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CASO ROSA LUNA

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CASO ROSA LUNA
EQUIPO 219
CASO ROSA LUNA
VS.
REPÚBLICA DE AZAR
MEMORIAL EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO
EQUIPO 219
ÍNDICE
BIBLIOGRAFÍA………..……………………………:….…………………………...iv
i.
Libros y otras Fuentes Doctrinarias ………………………………......iv
ii.
Instrumentos Internacionales ………………………………………....iv
iii.
Casos Contenciosos y Opiniones ……..………………………………..v
a. Corte Interamericana de Derechos Humanos ………………….......v
b. Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia ………...vi
iv.
Opiniones Consultivas de la Corte IDH ……...…………………….…vi
v.
Informes …………………………...…………………………………..vi
a. Comisión Interamericana de Derechos Humanos …………………..vi
b. Comisión Europea de Derechos Humanos ………………………....vi
I. APERSONAMIENTO ……………………………………………………….……..1
II. EXPOSICIÓN DE HECHOS……………………………………………….……...2
III. ANÁLISIS LEGAL DEL CASO……………………………………..…….……..6
A. Admisibilidad ……………………………………………………………....6
B. Competencia ………………………………………………..………………8
C. Cuestiones de Fondo………………………………………………………..9
C.1
EL ESTADO NO HA VIOLADO EL ARTÍCULO 5 DE LA
CONVENCIÓN, REFERENTE AL DERECHO A LA INTEGRIDAD
PERSONAL, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 3 Y 6 DE
LA
CONVENCIÓN
CONTRA
LA
ii
EQUIPO 219
TORTURA…………………………………………………………………..9
C.2 EL ESTADO DE AZAR NO HA VIOLADO EL ARTÍCULO 7 DE LA
CONVENCIÓN, REFERENTE AL DERECHO A LA LIBERTAD
PERSONAL………………………………………………………………..15
C.3 EL ESTADO NO HA VIOLADO LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA
CONVENCIÓN, REFERENTES A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y
LA
PROTECCIÓN
JUDICIAL,
RESPECTIVAMENTE…………………………….……………………...18
C.4 EL ESTADO DE AZAR NO HA VIOLADO LOS ARTÍCULOS 1.1
Y 2 DE LA CONVENCIÓN, REFERENTES A LA OBLIGACIÓN DE
RESPETAR LOS DERECHOS Y AL DEBER DE ADOPTAR
DISPOSICIONES
DE
DERECHO
INTERNO,
RESPECTIVAMENTE…………………………......................................20
C.5 EL ESTADO DE AZAR NO HA VIOLADO LOS ARTÍCULOS 2, 3
Y
7
DE
LA
CONVENCIÓN
BELÉM
DO
PARÁ………………………………………………………………….…22
IV. PETITORIO………………………………………………………….23
iii
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BIBLIOGRAFÍA
i.
Libros y otras Fuentes Doctrinarias
- PÉREZ MARÍN, María Ángeles. El Desistimiento en el Proceso Civil, Editorial
J. M. Bosch Editor, Barcelona, 2002 (citado en la p. 12 del Memorial).
- SHELLY, Louise. El Financiamiento del Terrorismo”. Revista de Análisis
Jurídico VRBE et IVS, año I, no. 4, otoño 2005, p. 3 (citado en la p. 20 del
Memorial).
ii.
Instrumentos Internacionales:
-
Convención Americana sobre Derechos Humanos (citada en las pp. 6, 8, 10,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 y 21 del Memorial).
-
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (citada en la
p. 31 del Memorial).
-
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (citada en la p. 22 del Memorial).
-
Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
-
Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
-
Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
-
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
-
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (citado en la p. 20 del
Memorial).
-
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (citado en la p.14 del
Memorial).
iv
EQUIPO 219
iii.
Casos Contenciosos:
a. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH):
- Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de
1988. Serie C No. 4 (citado en las pp. 8 y 10 del Memorial).
- Caso Gangaram Panday vs. Suriname. Excepciones Preliminares.
Sentencia de 4 de diciembre de 1991, Serie C No. 16 (citado en la p. 7 del
Memorial).
- Caso Gangaram Panday vs. Suriname. Sentencia de 21 de enero de 1994.
Serie C No. 16 (citado en la p. 15 del Memorial).
- Caso Castillo Páez vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 30
de enero de 1996. Serie C No. 24 (citado en la p. 7 del Memorial).
- Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala.
Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37 (citado en la p. 13 del
Memorial).
- Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Reparaciones (art. 63.1
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de
agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 69 (citado en la p. 9 del Memorial).
- Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Sentencia de 7 de junio de
2003. Serie C No. 99 (citado en la p. 16 del Memorial).
- Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Sentencia de 8 de
julio de 2004. Serie C No. 110 (citado en la p. 11 del Memorial).
- Caso Tibi vs. Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C
No. 114 (citado en la p. 18 del Memorial).
v
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b. Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia:
- Caso Fiscal vs. Tadic. Sentencia de 7 de mayo de 1997 (citado en la p. 10
del Memorial).
iv. Opiniones Consultivas de la Corte IDH
- El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (Art. 27.2, 25.1 y 7.6
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87
del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8 (citado en la p. 20 del Memorial).
v. Informes
a. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
- Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile 1985.
OEA/Ser.L/V/II.77.rev.1. Doc. 18 (citado en la p. 11 del Memorial).
b. Comisión Europea de Derechos Humanos
- Caso García vs. Suiza. Decisión de 14 marzo de 1985, solicitud no.
10148/82, Decisiones e Informes, vol. 42 (citado en la p. 8 del Memorial).
vi
EQUIPO 219
I.
APERSONAMIENTO
El Estado de Azar (en adelante, el Estado, la República o Azar) somete a la consideración
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte o Corte Interamericana)
el presente memorial, con el objeto de demostrar, mediante el empleo de argumentos válidos, la
no violación de los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 25, 1.1 y 2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante Convención), los artículos 3 y 6 de la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante Convención contra
la Tortura), y los artículos 2, 3 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante Convención Belém do Pará), demandados por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión).
1
EQUIPO 219
II.
EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS
1.
Azar adoptó el sistema democrático de gobierno en 1993. Gracias a este cambio, y a
través de la reformas a la Constitución, se otorgó rango constitucional a los acuerdos y tratados
internacionales de Derechos Humanos. Luego, Azar fue admitido como miembro de la OEA y de
la ONU.
2.
En 1995, Azar ratifica la Convención, la Convención contra la Tortura, y la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas.
Ese mismo año, acepta la jurisdicción de la Corte. En 1996, ratifica la Convención Belém do
Pará y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En 1997, ratificó
la Convención Interamericana contra la Corrupción.
3.
Desde hace más de 110 años, Azar obtiene su independencia, lo cual conlleva a que la
Región Norte, centro económico e industrial de la República, con una marcada diferencia sociocultural con el resto de las regiones de ésta, busque su autonomía e independencia.
4.
Para lograr estos objetivos, los habitantes se organizan y conforman agrupaciones, las
cuales actúan tanto dentro como fuera del país. Entre estas agrupaciones se destaca el Grupo
UNO, fundado por Raúl Luna en 1950, que adoptó en el año 2003 la acción directa como método
de intervención en todo el territorio de Azar, incluyendo el uso de la violencia armada.
5.
La Agencia de Inteligencia del Estado estima que el Grupo UNO ha participado en: a)
cinco (5) asesinatos de miembros de las fuerzas de seguridad; b) dos (2) asaltos a bancos; c) diez
(10) robos a almacenes militares y policiales; y d) treinta y cinco (35) secuestros. La Agencia de
Seguridad del Estado divulgó información que vincula al Grupo UNO con la Universidad
Católica de Azar.
2
EQUIPO 219
6.
A través de la confesión de Josué Guevara, miembro de Grupo UNO y estudiante de la
Universidad Católica de Azar, el cual fue detenido por su participación en la tentativa de robo
del Almacen Militar de Nueva Armenia, se lograr implicar a Rosa Luna, sobrina de Raúl Luna
(miembro fundador de Grupo UNO), como una de las personas involucradas en el Grupo UNO.
7.
El Estado procedió a la detención de Rosa Luna, para lo cual se emitió la respectiva orden
de arresto. Se le informa, durante el procedimiento, los motivos en que se basa su aprehensión y
los derechos que le asisten. Se le imputaron los delitos de: a) Terrorismo, en calidad de coautora, por el apoyo financiero a “Fundación por los Pobres”, la cual canalizaba ilegalmente
dinero para el Grupo UNO; y b) Tentativa de Robo, en calidad de cómplice primaria o
instigadora, en contra del Almacén Militar de Nueva Armenia. Luego es trasladada al Centro
Femenino de Detención, adjunto a la Cárcel de Máxima Seguridad de Azar.
8.
Desde su llegada al Centro Femenino de Detención, Rosa Luna pudo comunicarse con su
abogada María Chumbipa y su compañero Juan Sol. Cabe destacar que Rosa Luna siempre se
mantuvo en contacto con su abogada durante su estancia en el Centro Femenino de Detención.
9.
Rosa Luna fue atendida por un médico, el cual elaboró su respectiva ficha médica, en la
cual se plasma su estado de salud al momento de ingresar al centro de detención. Además es
entrevistada por Luciano Duche, psicólogo y colega suyo en la Universidad Católica de Azar,
para establecer el su estado anímico y sus temores en relación a la detención. También se le
proporciona toallas sanitarias y ropa limpia.
10.
El interrogatorio practicado a Rosa Luna contó con la participación del Sargento Jorge
Fortunato (condujo principalmente el interrogatorio), Coronel Lino Lona, Coronel José Jundia y
el Dr. Líbero Carnelutti (médico psiquiatra encargado de orientar cada etapa de la interpelación y
3
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constatar la reacción de Rosa Luna). Durante los interrogatorios, a Rosa Luna se le brindó
alimentos y se le permitió la utilización de sanitarios.
11.
La abogada de Rosa Luna solicita su excarcelación ante el Juzgado de Turno, pero el Juez
la niega con fundamento en que el Código Procesal Penal de Azar prohíbe otorgar dicha medida
a los autores o partícipes de delitos de terrorismo por la posibilidad de colusión con otros
presuntos miembros de la organización criminal.
12.
Aproximadamente un (1) mes y medio después de su apresamiento, Rosa Luna fue
sobreseída en forma definitiva, por falta de pruebas suficientes en su contra, y puesta
inmediatamente en libertad.
13.
Diez (10) meses después, la Fiscalía de Azar acoge una denuncia penal por los delitos de
tormentos y/o de lesiones interpuesta por Rosa Luna, apoyada por su abogada y su compañero,
en contra del Sargento Fortunato, los Coroneles José Jundía y Lino Lona, el psicólogo Luciano
Duche, el médico psiquiatra Líbero Carnellutti, el Ministro del Interior, la Ministra de Defensa,
el Ministro de Justicia y su asesor honorario, el Dr. Gabriel Guerra.
14.
Una vez concluida la investigación por parte de la Fiscalía, ésta procede a realizar la
respectiva acusación contra los responsables de los delitos de tormentos.
15.
Dos (2) años después de interpuesta la denuncia, la jueza de primera instancia, la Dra.
Gelman, dictó sentencia en el caso y condenó al Sargento Fortunato a prisión por 4 años por
considerarlo autor del delito de tormentos.
16.
La Fiscalía procedió a interponer recurso de apelación en contra de la sentencia dictada y
se logra confirmar la condena a Fortunato, además de la condena a prisión de los Coroneles
Jundia y Lona. Esta decisión quedó firme tres (3) meses y medio después del fallo de primera
instancia.
4
EQUIPO 219
17.
Poco menos de 3 meses después, Rosa Luna presentó una denuncia contra el Estado ante
la Comisión. Cumplidos los trámites pertinentes, la Comisión decide demandar al Estado ante la
Corte.
5
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III.
ANÁLISIS LEGAL DEL CASO
A.
ADMISIBILIDAD
18.
Para que el presente caso tuviese acogida dentro del Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos, a través de sus organismos, la Comisión y la Corte (en ese
orden), la admisibilidad del mismo debe ventilarse en función del cumplimiento de los requisitos
contenidos en el artículo 46 de la Convención, desarrollado por los artículos 31, 32 y 33 del
Reglamento de la Comisión.
19.
En base a las disposiciones anteriores, se observa que: primero, se ha debido agotar todos
los recursos internos de la República de Azar; segundo, se ha debido presentar la petición en el
término correspondiente ante la Comisión dentro de un plazo de seis meses desde que la Sra.
Rosa Luna entro en conocimiento de la decisión definitiva; tercero, se debe verificar que el caso
no está pendiente de otro procedimiento internacional y cuarto, se debe constatar que la petición
cumple con todas las formalidades para que proceda efectivamente. 1
20.
En virtud de lo enunciado anteriormente, el Estado considera que lo procedente hubiera
sido no admitir la petición de la Sra. Rosa Luna, ya que la Convención señala que es necesario
“que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los
principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos.” 2
21.
Aunado a lo anterior, deseamos referirnos a los criterios que esta Ilustre Corte viene
usando respecto al agotamiento de la jurisdicción interna. Tenemos, “en primer lugar, que la
invocación de esa regla puede ser renunciada en forma expresa o tácita por el Estado demandado,
lo que ya ha sido reconocido por la Corte en anterior oportunidad... En segundo término, que la
excepción de no agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en las
1
2
Cfr. Arts. 46.1 y 48 de la Convención.
Ibíd., Art. 46.1.
6
EQUIPO 219
primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual se presume la renuncia tácita a valerse de la
misma por parte del Estado interesado. En tercer lugar, que el Estado que alega el no
agotamiento tiene a su cargo el señalamiento de los recursos internos que deben agotarse y la
prueba de su efectividad.” 3
22.
Azar reconoce que, al no haber presentado la excepción preliminar de no agotamiento de
los recursos internos en la etapa de admisibilidad ante la Comisión, tácitamente renunciamos a
este derecho. 4 Sin embargo el Estado desea dejar constancia de la buena fe de dicha omisión, la
cual ha permitido el acceso de la peticionaria a la jurisdicción internacional. De esta manera,
Azar demuestra su apego a la obligación de respeto a los tratados (principio pacta sunt
servanda).
23.
No obstante lo anterior, el Estado deplora que la peticionaria no le haya brindado la
oportunidad de solucionar este conflicto dentro de nuestra jurisdicción. Decimos esto puesto que
la Sra. Rosa Luna debió presentar sus pretensiones en la vía civil, para exigir una
indemnización; o en la vía administrativa, si lo que buscaba era la nulidad de una actuación de la
administración; o incluso en la vía constitucional, si lo que se pretendía era una declaratoria de
inconstitucionalidad.
24.
En tal sentido el Estado desea recalcar que ha dejado la vía abierta para que la
peticionaria acceda libremente a las jurisdicciones antes enunciadas, ya que el Estado en
ningún momento le ha impedido acudir a sus tribunales internos. De hecho, como hemos
expuesto en los hechos del caso y es conocido por la Corte, la peticionaria acudió a la vía
penal exitosamente y sin restricciones por parte del Estado.
3
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CORTE IDH). Caso Castillo Páez vs. Perú.
Excepciones Preliminares. Sentencia de 30 de enero de 1996. Serie C No. 24, párr. 40.
4
Cfr. CORTE IDH. Caso Gangaram Panday vs. Suriname. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de diciembre
de 1991, Serie C No. 16, párr. 40.
7
EQUIPO 219
25.
El Estado no alberga duda alguna sobre la imparcialidad de los tribunales de Azar. Sin
embargo, en caso tal que la peticionaria tuviese tales dudas, deseamos acotar que la Corte
Europea de Derechos Humanos ha señalado que “si hay duda sobre la efectividad de un recurso
interno, el punto debe ser llevado ante los tribunales internos.” 5
26.
Con respecto a este tema, ha concluido la Corte que la parte peticionaria debe primero
darle oportunidad al Estado de “resolver el problema según su derecho interno antes de verse
enfrentado a un proceso internacional.” 6
27.
En cuanto al tema de la indemnización, quiere el Estado resaltar que a la peticionaria no
se le asignó una cuantía con este propósito, ya que en este aspecto no puede el Estado actuar de
oficio. Como hemos expuesto anteriormente a la Ilustre Corte, al no ejercer su derecho ante la
jurisdicción de Azar, la peticionaria imposibilita al Estado a resarcirla pecuniariamente. Entre los
derechos civiles consagrados en un Estado de Derecho, como lo es Azar, está contemplado que
la rama del Órgano Judicial que es competente para conocer de estas pretensiones es la civil, a la
cual la peticionaria nunca acudió.
B.
COMPETENCIA
28.
El Estado de Azar reconoce plenamente la competencia de la Ilustrísima Corte desde el
año 1995, y en concordancia con los artículos 61 y 62 de la Convención.
29.
Reconocemos la competencia de la Corte: a) ratione personae, debido a que, a través del
artículo 44 de la Convención, se faculta a los peticionarios a presentar sus denuncias o quejas
ante la Comisión; b) ratione loci, en razón que los sucesos ocurrieron dentro de su territorio, y a
que el mismo es un Estado Parte de la Convención desde el año 1995; c) ratione temporis, en
5
COMISIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS. Caso García vs. Suiza. Decisión de 14 marzo de 1985,
solicitud no. 10148/82, Decisiones e Informes, vol. 42, p. 98. Cit. en CORTE EUROPEA DE DERECHOS
HUMANOS. In re Akdivar et al. vs. Turquía. Excepciones Preliminares. Sentencia de 16 de septiembre de 1996.
Voto Disidente del Juez Gölcüklü, solicitud no. 21893/93, párr. 9. Traducción libre.
6
CORTE IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párr. 61.
8
EQUIPO 219
razón que la Convención se encontraba en vigor para Azar al momento de los hechos acaecidos y
por consiguiente estamos en la obligación de respetar los derechos contenidos en la misma; y d)
ratione materiae, ya que en la petición se denuncian las supuestas violaciones de Derechos
Humanos protegidos por la Convención y demás instrumentos internacionales de Derechos
Humanos conexos.
C.
CUESTIONES DE FONDO
C.1.
EL ESTADO NO HA VIOLADO EL ARTÍCULO 5 DE LA CONVENCIÓN,
REFERENTE
AL
DERECHO
A
LA
INTEGRIDAD
PERSONAL,
EN
CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 3 Y 6 DE LA CONVENCIÓN
CONTRA LA TORTURA.
30.
El derecho a la integridad personal, el cual está consagrado en el artículo 5 de la
Convención, es uno de los cimientos de ésta. Es a través del mismo que se ampara a toda persona
a la cual no se le ha resguardado su integridad, ya sea física, psíquica o moral, en toda su
amplitud.
31.
Es incuestionable que nadie debe ser sometido a torturas, penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. Si bien es cierto que no se puede controlar las acciones de cada
individuo dentro de un Estado, se puede sancionar al (a los) sujeto(s) que realicen acciones u
omisiones que atenten contra la integridad personal del resto de los miembros de la
colectividad. 7
32.
Reconoce el Estado que, "en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del
Estado o de una institución de carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos, se
está ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en ese artículo [2 de la
7
Cfr. CORTE IDH. Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 69
9
EQUIPO 219
Convención]. Esa conclusión es independiente de que el órgano o funcionario haya actuado en
contravención de disposiciones de derecho interno o desbordado los límites de su propia
competencia, puesto que es un principio de Derecho Internacional que el Estado responde por los
actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los
mismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno.
El mencionado principio se adecúa perfectamente a la naturaleza de la Convención, que se viola
en toda situación en la cual el poder público sea utilizado para lesionar los derechos humanos en
ella reconocidos. Si se considerara que no compromete al Estado quien se prevale del poder
público para violar tales derechos a través de actos que desbordan su competencia o que son
ilegales, se tornaría ilusorio el sistema de protección en la Convención." 8
33.
El Estado señala a la Excelentísima Corte el hecho de que existe jurisprudencia en otras
instancias internacionales, donde se encuentra responsable de crímenes de tortura a un
funcionario público, dado que se determinó que los funcionarios públicos tienen autonomía para
actuar, sin que tales hechos conllevasen la responsabilidad internacional de su Estado. 9 Sin
embargo, Azar reconoce que, al no encontrarse al momento de los hechos dentro de las
excepciones señaladas en el artículo 27 de la Convención, no puede desvincularse las
actuaciones de sus funcionarios, de la responsabilidad del Estado de garantizar el respeto a los
Derechos Humanos protegidos por la Convención. Es por esto que aceptamos que la peticionaria
debe ser indemnizada, mas no así que el Estado sea considerado, ante esta Corte y en este
momento, culpable de violar el artículo 5 de la Convención, ya que cumplimos con nuestra
obligación de investigar y sancionar en nuestra jurisdicción.
34.
El Estado ha reconocido y reconoce su responsabilidad solidaria por las actuaciones de
8
CORTE IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Op. cit., párr. 169-171.
Cfr. TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA ANTIGUA YUGOSLAVIA. Caso Fiscal vs. Tadic.
Sentencia de 7 de mayo de 1997, párr. 661 y ss.
9
10
EQUIPO 219
sus funcionarios en este caso. Aceptamos así la tesis que Rosa Luna padeció por los sufrimientos
relacionados con los gritos obscenos, los videos de personas gritando de dolor y las
insinuaciones que ese sería su destino. 10 No obstante, deseamos hacer hincapié que se nos
impidió concederle a la peticionaria una indemnización adecuada, debido a que la misma
presentó su denuncia ante la Comisión, sin antes exigir responsabilidad civil por los hechos en
nuestros tribunales, no dándole así la oportunidad al Estado de cumplir con sus obligaciones
antes de acudir a esta instancia internacional. Con ello, no se le permite a Azar asumir su
responsabilidad por los hechos y por ende se le obstaculiza cumplir cabalmente con su
obligación.
35.
La Comisión ha señalado que “si el Estado investiga y sanciona a todos los responsables
de los hechos e indemniza adecuadamente a las [presuntas] víctimas o sus familiares, descarg[a]
su responsabilidad internacional, que había surgido cuando se dieron los hechos y ya no es
responsable internacionalmente, ante el sistema interamericano [de protección] de derechos
humanos por incumplimiento de su obligación.” 11
36.
Considera el Estado que, dada esta aseveración clara y definitiva de la Comisión, es
improcedente, en este momento, encontrar al Estado en violación del derecho a la integridad
personal de Rosa Luna. Es nuestra posición, ante esta Ilustre Corte, la de reconocer la falta de
indemnización a la peticionaria por los hechos, no sin antes dejar claro que no se nos dio la
oportunidad de demostrar nuestra anuencia a resarcirla, puesto que Rosa Luna no acudió a la
jurisdicción indicada para exigirla.
10
Cfr. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). Informe Sobre la Situación de los
Derechos Humanos en Chile 1985. OEA/Ser.L/V/II.77.rev.1. Doc. 18
11
CORTE IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No.
110, párr. 68-b.
11
EQUIPO 219
37.
Como hemos expuesto anteriormente, al no usar las vías jurisdiccionales accesibles y
efectivas existentes en Azar, la peticionaria nos imposibilitó satisfacer su pretensión, que al
mismo tiempo es nuestra obligación, de indemnizarla, la cual no nos es posible satisfacer de
oficio. Así lo explica la autora española María Ángeles Pérez Marín:
“El proceso civil gira en torno a dos máximas fundamentales; la primera, que sin
una previa incoación por demanda, esto es, sin petición o solicitud de parte
interesada, el juez no puede iniciar el proceso. Por este motivo, podemos decir
que el proceso civil se ha convertido en sinónimo de <<justicia rogada>>...
Efectivamente, en el ámbito de los derechos subjetivos y de los intereses privados
no está permitido a los órganos jurisdiccionales actuar de oficio y, en
consecuencia, sin acto de parte no puede comenzar el proceso.
La segunda premisa que informa el proceso civil es que tanto la actuación de las
partes como los actos del juez van dirigidos a facilitar la obtención de una
sentencia que ofrezca una solución definitiva al conflicto jurídico surgido inter
partes y que, al mismo tiempo, sujete a ambas posiciones a una de las
pretensiones planteadas. El proceso, por tanto, es el instrumento puesto al alcance
de los particulares para lograr una resolución definitiva del asunto y es también el
medio con el que cuentan los órganos jurisdiccionales para impartir justicia.” 12
Destacamos, con lo anterior, la inacción de la peticionaria en acudir como parte afectada
a solicitar su resarcimiento.
38.
El Estado acepta que, para estar en completo cumplimiento de su responsabilidad
internacional, debemos indemnizar a la peticionaria, pero reiteramos que mal puede hallársenos
en incumplimiento de la Convención, ya que, como ha expresado con anterioridad la Comisión,
no existe tal responsabilidad internacional en este momento, puesto que investigamos y
sancionamos, pero no se nos permitió indemnizar.
39.
En tal sentido, deseamos resaltar que cumplimos con nuestras obligaciones de investigar
y sancionar basándonos en las normas establecidas por el ordenamiento jurídico de Azar. Como
12
PÉREZ MARÍN, María Ángeles. El Desistimiento en el Proceso Civil, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 2002.
12
EQUIPO 219
lo ha señalado la Ilustre Corte, “…se compromete la responsabilidad internacional del Estado
cuando éste no realice las actividades necesarias, de acuerdo con su derecho interno, para
identificar y, en su caso, sancionar a los autores de las propias violaciones.” 13 La actuación del
Estado en este caso demuestra también nuestro compromiso de respetar los derechos y libertades
consagrados en los diferentes instrumentos internacionales de los que Azar es parte.
Específicamente, señalamos nuestro cumplimiento del artículo 8 de la Convención contra la
Tortura debido a que, en nuestra jurisdicción interna, se le garantizó de manera adecuada a la
peticionaria un proceso imparcial, en donde nuestras respectivas autoridades ordenaron las
investigaciones pertinentes, dándose inicio a un proceso penal, el cual llegó a término con la
sanción de quienes fueron hallados culpables.
40.
Consideramos que, en base a lo enunciado anteriormente, Azar ha utilizado las
herramientas judiciales propias de su ordenamiento jurídico y de esta forma ha podido resolver la
situación que se presentó en su momento en la esfera penal, brindando una respuesta efectiva a
favor de una adecuada aplicación del Derecho Interno.
41.
Consideramos también que Azar se ha apegado así a sus obligaciones establecidas en los
artículos 8.4 y 9 de la Convención, donde se consagran las garantías judiciales, y
específicamente la de no ser juzgado por los mismos hechos sobre los que ya existe una
sentencia en firme. De igual forma, reconocemos como Estado la falta de una adecuada
legislación específica que cumpla a cabalidad con las definiciones de los instrumentos
internacionales y que nos permita sancionar a otras personas. Por consiguiente, no puede el
Órgano Judicial de Azar abrir nuevos procesos a los ya sobreseídos, o enjuiciar a personas que
no lo fueron, ya que incurriríamos en la violación de los siguientes principios fundamentales:
13
CORTE IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Sentencia de 8 de marzo de
1998. Serie C No. 37, párr. 91.
13
EQUIPO 219
a. Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali: este es un principio jurídico
fundamental que forma parte de las garantías judiciales que se encuentra consagrado en varios
instrumentos internacionales, entre cuyas normas nos permitimos citar a continuación las
siguientes:
“Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad: Nadie puede ser
condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran
delictivos según el derecho aplicable…” 14
“Artículo 15. “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de
cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional… 2.
Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una
persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos
según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad
internacional.” 15
b. Non bis in ídem: este principio establece que nadie podrá ser juzgado dos veces por un
mismo hecho. Se encuentra reconocido en la siguiente normativa internacional:
“Artículo 8. Garantías Judiciales:
…
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo
juicio por los mismos hechos.” 16
“Artículo 20. Cosa juzgada:
1. Salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa, nadie será procesado
por la Corte en razón de conductas constitutivas de crímenes por los cuales ya
hubiere sido condenado o absuelto por la Corte.” 17
“Artículo 14. Observación general sobre su aplicación:
…
7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya
condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el
procedimiento penal de cada país.” 18
14
Art. 9 de la Convención.
Art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
16
Art. 8 de la Convención.
17
Art. 20 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
18
Art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
15
14
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c. Irretroactividad: Principio básico ligado al principio de la legalidad, según el cual no se
puede aplicar una pena más severa al delincuente, pero sí una más leve que lo beneficie, y que se
encuentra consagrado en la siguiente norma internacional:
Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad:
…Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de
la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone
la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” 19
42.
Por las razones fundamentadas supra, se le impide al Estado abrir un proceso nuevo a las
personas que ya fueron procesadas por los hechos que se presentan ante esta Ilustre Corte por
parte de la Comisión. Por ende, si Azar incumple estos principios estaría en violación de los
derechos de algunos individuos en favor de los de otro. Reiteramos ante esta Ilustre Corte que
nuestras autoridades jurisdiccionales investigaron, juzgaron y sancionaron a los involucrados,
razón por la que no debe declarar que el Estado violó el Artículo 5 de la Convención y demás
normas conexas.
C.2.
EL ESTADO DE AZAR NO HA VIOLADO EL ARTÍCULO 7 DE LA
CONVENCIÓN, REFERENTE AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL.
43.
El derecho a la libertad personal es de suma importancia, puesto que permite a todo ser
humano desarrollar sus actividades vitales, sociales y económicas, además de ser la piedra
angular de otros derechos contenidos en la Convención.
44.
Azar considera que la privación de libertad personal de Rosa Luna fue acorde con el
estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico previsto dentro del Estado, 20 fundamentándonos
en los hechos que pesaban sobre ella. Tal como esta Ilustre Corte ha señalado “…nadie puede
verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente
19
20
Art. 9 de la Convención.
Cfr. Ibíd., Art. 7.2.
15
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tipificadas en la ley…” 21
45.
No se puede pretender hacer ver que la detención de Rosa Luna haya sido arbitraria, al
tenor del artículo 7.3 de la Convención, ya que la misma se realizó mediante autorización de las
instancias competentes para emitir la orden de arresto, con fundamento en causas y de acuerdo a
condiciones fijadas de antemano en la legislación de la República,22 dando estricto
cumplimiento a la Convención y las leyes de Azar.
46.
Se señala inclusive, en los hechos enumerados anteriormente, que al momento de ser
aprehendida Rosa Luna por el oficial competente, éste contaba con la respectiva orden de arresto
y además le notificó los derechos que le asistían así como los cargos que se le imputaban (Delito
de Terrorismo en calidad de coautora y Delito de Tentativa de Robo en calidad de cómplice
primaria o instigadora), por lo cual consideramos que el Estado cumplió con el artículo 7.4 de la
Convención. Esta tesis es concordante con lo señalado por esta Ilustre Corte sobre dicha norma,
al decir que “…éste constituye un mecanismo para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde
el momento mismo de la privación de libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa del
individuo detenido.” 23
47.
Consideramos que la medida de detención impuesta es adecuada debido a que el
fundamento de la orden de arresto es el señalamiento de un criminal confeso (Josué Guevara) y
la posible vinculación, en el momento, de la peticionaria con el Grupo UNO y sus actividades
terroristas.
48.
Destacamos la existencia de sospechas razonables sobre Rosa Luna, entre las cuales
destacan: a) docente en la Universidad Católica de Azar; la cual esta vinculada a la organización
21
CORTE IDH. Caso Gangaram Panday Vs. Suriname. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 47.
Cfr. Art. 7.2 de la Convención.
23
CORTE IDH. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Sentencia de 7 de junio de 2003, Serie C No. 99 Párr.
82.
22
16
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criminal conocida como Grupo UNO, según fuentes de la Agencia de Seguridad Estatal; b)
descendiente de Raúl Luna, Fundador del Grupo UNO, y aunque al parecer actualmente la
familia Luna repudia al Grupo formado por uno de sus miembros, no se puede descartar al
momento de la detención si Rosa Luna posee un pensamiento distinto al manifestado por su
familia; c) vinculada a los delitos por un miembro confeso del Grupo UNO, Josué Guevara, su
estudiante en la Universidad Católica de Azar; d) supuesto apoyo financiero a la Fundación por
los Pobres ligada a. Grupo UNO; y e) la puesta en juego de la Seguridad Nacional, debido a que
se trata de un caso sensitivo.
49.
Señala el Estado que un funcionario autorizado por ley estuvo en conocimiento de la
detención de la peticionaria desde el inicio de los hechos, ya que fue esta misma autoridad la que
confeccionó su orden de detención, fundamentada en los indicios ya mencionados. En
consideración de este hecho, hacemos constar que la peticionaria estuvo, desde el primer
momento de su detención, a órdenes de la autoridad competente.
50.
Con relación al articulo 7.6 de la Convención, queremos mencionar que la peticionaria en
todo momento tuvo la vía abierta para presentar recursos ante las autoridades jurisdiccionales, el
cual es un derecho consagrado en la Convención, que de hecho el Estado respeto en todo
momento. Incluso deseamos resaltar el hecho de que el recurso que interpuso la defensa de la
peticionaria, recurso de excarcelación, fue resuelto expeditamente. No obstante, como este
recurso no se aplica al supuesto delito de la peticionaria, ya que la misma estaba detenida por
hechos relacionados al terrorismo, entonces quedó ésta en detención preventiva, a falta de una
presentación adecuada de los recursos que posee nuestra legislación, los cuales, de haber sido
presentados, hubieran permitido liberar a la peticionaria si la autoridad jurisdiccional lo hubiera
considerado conducente.
17
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C.3.
EL ESTADO NO HA VIOLADO LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA
CONVENCIÓN, REFERENTES A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y LA
PROTECCIÓN JUDICIAL, RESPECTIVAMENTE.
51.
Fundamentándonos en los hechos expuestos anteriormente, en que María Chumbipa es la
abogada de Rosa Luna, y en que ésta se encargó de su representación legal, no hay duda
entonces de que a aquélla se le garantizó su derecho a estar notificada de la acusación que
versaba en su contra, 24 para que en esta forma pudiese preparar una adecuada defensa, 25 por
medio de la asistencia de un defensor de su elección, con disposición de comunicarse libre y
privadamente con ésta para acceder eficazmente a la justicia. 26
52.
Consideramos que la comunicación que tuvo lugar entre Rosa Luna y su abogada María
Chumbipa puede ser destacada como libre y privada debido a que, dentro de la infraestructura de
la institución carcelaria en cuestión, el área donde se reunieron la peticionaria y su representante
legal es la asignada para tal menester. El Estado desea destacar que, en el tiempo material de los
hechos, esta área era la asignada para los detenidos que se encontraban en la institución.
53.
Reiteramos que Rosa Luna se comunicó con su pareja Juan Sol, situación que permite
que familiares y allegados conozcan el paradero de la misma, y los motivos por los cuales se
encuentra a órdenes del Estado. 27
54.
Destacamos, como prueba del respeto al debido proceso que caracteriza a los órganos
jurisdiccionales competentes, independientes e imparciales de Azar, 28 el hecho que Rosa Luna
fue sobreseída definitivamente en el proceso instaurado contra ella.
24
Art. 8.2.b de la Convención.
Ibíd., Art. 8.2.c.
26
Ibíd., Art. 8.2.d.
27
Cfr. CORTE IDH. Caso Tibi vs. Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 112.
28
Art. 8.1 de la Convención.
25
18
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55.
Azar es consciente de su obligación permanente de buscar medidas jurídicas efectivas que
permitan el desarrollo de las garantías judiciales, y de esta forma proteger los derechos de toda
persona dentro de su territorio a través de medios sencillos y rápidos.
56.
Señalamos ante la Excelentísima Corte que Azar cuenta con recursos que salvaguardan
las garantías judiciales que consagra la Convención, tal como lo es el recurso de hábeas corpus.29
Consideramos que, teniendo en cuenta los recursos existentes en nuestra legislación domestica,
la defensa de la peticionaria incurrió en un error de Derecho, ya que como hemos señalado, la
peticionaria conocía el motivo de su detención y las acusaciones que pesaban en su contra.
57.
Por tal razón, enfatizamos que el mal uso del recurso de excarcelación que presentó la
defensa de la peticionaria la perjudicó gravemente en cuanto a lo expedito de su libertad, ya que
dentro del proceso penal de Azar, este recurso no procede para los detenidos por delitos
relacionados con el terrorismo. Consideramos que, dado que el Estado contempla en su
legislación interna la figura del hábeas corpus, la peticionaria no interpuso un recurso adecuado,
dada su condición específica de presunta colaboradora de un grupo terrorista.
58.
Consideramos que la detención fue realizada con el debido cumplimiento de las
formalidades legales y con base en una conducta tipificada como delito en el Código Penal de
Azar.
59.
El financiamiento del terrorismo es un delito perseguido por la comunidad internacional,
y el Estado lo considera como la médula ósea del terrorismo. “Las fuentes de financiamiento
legítimas en el pasado han brindado oportunidades, y aún lo siguen haciendo, para el
mantenimiento de organizaciones terroristas. Estas fuentes legítimas van desde emprendimientos
29
Aclaraciones del Caso Hipotético No. 18.
19
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comerciales a obras de caridad, y han proporcionado una fuente significativa de ingresos para
estas organizaciones.” 30 Exhortamos a la Corte que, a la hora de considerar los actos del Estado,
considere las obligaciones que tiene el Estado para mantener y salvaguardar la seguridad
colectiva.
60.
Consideramos que, si Rosa Luna hubiese utilizado el hábeas corpus, y hubiese probado
ante el juzgador que su detención era arbitraria, que no estaba ante la autoridad competente o que
había algún vicio en el proceso, el recurso se hubiera resuelto a su favor. 31 Sin embargo, al no
presentar la defensa este recurso, mal podía la autoridad jurisdiccional decidir sobre el caso y
liberar a la peticionaria.
61.
Resaltamos también la autonomía de nuestro Órgano Judicial, la cual el gobierno de la
República respeta y protege, así como el cumplimiento del debido proceso a lo largo de todo el
juicio penal llevado a cabo en nuestra jurisdicción, ya que como es expuesto en los hechos, la
peticionaria, encontró sanciones en nuestra legislación doméstica para los que la ofendieron, sin
injerencia alguna del gobierno central, y sobre todo tomando en cuenta que los imputados eran
funcionarios públicos.
C.4.
EL ESTADO DE AZAR NO HA VIOLADO LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE LA
CONVENCIÓN, REFERENTES A LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS
DERECHOS Y AL DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO
INTERNO, RESPECTIVAMENTE.
62.
En relación al cargo de violación a los artículos 1.1 y 2 de la Convención, el Estado
30
SHELLY, Louise. “El Financiamiento del Terrorismo”, Revista de Análisis Jurídico VRBE et IVS. Año I, No. 4,
otoño 2005, pág. 3.
31
Cfr. CORTE IDH. El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (Art. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 33.
20
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considera que ha cumplido en la medida de lo posible con su obligación de velar por el respecto
y protección de los derechos de los nacionales que están en nuestra jurisdicción, a lo cual nos
comprometimos como Estado Parte.
63.
En el presente caso, no consideramos que los hechos hayan sido resultado de la
discriminación o singularización de la peticionaria “por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” 32 Este caso gira en torno a la
seguridad colectiva como punto central, y en particular al señalamiento de la peticionaria como
sospechosa de crímenes relacionados con el terrorismo. Los hechos son el resultado de la
detención de la peticionaria a raíz de su supuesta participación en el financiamiento del
terrorismo.
64.
Más aún, consideramos que, en el presente caso, ni siquiera fueron consecuencia del
cumplimiento, por parte del Estado, de su obligación de garante de los derechos y la seguridad de
la colectividad, sino del abuso de poder de algunos de sus agentes.
65.
En referencia al cargo de violación del artículo 2 de la Convención, el Estado quiere
señalar a la Corte que las normas internacionales a cuyo cumplimiento nos comprometimos,
ratificándolas y aceptando la competencia de la Corte, son de rango constitucional en nuestra
jurisdicción interna.
66.
Enfatizamos que Azar cuenta con disposiciones internas que garantizan los derechos y
libertades consagradas en la Convención, medidas éstas que, si bien parecen ser insuficientes a la
luz de los hechos acaecidos, consideramos que, en su momento, fueron las adecuadas para la
protección de las los derechos de la colectividad.
32
Art. 1.1 de la Convención.
21
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C.5.
EL ESTADO DE AZAR NO HA VIOLADO LOS ARTÍCULOS 2, 3 Y 7 DE LA
CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ.
67.
Para incurrir en violaciones a la Convención Belém do Pará, cualquier manifestación de
violencia contra la mujer debe basarse en su género. 33 Esto nos indica que la situación de
violencia tiene lugar cuando se realiza en función de la calidad de mujer del sujeto pasivo de
dicha violación.
68.
El hecho que Rosa Luna pertenezca al género femenino induce a que se malinterprete el
alcance de la Convención Belém do Pará en este caso, en el sentido de que los percances que
padeció se debieron a su género. Es más: el Estado aclara que dichos percances tampoco son
atribuibles a la calidad de los delitos que se le imputaban. Como hemos señalado, se pueden
atribuir ciertamente a la extralimitación de funciones de los funcionarios encargados de llevar a
cabo el interrogatorio al cual fue sometida.
69.
En referencia a la higiene, tampoco se puede imputar responsabilidad al Estado, ya que el
percance padecido por la peticionaria no fue propiamente un acto de violencia basado en su
calidad de mujer, sino más bien una serie de eventos desafortunados para su persona, ya que no
fue intención de los custodios hacer padecer a Rosa Luna por aquellos actos.
70.
Es cierto que los Estados partes deben tratar de adecuar su ordenamiento interno, a través
de la creación de medios legales que garanticen protección a sus miembros o sanción a los
responsables de cometer violaciones a las normas establecidas. Consideramos que Azar, en
virtud de los hechos acaecidos a Rosa Luna, logra satisfactoriamente la investigación,
juzgamiento y sanción de los responsables.
33
Cfr. Art. 1 de la Convención Belém do Pará.
22
EQUIPO 219
IV.
PETITORIO
Por las razones que se han expuesto en el presente memorial, las cuales han sido
sustentadas de hecho y de Derecho, el Estado respetuosamente solicita a esta Distinguida Corte
que declare que no se han violado los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho
a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 25 (Protección Judicial), 1.1 (Obligación de
Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la
Convención, en concordancia con los artículos 3 y 6 de la Convención contra la Tortura, y los
artículos 2, 3 y 7 de la Convención Belém do Pará.
Sin embargo, conscientes de las obligaciones a cuya observancia nos comprometimos al
ratificar los instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos, e
independientemente de la decisión final que adopte la Corte, el Estado se compromete a:
a.
Dejar sin efecto el memorando que dicta medidas especiales para los interrogatorios de
los detenidos por presuntos actos relacionados al delito de terrorismo.
b.
La revisión integral y adecuación del ordenamiento jurídico de Azar, para mejorar las
disposiciones relacionadas con la protección y garantía de los derechos y libertades consagradas
en todos los instrumentos internacionales ratificados por la República.
c.
Allanarse a la pretensión de indemnizar los daños materiales y morales sufridos por Rosa
Luna, conforme a los parámetros internacionales, una vez la peticionaria haya hecho uso de la
acción civil ante los tribunales de Azar.
d.
Brindar entrenamiento adecuado a los funcionarios públicos encargados de llevar a cabo
los interrogatorios de los detenidos.
e.
Crear grupos técnicos encargados de inspeccionar el desarrollo de los interrogatorios y el
estado de los centros de detención.
23
EQUIPO 219
f.
Desarrollar proyectos para la enseñanza de los Derechos Humanos en todos los niveles
educativos.
24
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