de protección de la confianza legítima. E. La
aplicación del principio de protección de la confianza legítima al
derecho administrativo peruano. Conclusión.

Abogado asociado del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. Egresado de la facultad de
Derecho de la Universidad de Piura; obtuvo la máxima calificación de “Sobresaliente” otorgada por el
voto unánime del Jurado Examinador a cargo de la sustentación de su tesis titulada “El Principio de
Protección de la Confianza Legítima en el Derecho Administrativo Peruano” dirigida por el Profesor
Doctor Víctor Sebastián Baca Oneto, que presentó para optar el título de abogado en la Universidad de
Piura.
IIE
42
I.
Estudio Comparativo de los Alcances de la Doctrina de los Actos Propios Frente al
Principio de Protección de la Confianza Legítima
Planteamiento Inicial
El estudio comparativo de los alcances de la doctrina de los actos propios frente
al principio de protección de la confianza legítima, exige, en primer lugar, el desarrollo
de ambas instituciones de un modo sistemático, que permita entender su configuración
jurídica, efectos y requisitos para su aplicación. Dentro de esta dinámica, se ha
preferido, en un primer momento, abordar la doctrina de los propios actos, dejando el
estudio del principio de confianza para la segunda parte de esta investigación.
Realizada esta exposición general, en el último acápite de cada uno de los
apartados se responderá a la pregunta sobre la vigencia o aplicación de ambas
instituciones al ordenamiento jurídico peruano y, en particular, a nuestro derecho
administrativo.
La exposición de los aspectos que se consideran relevantes para esta
investigación se sustenta en la autoridad de la doctrina comparada que se ha ocupado
con mayor detalle de la regla de los propios actos y de la protección de la confianza, en
la jurisprudencia y el derecho positivo pertinentes. Todos estos elementos constituyen
fuentes del derecho de especial valor en la evolución y construcción de las doctrinas que
se analizarán.
II.
La Doctrina de los Actos Propios
A.
La regla de los actos propios
La doctrina de los actos propios se fundamenta en las exigencias del principio
general de la buena fe1. Este principio impone el deber, a las partes de una relación o
situación jurídica, de conducirse con lealtad, rectitud, de mantener un comportamiento
coherente, a fin de proteger la confianza, regularidad y confiabilidad que debe imperar
en el tráfico jurídico 2.
Sobre la base de estas premisas, la doctrina de los actos propios señala que el
ordenamiento jurídico no protege las conductas contradictorias; la buena fe impone a
toda relación o situación jurídica el deber de salvaguardar la confianza que ha generado
en una parte el comportamiento que la otra ha asumido anteriormente3. En otras
palabras, ninguna de las partes puede, legítimamente, desentenderse de la esperanza o
creencia razonable que su comportamiento ha generado en otra persona4.
Adicionalmente, los tratadistas le otorgan el carácter de “regla del derecho” para
explicar su carácter residual; es decir que su empleo debe circunscribirse a los casos
1
BORDA, Alejandro, La teoría de los Actos Propios, segunda edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires,
1993, pp.51-53, 61-62.
2
DÍEZ PICAZO, Luis, Sistema de Derecho Civil, Vol. I, 9 edición, Tecnos, Madrid, 1998, p. 439.
MAIRAL, Héctor A., La Doctrina de los Actos Propios y la Administración Pública, Depalma, Buenos
Aires, 1988, p. 4.
3
MAIRAL, Héctor A., La Doctrina de los Actos Propios y la Administración Pública, Depalma, Buenos
Aires, 1988, p.5.
4
PUIG BRUTAU, José, Estudios de Derecho Comparado, la doctrina de los actos propios, Ariel,
Barcelona, 1951, p.112.
IIE
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Alejandro Arrieta Pongo
donde no existe una provisión legal que resuelva el supuesto analizado de modo
específico 5.
B.
Efecto y requisitos de la doctrina de los propios actos
El efecto de la aplicación de la doctrina de los propios es el rechazo al ejercicio
de la pretensión que está en contradicción con la conducta relevante (o conducta
inicial) 6. Por exigencia de la referida doctrina dicha pretensión debe ser desestimada 7.
La aplicación de este efecto se realizará previa verificación de la concurrencia de
los siguientes requisitos8:
a) Una conducta relevante dentro de una determinada relación o situación jurídica;
b) Un intento de ejercer una pretensión, dentro de esa misma relación o situación
jurídica, en contradicción con la conducta anterior (la conducta relevante o
conducta inicial); e
c) Identidad de partes y unidad de situación o relación jurídica.
A continuación nos referimos con mayor detalle a cada una de estas condiciones:
a) La conducta relevante dentro de una determinada relación o situación
jurídica.
La conducta relevante (o hecho propio) está conformada por un comportamiento
que, dentro de una concreta situación jurídica, adquiere un cierto significado, por tanto,
el hecho propio no se asimila necesariamente a un acto o negocio jurídico 9. Se trata de
actos o hechos que pueden ser asumidos como una toma de posición frente a una
determinada situación jurídica10, capaces de influenciar en la conducta de los demás11.
b) El intento de ejercer la pretensión, dentro de esa misma relación o situación
jurídica, en contradicción con la conducta relevante.
5
COVIELLO, Pedro José Jorge, La protección de la confianza del administrado: derecho argentino y
derecho comparado, Lexis Nexis, Abedelo-Perrot, Buenos Aires, 2004, pp.412-413. MAIRAL, Héctor
A., La Doctrina de los Actos Propios y la Administración Pública, Depalma, Buenos Aires, 1988, p.173.
6
MAIRAL, Héctor A., La Doctrina de los Actos Propios y la Administración Pública, Depalma, Buenos
Aires, 1988, p.8.
7
BORDA, Alejandro, La teoría de los Actos Propios, segunda edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires,
1993, p.74.
8
COVIELLO, Pedro José Jorge, La protección de la confianza del administrado: derecho argentino y
derecho comparado, Lexis Nexis, Abedelo-Perrot, Buenos Aires, 2004, p.412, BORDA, Alejandro, La
teoría de los Actos Propios, Segunda Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993, p. 63, MAIRAL,
Héctor A., La Doctrina de los Actos Propios y la Administración Pública, Depalma, Buenos Aires, 1988,
pp. 6-8.
9
BORDA, Alejandro, La teoría de los Actos Propios, segunda edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires,
1993, p.68.
10
MAIRAL, Héctor A., La Doctrina de los Actos Propios y la Administración Pública, Depalma, Buenos
Aires, 1988, p. 63.
11
PUIG BRUTAU, José, Estudios de Derecho Comparado, la doctrina de los actos propios, ariel,
Barcelona, 1951, p.112.
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Estudio Comparativo de los Alcances de la Doctrina de los Actos Propios Frente al
Principio de Protección de la Confianza Legítima
Este requisito se refiere a la necesidad de una nueva conducta del agente,
destinada a ejercer una pretensión contraria a su comportamiento inicial (o conducta
relevante)12. Esta pretensión podría ser lícita en cualquier otro contexto pero, para el
caso específico, donde se ha generado una situación de confianza, resulta inadmisible 13.
c) Identidad de partes y unidad de situación o relación jurídica.
El requisito de identidad de partes exige que la conducta relevante, y aquella que
se realiza en contradicción con la anterior, sean realizadas por el mismo sujeto de
derecho14 (o sujeto activo), frente a la misma contraparte (o sujeto pasivo) 15 y, además,
en la misma situación o relación jurídica 16.
C.
Las particularidades de la aplicación de la doctrina de los propios actos al
Derecho Administrativo.
Actualmente la doctrina y la jurisprudencia han reconocido unánimemente, salvo
omisión nuestra, la aplicación de la doctrina de los actos propios al derecho
administrativo17. Sin embargo, para este caso específico, la doctrina también señala que
no procede la aplicación de la regla de los actos propios cuando la actuación inicial es
inválida o existe norma que autorice la contradicción18.
Teniendo en cuenta que la invocación de doctrina de los actos propios requiere
en estos casos de una conducta inicial válida (esto es, conforme a ordenamiento
jurídico) y que este supuesto puede ocasionar soluciones injustas en detrimento de los
particulares, la doctrina ha desarrollado las siguientes excepciones donde si procede su
aplicación19:
a) Cuando el acto inicial no se encuentra afectado de un vicio que acarree su nulidad
insalvable.
b) Cuando a pesar de que el acto ha incurrido en una irregularidad, se cumplió con el
propósito de la norma infringida.
12
BORDA, Alejandro, La teoría de los Actos Propios, segunda edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires,
1993, p.74.
13
Ibídem.
14
MAIRAL, Héctor A. Op. Cit. p. 63.
15
BORDA, Alejandro. Op. Cit. p.78.
16
MAIRAL, Héctor A., La Doctrina de los Actos Propios y la Administración Pública, Depalma, Buenos
Aires, 1988, p. 6.
17
Al respecto se puede consultar como ejemplos a GONZALES PEREZ, Jesús, El principio general de la
buena fe en el derecho administrativo, Civitas, Madrid, 2004, p. 215, COVIELLO, Pedro José Jorge, La
protección de la confianza del administrado: derecho argentino y derecho comparado, Lexis Nexis,
Abedelo-Perrot, Buenos Aires, 2004, p.412, MAIRAL, Héctor A., La Doctrina de los Actos Propios y la
Administración Pública, Depalma, Buenos Aires, 1988, pp. 54-55.
18
COVIELLO, Pedro José Jorge, La protección de la confianza del administrado: derecho argentino y
derecho comparado, Lexis Nexis, Abedelo-Perrot, Buenos Aires, 2004, p.412. MAIRAL, Héctor A., La
Doctrina de los Actos Propios y la Administración Pública, Depalma, Buenos Aires, 1988, pp. 54-55.
19
MAIRAL, Héctor A., La Doctrina de los Actos Propios y la Administración Pública, Depalma, Buenos
Aires, 1988, pp. 54-55.
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Alejandro Arrieta Pongo
D.
La aplicación de la doctrina de los propios actos al ordenamiento jurídico
peruano y, en particular, al derecho administrativo.
La base positiva para la recepción de la doctrina de los propios actos en el
Ordenamiento jurídico peruano la constituye el artículo 1362°20 del Código Civil, que
consagra la vigencia del principio general de la buena fe. Así lo ha reconocido la
doctrina peruana21 y numerosa jurisprudencia que también se ha pronunciado en ese
sentido22.
Por otro lado, el principio de la buena fe también goza de vigencia en el derecho
administrativo peruano. La Ley No.27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, reconoce la aplicación de este principio en el numeral 1.8 de su artículo IV 23.
La doctrina también reconoce en esta previsión normativa la incorporación de la buena
fe a las relaciones jurídico administrativas y de todos los alcances que dicho principio
involucra, en especial de la regla que prohíbe ir contra los propios actos24.
En adición a estos argumentos, debe destacarse que la legitimidad de toda
actuación administrativa no solo se mide por su sometimiento a la ley sino por su
conformidad con el ordenamiento jurídico (artículo 8°25 de la Ley No.27444), por su
sometimiento al imperio del Derecho 26. Así lo exige el artículo 38°27 de la Constitución
Política y lo reafirma el mandato contenido en su artículo 45°28. Es indiscutible por
tanto que, en la medida que el principio general de la buena fe forma parte del
20
El artículo 1362° del Código Civil señala que “Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse
según las reglas de la buena fe y común intención de las partes.”
21
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, César Aníbal. La Doctrina de los Actos Propios y su aplicación en la
Legislación Peruana. En: Revista Jurídica del Perú Año LIV. N° 58. setiembre –octubre 2004. pp. 200.
TANTALEÁN ODAR, Reynaldo Mario. La Invocación de la propia torpeza, la buena fe, los actos
propios y la nulidad negocial. En: Revista de Análisis Especializado de Jurisprudencia. Tomo 3.
Setiembre 2008. pp 87. BULLARD GONZÁLES, Alfredo. Los Fantasmas sí existen: La Doctrina de los
Actos Propios. En: IUS ET VERITAS. N° 40, julio del 2010. pp. 54-55. O´NEILL DE LA FUENTE,
Cecilia. “El Cielo de los Conceptos Jurídicos” Versus La Solución de Problemas Prácticos. A propósito
de la Doctrina de los Actos Propios. Themis N° 51. p.47.
22
Como ejemplo pueden consultarse: la CAS No.1322-2006 Puno, del 6 de noviembre de 2006; la CAS
No.150-2004 Arequipa, del 22 de julio de 2005; la CAS No.3104-2006 La Libertad, del 3 de mayo de
2007; la CAS No.2208-2005 Lima, del 16 de julio de 2005.
23
El numeral 1.8 del artículo IV de la Ley No.27444 desarrolla el “Principio de conducta procedimental”
en los términos siguientes “La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o
abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos
procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del
procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la
buena fe procesal.”
24
MORON URBINA, Juan Carlos, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General,
Gaceta Jurídica, Lima, 2009, pp.78-79.
25
El artículo 8° de la Ley No.27444 señala que “Es válido el acto administrativo dictado conforme al
ordenamiento jurídico.”
26
SAINZ MORENO, Fernando, “La buena fe en las relaciones de la administración con los
administrados” en: Revista de Administración Pública, N° 89, p.312.
27
El artículo 38° de la Constitución Política manda que “Todos los peruanos tienen el deber de honrar al
Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el
ordenamiento jurídico de la Nación”.
28
El artículo 45° de la Constitución Política prescribe que “el poder del Estado emana del pueblo.
Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes
establecen”.
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Estudio Comparativo de los Alcances de la Doctrina de los Actos Propios Frente al
Principio de Protección de la Confianza Legítima
Ordenamiento jurídico peruano, el ejercicio del poder público y, en particular, el de
potestades administrativas, no puede desconocer sus exigencias e implicancias.
Nadie podría sostener que en el ámbito de nuestro derecho administrativo, al
Estado le es lícito actuar de modo desleal, defraudando expectativas que su actuación ha
podido generar en su contraparte y, finalmente, generando inseguridad en el tráfico
jurídico29.
III.
El Principio de Protección de la Confianza Legítima
A.
Importancia del principio protector de la confianza.
Se ha indicado anteriormente que la regla de los propios actos no puede ser
invocada ante la administración pública cuando la actuación estatal relevante es inválida
(salvo las excepciones citadas). Sin embargo, no es difícil imaginar que esta restricción
puede resultar injusta en situaciones donde los privados han podido confiar en una
actuación administrativa cuya invalidez desconocían o no pudieron evitar. Precisamente
para la salvaguarda de este otro grupo de situaciones la doctrina y jurisprudencia
comparada ha desarrollado la figura del principio de protección de la confianza
legítima30.
B.
El principio de protección de la confianza legítima.
Como su nombre lo precisa, el principio protector de la confianza es un principio
del derecho administrativo que atribuye responsabilidad al poder público cuando
mediante su actuación (que puede ser válida y legítima), desconoce la confianza que los
ciudadanos depositan en la estabilidad de determinado acto administrativo o, de manera
general, en su actuación; generándoles graves perjuicios que aquéllos no tienen el deber
jurídico de soportar31.
Cuando los administrados confían de manera legítima en la estabilidad o
durabilidad de una situación o relación jurídica generada por la actuación de las
entidades de la administración pública, y apoyándose en ella configuran su esfera de
actuación y situación patrimonial, el principio de confianza le impide a la
administración pública defraudar la confianza que previamente ha creado o alentado32.
29
BORDA, Alejandro, La teoría de los Actos Propios, segunda edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires,
1993, pp.136-137. GONZALES PEREZ, Jesús, El principio general de la buena fe en el derecho
administrativo, Civitas, Madrid, 2004, pp.46-48.
30
SANZ RUBIALES, Iñigo, “Confianza legítima y poder legislativo” en: Revista de Derecho de la
Universidad de Piura, 2001-II, Piura, p.94.
31
ALONSO GARCÍA, María Consuelo, La responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, Marcial
Pons, Madrid, 1999, p. 109.
32
Explicando brevemente la lógica del principio de confianza SANZ RUBIALES ha expresado que “la
protección de la confianza se apoya en un mecanismo complejo, (…): deriva de un determinado
comportamiento del Estado a lo largo de un período de tiempo. Y este comportamiento consta, al menos,
de dos fases: una primera, generadora de confianza en los particulares: una regulación legal, una
actuación administrativa (fomento, planes), incluso una decisión judicial; y una segunda, (…) que quiebra
la confianza alentada previamente por el Estado”. SANZ RUBIALES, Iñigo, “Confianza legítima y poder
legislativo” en: Revista de Derecho de la Universidad de Piura, 2001-II, Piura, p.119.
IIE
47
Alejandro Arrieta Pongo
C.
Efectos y requisitos del principio de protección de la confianza legítima.
Para la doctrina, la doctrina de la confianza actúa como un límite al ejercicio de
las facultades de revisión de los actos administrativos; impidiéndole a la administración
pública controlar actos dictados o actuaciones anteriores, sobre los cuales los privados
han depositado legítimamente su confianza 33. Incluso, con sólidos fundamentos se ha
sostenido que podría retirarse el acto administrativo más no sus efectos, que si bien no
encontrarían cobertura jurídica en éste (porque se podría encontrar afectado de vicios
insubsanables; nótese la diferencia con la regla de los propios actos), si la encontrarían
en otras exigencias del ordenamiento jurídico como la buena fe, la seguridad jurídica y
la protección de la confianza 34.
El efecto del principio de confianza vendría a ser el mantenimiento del acto que
la ha generado (o de sus efectos) y, consecuentemente, la exclusión del ejercicio de las
facultades de revisión (respecto de aquél acto, o de sus efectos)35. En el derecho
comparado también se ha planteado la posibilidad de proteger la confianza mediante el
reconocimiento de una indemnización a favor del particular afectado; pero en estos
casos debe tenerse en cuenta que cuando la compensación económica no pueda
compensar de modo suficiente los daños sufridos por el particular, la justicia del caso
concreto exigirá que la confianza solo pueda ser protegida mediante el mantenimiento
del acto administrativo (aun cuando sea ilegal) 36, o de sus efectos37.
Para la aplicación del principio de confianza la doctrina exige el cumplimiento
de los siguientes requisitos:
a) Que exista una determinada acción estatal generadora de la confianza que se
pretende proteger38.
b) Que el particular haya manifestado su confianza sobre aquella actuación de los
poderes públicos mediante signos externos concretos y constatables
(realizando gastos o inversiones, por ejemplo) 39.
33
GARCÍA MACHO, Ricardo, “”Contenido y límites del principio de la confianza legítima: estudio
sistemático en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia”, en: Civitas Revista Española de Derecho
Administrativo, N° 56, Madrid, 1987, p.532. SCHNEIDER, Jens-Peter, “Seguridad jurídica y protección
de la confianza en el Derecho constitucional y administrativo alemán”, en: Documentación
Administrativa, N°s 263-264. p.269.
34
BACA ONETO, Víctor Sebastián, La invalidez de los contratos públicos, Civitas, Navarra, pp.41, 339341.
35
GARCÍA LUENGO, Javier, El principio de protección de la confianza legítima en el Derecho
Administrativo, Civitas, Madrid, 2002, pp.430 y 433.
36
BACA ONETO, Víctor Sebastián, La invalidez de los contratos públicos, Civitas, Navarra, pp.41, 339341.
37
Ibídem.
38
CASTILLO BLANCO, Federico, La protección de la confianza en el derecho administrativo, Marcial
Pons, 1998, p.310, SANZ RUBIALES, Iñigo, “Confianza legítima y poder legislativo” en: Revista de
Derecho de la Universidad de Piura, 2001-II, Piura, p.118. ALONSO GARCÍA, María Consuelo, La
responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 110.
39
SCHNEIDER, Jens-Peter, “Seguridad jurídica y protección de la confianza en el Derecho
constitucional y administrativo alemán”, en: Documentación Administrativa, N°s 263-264. p.255. Marín
Riaño, Fernando, “la recepción del principio de protección de la confianza legítima en la jurisprudencia
del Tribunal Supremo”, en: La Ley, N° 2, 1989, p.606.
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Estudio Comparativo de los Alcances de la Doctrina de los Actos Propios Frente al
Principio de Protección de la Confianza Legítima
c) Que la confianza creada (que será objeto de protección) sea legítima, esto es,
conforme con el ordenamiento jurídico40.
d) Que exista una actuación estatal posterior que rompe con la confianza
previamente creada o incluso alentada41.
D.
Los fundamentos del principio de protección de la confianza legítima.
Los tratadistas y la jurisprudencia que se han ocupado del principio de confianza
suelen encontrar su fundamento en el principio general de la buena fe42 o el principio
constitucional de seguridad jurídica 43. En el primero, el principio de confianza se
fundamenta bajo las mismas consideraciones que sustentan el desarrollo de la doctrina
de los actos propios44, desarrolladas en la primera parte de este trabajo.
Respecto de la construcción del principio de confianza sobre la base de la
seguridad jurídica, la doctrina y jurisprudencia parten distinguiendo las dos vertientes
que componen este principio constitucional: la objetiva y la subjetiva 45. La primera se
erige frente al Estado como un parámetro de actuación, imponiéndole a éste el deber de
actuar de modo ordenado, coherente y previsible; y, por tanto, de abstenerse de llevar a
cabo actuación sorpresivas, contradictorias o arbitrarias 46.
40
GARCÍA MACHO, Ricardo, “”Contenido y límites del principio de la confianza legítima: estudio
sistemático en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia”, en: Civitas Revista Española de Derecho
Administrativo, N° 56, Madrid, 1987, p.571. SCHNEIDER, Jens-Peter, “Seguridad jurídica y protección
de la confianza en el Derecho constitucional y administrativo alemán”, en: Documentación
Administrativa, N°s 263-264. pp.270-271. GARCÍA LUENGO, Javier, El principio de protección de la
confianza legítima en el Derecho Administrativo, Civitas, Madrid, 2002, pp.50 y 64.
41
SANZ RUBIALES, Iñigo, “Confianza legítima y poder legislativo” en: Revista de Derecho de la
Universidad de Piura, 2001-II, Piura, p.119. GARCÍA MACHO, Ricardo, “”Contenido y límites del
principio de la confianza legítima: estudio sistemático en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia”, en:
Civitas Revista Española de Derecho Administrativo, N° 56, Madrid, 1987, p.560.
42
ARIÑO ORTIZ, Gaspar y VELASCO CABALLERO, Francisco, “La responsabilidad patrimonial del
Estado Legislador.: El caso de la futura Ley del sector eléctrico”, en: MARTINEZ LOPEZ-MUÑIZ, José
Luis y Calonge VELÁZQUEZ, Antonio (Coordinadores), La Responsabilidad Patrimonial de los
Poderes Públicos, III Coloquio Hispano-Luso de Derecho Administrativo Valladolid, 16-18 de octubre de
1997, Marcial Pons, Madrid, 1999, p.105. SAINZ MORENO, Fernando, “La buena fe en las relaciones de
la administración con los administrados” en: Revista de Administración Pública, N° 89, p.312, GARCÍA
LUENGO, Javier, El principio de protección de la confianza legítima en el Derecho Administrativo,
Civitas, Madrid, 2002, pp.36-37, GONZALES PEREZ, Jesús, El principio general de la buena fe en el
derecho administrativo, Civitas, Madrid, 2004, p.67.
43
CASTILLO BLANCO, Federico, La protección de la confianza en el derecho administrativo, Marcial
Pons, 1998, pp.97 y ss., GARCÍA LUENGO, Javier, El principio de protección de la confianza legítima
en el Derecho Administrativo, Civitas, Madrid, 2002, pp.183-202, SANZ RUBIALES, Iñigo, “Confianza
legítima y poder legislativo” en: Revista de Derecho de la Universidad de Piura, 2001-II, Piura, p.96.
GARCÍA MACHO, Ricardo, “”Contenido y límites del principio de la confianza legítima: estudio
sistemático en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia”, en: Civitas Revista Española de Derecho
Administrativo, N° 56, Madrid, 1987, pp.559 y 562.
44
SANZ RUBIALES, Iñigo, “Confianza legítima y poder legislativo” en: Revista de Derecho de la
Universidad de Piura, 2001-II, Piura, p.96.
45
PEREZ LUÑO, Antonio-Enrique, La seguridad Jurídica, Ariel, segunda edición, Barcelona, 1994,
pp.29-30. SANZ RUBIALES, Iñigo, “Confianza legítima y poder legislativo” en: Revista de Derecho de
la Universidad de Piura, 2001-II, Piura, p.96.
46
PEREZ LUÑO, Antonio-Enrique, La seguridad Jurídica, Ariel, segunda edición, Barcelona, 1994,
pp.29-30
IIE
49
Alejandro Arrieta Pongo
Por medio de su vertiente subjetiva, y en concordancia con su vertiente objetiva,
la seguridad jurídica garantiza al privado una expectativa de previsibilidad sobre la
actuación del poder público 47. Los particulares al constatar que el Estado actúa por
cauces de regularidad y en observancia de las exigencias que emanan del Imperio del
Derecho, depositan su confianza sobre dicha actuación y, apoyándose en esa garantía,
organizan su conducta presente y proyectan su acción futura48. Así entendida, esta
vertiente asume un rol garantista de la confianza que los particulares depositan en el
actuar estatal49. El principio de confianza se fundamente precisamente en esta vertiente
del principio de seguridad jurídica 50.
E.
La aplicación del principio de protección de la confianza legítima al derecho
administrativo peruano.
La aplicación del principio de protección de la confianza legítima al Derecho
administrativo peruano tiene como presupuesto que en nuestro Ordenamiento se
reconozcan los dos principios que le sirven de fundamento (o, cuando menos, uno).
Pudimos ver en el caso de la buena fe, que este reconocimiento es indiscutible para el
caso del ordenamiento jurídico en general y, en particular, para nuestro derecho
administrativo.
Incluso, debemos precisar que la jurisprudencia de nuestro Tribunal
Constitucional, no es ajena a la protección de situaciones de confianza nacidas al
amparo de la buena fe. Así en la sentencia recaída en el Expediente No.001-2001-CCTC, el Colegiado tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto frente a dos
pretensiones que le fueron planteadas; la primera, relativa a la nulidad de un acuerdo de
consejo que aprobó la demarcación territorial de un distrito (sin contar con
competencias) y, la segunda, consistente en la nulidad de todos los actos administrativos
dictados con sustento en dicho acuerdo. El Tribunal acogió el primer pedido, mas no el
segundo. El argumento utilizado fue que no es posible declarar la nulidad de cada uno
de dichos actos en la medida que esa declaración podría afectar legítimos derechos de
terceros generados al amparo del “principio de buena fe” 51.
Con relación al principio de seguridad jurídica debe destacarse que, a pesar de su
incuestionable vigencia en la Constitución Política y en todo nuestro Ordenamiento, el
Supremo Intérprete de la Constitución y las leyes ha preferido reconocer expresamente
su rango constitucional y principales alcances en un pronunciamiento recaído sobre el
Exp. N° 0016-2002-AI-TC, en los términos siguientes:
“El principio de la seguridad jurídica forma parte consubstancial del Estado
Constitucional de Derecho. La posibilidad de predecir las conductas (en especial, las de
47
CARLO MODICA, María Immordino, “El principio de seguridad jurídica en el Ordenamiento
italiano”, en: Documentación Administrativa, N°s 263-264, 2002, p.283.
48
PEREZ LUÑO, Antonio-Enrique, La seguridad Jurídica, Ariel, segunda edición, Barcelona, 1994,
p.30. SANZ RUBIALES, Iñigo, “Confianza legítima y poder legislativo” en: Revista de Derecho de la
Universidad de Piura, 2001-II, Piura, p.96.
49
PEREZ LUÑO, Antonio-Enrique, La seguridad Jurídica, Ariel, segunda edición, Barcelona, 1994,
pp.184-187.
50
SANZ RUBIALES, Iñigo, Op. Cit. p.96.
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Fundamento Jurídico N° 8.
IIE
50
Estudio Comparativo de los Alcances de la Doctrina de los Actos Propios Frente al
Principio de Protección de la Confianza Legítima
los poderes públicos) frente a los supuestos previamente determinados por el Derecho,
es la garantía que informa a todo el Ordenamiento jurídico y que consolida la
interdicción de la arbitrariedad. Tal como estableciera el Tribunal Constitucional
español, la seguridad jurídica supone „la expectativa razonablemente fundada del
ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del Derecho‟ (STCE
36/1991, FJ 5). El principio in comento no sólo supone la absoluta pasividad de los
poderes públicos, en tanto no se presenten los supuestos legales que les permitan incidir
en la realidad jurídica de los ciudadanos, sino que exige de ellos la inmediata
intervención ante las ilegales perturbaciones de las situaciones jurídicas, mediante la
„predecible‟ reacción, sea para garantizar la permanencia del statu quo, porque así el
Derecho lo tenía preestablecido, o, en su caso, para dar lugar a las debidas
modificaciones, si tal fue el sentido de la previsión legal” 52.
“Así pues, como se ha dicho, la seguridad jurídica es un principio que transita
todo el ordenamiento, incluyendo, desde luego, a la Norma Fundamental que lo preside.
Su reconocimiento es implícito en nuestra Constitución, aunque se concretiza con
meridiana claridad a través de distintas disposiciones constitucionales, algunas de orden
general, (…), y otras de alcances más específicos, (…)”53.
Como se puede observar el principio de seguridad jurídica alberga diversas
garantías, dentro de las cuales ocupa un especial lugar para el ciudadano la protección
de su confianza legítima depositada sobre la actuación de los poderes públicos (que
puede ser administrativa, judicial o legislativa). El palabras del Colegiado, el Estado
peruano garantiza la predecible actuación de los poderes públicos y la interdicción de la
arbitrariedad; y se trata de una garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico. La
ruptura de la confianza en estos ámbitos a través de una nueva actuación estatal
imprevisible, sorpresiva e incoherente con la conducta que se venía sosteniendo, genera
la necesidad de que el Estado reaccione para eliminar aquella perturbación lesiva del
statu quo creado.
De este modo queda plenamente demostrado que en el derecho peruano la
doctrina de la confianza legítima tiene plena vigencia y aplicación, por exigencia de los
principios buena fe y seguridad jurídica. La configuración de ambos confirma la
aplicación de la doctrina de la confianza al derecho administrativo peruano y, por tanto,
a las relaciones y situaciones jurídicas que se encuentran dentro de su ámbito de
aplicación.
Conclusión
El análisis desarrollado en cada uno de los apartados de la presente investigación
responde afirmativamente a la pregunta sobre la vigencia de la doctrina de los propios
actos y del principio de confianza en nuestro Ordenamiento jurídico y, en particular, a
su aplicación al derecho administrativo. Como consecuencia de los fundamentos que se
desarrollan a partir de las exigencias del principio de buena fe y seguridad jurídica, la
administración pública peruana se encuentra obligada a respetar las exigencias de cada
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Fundamento Jurídico N° 3. (Subrayado agregado).
Fundamento Jurídico N° 4.
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Alejandro Arrieta Pongo
una de dichas doctrinas. No existe argumento jurídico válido para excluir a las
relaciones jurídicas regidas por el derecho administrativo del deber del Estado de actuar
de modo coherente, ordenado y previsible; conforme a las reglas de la buena fe y
exigencias del principio constitucional de seguridad jurídica.
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La séptima edición de la Revista Ita Ius Esto se realizó gracias al auspicio de:
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