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Negocios eN fraNcia - Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

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Negocios eN fraNcia - Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Negocios en francia
aspectos legales y fiscales
Edición junio de 2012
© Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P.
La reproducción total o parcial de esta obra por cualquier procedimiento, incluidos la reprografía
y el tratamiento informático, así como también la distribución de ejemplares a través de alquiler
y préstamo, quedan prohibidas sin la autorización por escrito del editor y estarán sometidas a
las sanciones establecidas por la ley.
Negocios en Francia:
Aspectos legales y fiscales
ÍNDICE
I.INTRODUCCIÓN
1. FRANCIA: UN MERCADO ATRACTIVO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
II. ORGANIZAR SUS VENTAS EN FRANCIA: CANALES DE DISTRIBUCIÓN
9
9
11
1. EL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN
11
2. EL AGENTE COMERCIAL
13
III. INSTRUMENTOS JURIDÍCOS DE IMPLANTACIÓN EN FRANCIA
1. IMPLANTACIÓN VÍA OFICINA DE REPRESENTACIÓN, SUCURSAL O AIE
15
15
1.1 Oficina de Representación
15
1.2 Sucursal
16
1.3 Agrupación de interés económico (“GIE” o “GEIE”)
16
2. IMPLANTACIÓN VÍA SOCIEDAD DE CAPITAL MERCANTIL
17
2.1 La Sociedad de Responsabilidad Limitada (“Société à Responsabilité
17
Limitée” o “SARL”)
2.2 La Sociedad Anónima (“Société Anonyme” o“SA”)
19
2.3 La Sociedad por acciones simplificada (“Société par Actions Simplifée”
21
o “SAS”)
IV. ADQUIRIR UNA SOCIEDAD EN FRANCIA
23
1. FRANCIA: UN DESTINO IDEAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
23
2. FASES DE UNA ADQUISICIÓN EN FRANCIA
23
2.1 Fase previa: definición del proyecto de adquisición por un eventual
23
comprador
2.2 Identificación de la sociedad objeto de inversión (“cible” o “target”)
23
2.3 Realización de una due diligence
24
2.4 La negociación del contrato de adquisición
25
2.5 Conclusión de la aquisición
26
3. ASPECTOS DE DERECHO LABORAL
27
4. DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS
27
V. IMPLANTACIÓN EN FRANCIA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA
28
EMPRESA EN DIFICULTADES
1. SIMILITUDES CON LA ADQUISICION DE UNA EMPRESA FINANCIERAMENTE SANA
28
2. ESPECIFICIDAD DEL RESCATE DE UNA EMPRESA EN DIFICULTAD
29
2.1 Los distintos procedimientos concursales aplicables a las empresas en
29
dificultades
2.2 El “redressement judiciaire”
30
2.3 La liquidación judicial
30
3. EL PROCEDIMIENTO DE VENTA O CESIÓN
VI. RESOLUCION DE CONFLICTOS
30
33
1. BREVE PRESENTACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL FRANCÉS
33
2. TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA
33
2.1 Tribunal de Commerce (TC)
33
2.2 Tribunal de Grande Instance (TGI)
34
2.3 Conseil de Prud’hommes (CPH)
34
3. CORTES DE APELACIÓN: SEGUNDA INSTANCIA
34
4. PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA
35
5. LA CORTE DE CASACIÓN: máxima autoridad del orden judicial francés
35
6. MODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
36
VII. DERECHO FISCAL FRANCÉS: LOS PRINCIPALES IMPUESTOS
37
1. LOS PRINCIPALES IMPUESTOS DIRECTOS
37
1.1 Impuesto sobre la renta
37
1.2 Impuesto sobre sociedades
39
2. EL IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL
42
3. EL PRINCIPAL IMPUESTO INDIRECTO: EL IVA
42
4. OTROS IMPUESTOS
43
VII. CUESTIONES LABORALES
46
1. INTRODUCCIÓN
46
2. TIPOS DE CONTRATOS (CDI / CDD)
47
2.1 El Contrato de Duración Indefinida (CDI)
47
2.2 El Contrato de Duración Determinada (CDD)
47
3. CONTRATACIÓN EN FRANCIA (EMPRESA ESPAÑOLA) / DESPLAZAMIENTO
DE TRABAJADORES A FRANCIA (EJ. OBRAS)
3.1 Contratación en Francia – empresa española
48
48
3.1.1 Ley aplicable
48
3.1.2 Cuestiones relativas a la Seguridad Social
48
3.2 Envío de trabajadores a Francia – ej. participación en unas obras/
49
construcción
3.2.1 En lo relativo al Derecho Laboral
49
3.2.2 Cuestiones relativas a la Seguridad Social
49
4. EL DESPIDO
50
4.1 El despido por motivo personal (por motivo disciplinario o no)
50
4.2 El despido por motivos económicos
50
5. RUPTURA POR MUTUO ACUERDO / RUPTURA CONVENCIONAL
51
I.INTRODUCCIÓN
1. FRANCIA: UN MERCADO ATRACTIVO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
La internacionalización de la economía ha provocado el replanteamiento de la política de
producción y distribución de las empresas, que han visto la oportunidad y la necesidad de
dirigirse hacia los mercados de otros países. En particular, en el seno de la Unión Europea
el fenómeno de intercambio y sinergia entre los países miembros se ha intensificado
hasta tal punto que las empresas de cierta importancia no pueden y no deben ignorar
las exigencias de los mercados exteriores a la hora de fijar sus objetivos.
La proximidad geográfica entre España y Francia, así como las afinidades culturales y
comerciales entre ambos países, han privilegiado y multiplicado las relaciones hispanofrancesas.
Ya al final de la década de los ochenta las empresas españolas empezaron a introducir
sus productos en el mercado francés mediante la creación de redes comerciales, ya
sea a través de distribuidores independientes, agentes comerciales o representantes.
Actualmente gran número de las empresas que gozan de una clientela en Francia sienten
la necesidad de implantarse personalmente con vistas a facilitar ciertos servicios a sus
clientes, como por ejemplo los servicios post-venta, optimizar sus sistemas logísticos
y gestión de stocks, o simplemente para reafirmar su presencia en dicho mercado.
La decisión de operar de manera transnacional es cada vez más imperativa en la
coyuntura económica que atravesamos actualmente. Para implementar la decisión de
implantación en Francia existen varios instrumentos jurídicos que conviene analizar
separadamente para elegir la fórmula adecuada a las características y necesidades de
la empresa.
Las estructuras más comúnmente utilizadas en Francia por los inversores extranjeros
son la oficina de representación, la sucursal, la Agrupación de Interés Económico “GIE”
(o también Agrupación Europea de Interés económico ”GEIE” cuando sus miembros
son de diferentes países de la Unión Europea), y sobre todo las sociedades mercantiles
denominadas “de capital”, es decir la sociedad anónima (SA), la sociedad por acciones
simplificada (SAS) y la sociedad de responsabilidad limitada (SARL).
9
En las próximas páginas, analizamos brevemente los distintos tipos de sociedades. Los
rasgos fundamentales de las figuras más utilizadas, sociedad anónima, sociedad por
acciones simplificada, sociedad de responsabilidad limitada, y en general otros aspectos
a tener en cuenta al llevar a cabo y desarrollar negocios en Francia.
10
II. ORGANIZAR SUS VENTAS EN FRANCIA : CANALES DE DISTRIBUCIÓN
La legislación francesa siempre ha sido bastante “intrusiva” en materia de distribución
y relaciones entre fabricantes, proveedores y distribuidores. Sin embargo, estos últimos
años y especialmente desde la aprobación de la Ley de Modernización Económica
(“LME”) n°2008-776 de 4 de agosto de 2008, se ha ido dejando cada vez más libertad
a las partes con el fin de mejorar la libre competencia en el mercado con precios más
atractivos para el consumidor.
A pesar de ello, tanto la ley como la jurisprudencia, que es muy prolífica en este sector,
establecen un marco legal que es necesario conocer y respetar para poder establecer
relaciones comerciales en Francia sanas y seguras.
Como en España, la distribución y venta de productos (o servicios) puede hacerse
esencialmente mediante 2 vías: (i) contratos de distribución o (ii) contrato de agencia
comercial.
El objeto de este capítulo es destacar las principales características de estas 2 vías
de comercialización ya que, en Francia, el régimen del agente comercial es bastante
distinto al que se aplica a los demás contratos de distribución. En efecto, tanto la ley
francesa como los tribunales suelen considerar el agente comercial como la parte “débil”
que necesita una protección reforzada en comparación con cualquier otro distribuidor.
1. EL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN
Existen varios tipos de contratos de distribución: distribución selectiva, exclusiva,
franquicias, etc.
a)
Oportunidad de un contrato escrito: en general no es obligatoria la existencia de un
contrato escrito pero en muchos casos es conveniente para evitar complicaciones,
especialmente en el momento de querer poner término a la relación comercial.
El contrato puede ser de duración determinada o indeterminada y en cualquier
caso respetar la normativa francesa en materia de competencia.
b)
La noción de “relaciones comerciales continuadas”: tanto la ley como los
tribunales reconocen muy fácilmente la existencia de relaciones comerciales
continuadas. Para ello es suficiente la mera existencia de una relación de facturación
11
durante un mínimo de 6 meses o 1 año dependiendo del sector y del producto o
servicio. Por este motivo, en muchos casos es conveniente firmar un contrato en
el que queden claras las condiciones de venta o compra, ya que de no ser así, en
caso de litigio el tribunal se basará en la práctica existente y los usos del mercado
y/o sector que pueden ser bastante distintos a los pactados.
c)
La importancia de las condiciones generales de venta: en caso de no establecer
un contrato escrito con el distribuidor es imprescindible establecer y comunicarle
las condiciones generales de venta aplicables a la relación. Las condiciones
generales de venta pueden ser diferenciadas en función del tipo de comprador
al que se dirigen (mayorista/minorista, etc.) e incluso pueden ser acompañadas
de condiciones particulares. En cualquier caso es esencial respetar los criterios
mínimos de forma y contenido impuestos por la ley y la jurisprudencia francesa y
tener en cuenta la normativa relativa a cláusulas abusivas con el fin de asegurar
la plena validez y efectividad de dichas condiciones generales y/o particulares.
d)
La cláusula de reserva de propiedad: según la ley francesa, el simple acuerdo
sobre el precio y la cosa vale venta y permite la transmisión de la propiedad.
Por consiguiente, es muy aconsejable prever expresamente en los contratos o
condiciones generales de venta con distribuidores franceses una cláusula que
indique que el traspaso de la propiedad sólo es efectivo una vez que el proveedor ha
recibido el pago completo. La inserción de dicha cláusula, que debe ser aceptada
de forma expresa por el comprador antes de recibir la mercancía, permite una mejor
protección del proveedor tanto frente a los impagos como frente a una situación
concursal del comprador.
e)
La ruptura del contrato o de la relación comercial: en Francia es necesario
dedicarle especial atención a la forma en la que se decide poner fin a un contrato
de distribución o a una relación comercial con un distribuidor. En efecto, el artículo
L.442-6, I-5° del Código de Comercio francés prohíbe cualquier ruptura “brutal”
de relaciones comerciales. El concepto de ruptura brutal viene definido única y
exclusivamente por la jurisprudencia, pero uno de los criterios principales es el
respeto de un preaviso razonable y “suficiente” que se aprecia caso por caso en
función de la antigüedad de la relación, las características del sector, los usos del
mercado, etc. Los tribunales franceses aplican esta condición de manera estricta
y las condenas por ruptura brutal son bastante comunes, incluso cuando se ha
respetado un preaviso contractual.
12
2. EL AGENTE COMERCIAL
El agente comercial independiente está sometido en Francia a las disposiciones de la
Ley n° 91-593 de 25 de junio de 1991 relativa a los agentes comerciales, integradas en
el Código de Comercio francés en los artículos L 134-1 y siguientes, además de a las
normas que regulan cualquier profesión no asalariada, tal y como veremos a continuación.
a)
El agente comercial debe ser independiente
Como en España, para que el agente comercial francés pueda ser considerado como
tal y no como un asalariado de la sociedad, debe poder probar la independencia
inherente al estatuto de empresario y ausencia de vínculo de subordinación frente
a la sociedad mandante que justifique la aplicación del régimen de los artículos
L 134-1 y siguientes del Código de Comercio.
De no cumplirse estos requisitos, el riesgo es de recalificación del contrato en
un contrato de trabajo, con lo que ello implica respecto, por ejemplo, de las
cotizaciones de Seguridad Social que se hayan dejado de pagar.
Por otro lado es importante destacar que el hecho de tener un agente que depende
jurídica o económicamente del mandante, o un trabajador en Francia que realiza
ventas en nombre de la sociedad, puede ser considerado por la Hacienda francesa
como un establecimiento permanente de la sociedad matriz localizada en España,
con el riesgo de imposición en Francia que ello conlleve.
En vista de lo anterior, es esencial, al firmar un contrato de agencia con un
agente comercial en Francia, asegurarse de que es un verdadero mandato de
comercialización y no una posible relación laboral. En especial, se deben cumplir
como mínimo las siguientes condiciones:
•
El agente debe estar inscrito en el Registro especial de agentes comerciales.
•
Debe hacerse cargo de todos los pagos a los organismos administrativos y
sociales en relación con su actividad (URSSAF, etc.).
•
El agente debe disponer de una cierta libertad en su organización y asumir
un cierto riesgo financiero.
13
b)
La finalización del contrato de agencia comercial
Al término del contrato, el agente comercial francés tiene derecho a reclamar una
indemnización por daños y perjuicios por ruptura anticipada de contrato por el mandante,
que incluye:
•
El importe de las comisiones que el agente habría percibido entre la fecha de
rescisión del contrato y la fecha de expiración.
•
Una indemnización del perjuicio vinculado a la pérdida de la actividad.
•
Una indemnización por el aumento de la clientela del mandante, incluso si el agente
se ha limitado a explotar la clientela que ya existía.
Aunque la ley no especifica la cuantía, en la práctica los tribunales suelen estimar el
importe de esta indemnización en aproximadamente dos años de comisiones.
La indemnización por daños y perjuicios puede ser exigida en cualquier caso, salvo si
la rescisión del contrato se debe a una falta grave del agente (concepto interpretado
de manera muy restrictiva por los tribunales), o si es el propio agente el que pone fin
al contrato de agencia. En este sentido, cabe resaltar que la indemnización puede ser
exigida incluso en caso de que la ruptura sea a iniciativa del agente, si este se ha visto en
la obligación de romper el contrato por causas que no le sean imputables (enfermedad,
jubilación, etc.).
14
III. INSTRUMENTOS JURIDICOS DE IMPLANTACIÓN EN FRANCIA
Ante la decisión de implantación en Francia existen varios instrumentos jurídicos que
conviene analizar separadamente para elegir la fórmula adecuada a las características
y necesidades de la empresa. Las estructuras más comúnmente utilizadas en Francia
por los inversores extranjeros son la oficina de representación, la sucursal, la Agrupación
de Interés Económico (”GIE”), y sobre todo las sociedades mercantiles denominadas
“de capital”, es decir la sociedad anónima (SA), la sociedad por acciones simplificada
(SAS) y la sociedad de responsabilidad limitada (SARL).
Presentaremos a continuación las características de cada una de las estructuras
antes indicadas con especial énfasis en los rasgos fundamentales de las figuras más
utilizadas, la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificada y la sociedad de
responsabilidad limitada.
1.
IMPLANTACIÓN VÍA OFICINA DE REPRESENTACIÓN, SUCURSAL O AIE
1.1 Oficina de Representación
•
Definición: Al requerir poco formalismo, la oficina de representación es el
instrumento más utilizado para una primera implantación sin actividad comercial.
A través de la oficina de representación, se llevan a cabo actividades meramente
auxiliares, accesorias o instrumentales (p.ej., recogida de información, prospección
de mercados, almacenamiento, transporte y apoyo local).
•
Características: Aunque no tiene personalidad jurídica propia como la sucursal,
hay una diferencia fundamental en cuanto a que en una oficina de representación
no se desarrollan, ni total ni parcialmente, los negocios o actividades comerciales
que forman el objeto fundamental de la sociedad a la que pertenece.
No se analiza por los convenios fiscales internacionales como un establecimiento
estable (sin perjuicio del riesgo de recalificación, si se realizan actividades comerciales
o si se puede atribuir algún tipo de beneficio o ganancia a dicha actividad).
•
Formalismo: La oficina de representación carece de personalidad jurídica o
comercial independiente de la que corresponde a la sociedad que abre la oficina y
no se ha de inscribir en el Registro Mercantil. Una mera declaración de existencia
15
en el centro de formalismo de la Cámara de Comercio e Industria competente será
suficiente para obtener un número SIREN y SIRET (siempre y cuando su actividad
no sea comercial). A falta de inscripción en el Registro Mercantil, la contratación
de empleados requerirá la realización de formalidades declarativas en el Urssaf
del Bas-Rhin.
1.2Sucursal
•
Definición: La sucursal puede definirse como un establecimiento secundario dotado
de representación permanente y de cierta autonomía de gestión respecto de la
sociedad que la constituye, a través del cual se desarrollan, total o parcialmente, las
actividades de dicha sociedad.
•
Características: Se caracteriza por carecer de personalidad jurídica y de patrimonio
distinto del de la sociedad que la constituye. La sucursal debe tener identidad de
objeto (total o parcial) con la sociedad que la constituye, suele tener clientela propia,
sus actos y contratos se realizan o están suscritos en nombre y por cuenta de la
sociedad que la constituye, quién responde de las deudas contraídas por la sucursal.
La sucursal debe distinguir los elementos patrimoniales afectos a su actividad y sus
propios resultados. A diferencia de la filial, la sucursal no está considerada como
residente del país de implantación (lo que puede suponer alguna discriminación
fiscal).
•
Formalismo: Requiere su inscripción en el Registro Mercantil del domicilio de la
sucursal. Según el tipo de actividad, pueden ser necesarios la previa obtención
de diplomas, autorizaciones o declaraciones particulares. Durante su vigencia,
deberá depositar en el Registro Mercantil las cuentas anuales de la sociedad que
la constituye.
1.3 Agrupación de Interés Económico (“GIE” o “GEIE”)
•
Definición: La Agrupación de Interés Económico (“Groupement d’Interêt
Economique” o “GIE”) está regulada en los artículos L-251-1 y siguientes del Código
de Comercio y tiene como objeto el desarrollo de la actividad económica de sus
miembros con el fin de mejorar o incrementar los resultados de sus actividades (sin
16
que la realización de beneficios pueda ser un fin en sí). Por lo tanto, la actividad
del GIE debe ser auxiliar a la de sus miembros.
•
Características: Tiene personalidad jurídica distinta de la de sus miembros desde
su inscripción en el Registro Mercantil. Se caracteriza por ser la prolongación de la
actividad económica de sus miembros (que pueden ser personas físicas o jurídicas,
comerciantes o no) y por la responsabilidad solidaria e ilimitada de estos últimos.
Existe una gran libertad en la organización y el funcionamiento del GIE en virtud del
contrato que vincula sus miembros (su objeto puede ser civil o comercial, puede
ser constituido con o sin capital,etc.). El régimen fiscal de los GIE es el denominado
de transparencia fiscal, por lo que los beneficios y las pérdidas de la agrupación
repercuten directamente sobre la base imponible de sus miembros.
•
Formalismo: El formalismo de publicidad legal de los GIE es idéntico al de las
sociedades comerciales: inscripción en el Registro Mercantil, publicaciones,
obligación de información y depósito de las modificaciones relativas a la estructura
y organización del GIE.
2. IMPLANTACIÓN VÍA SOCIEDAD DE CAPITAL MERCANTIL
2.1 La Sociedad de Responsabilidad Limitada ("Société de Responsabilité Limitée”
o “SARL”)
•
Definición: El artículo L. 223-1 del Código de Comercio describe a la SARL como
la sociedad "constituida por una o varias personas que soportan las pérdidas de
la sociedad con el límite de sus respectivas aportaciones".
•
Características: La SARL puede ser unipersonal (siendo entonces denominada
"EURL" ("Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée") y su número máximo
de socios es de cien.
•
Capital social: No existe mínimo legal, por lo que teóricamente podría ser de un
(1) euro. Aparte de los problemas de orden práctico que tal supuesto conlleva,
en caso de procedimiento concursal, los dirigentes de una SARL con un capital
simbólico podrían ver expuesta su responsabilidad por haber creado una sociedad
17
sin haber aportado los activos suficientes para que la sociedad pueda ejercer su
actividad. El capital se divide en participaciones sociales de igual valor que deberán
ser totalmente desembolsadas en el momento de la constitución de la SARL si
representan aportaciones no dinerarias o de al menos un quinto de su valor si
representan aportaciones dinerarias. El valor nominal de dichas participaciones
se fija libremente en los estatutos.
•
Transmisión de participaciones: En principio las participaciones no son libremente
transmisibles a terceros y requieren la autorización de los demás socios. Por el
contrario, las transmisiones entre socios no están sometidas a restricciones
legales, sin embargo los Estatutos pueden establecer procedimientos especiales
de autorización. La transmisión de participaciones está gravada por un impuesto
del 3% sobre el precio de las mismas después de haber aplicado una deducción
sobre el precio equivalente a 23.000 € si la transmisión se refiere al 100% de las
participaciones.
•
Administración: El órgano de administración de las SARL está compuesto por
uno o varios administradores denominados "gérants" que deben ser personas
físicas pero no tienen por qué ser socios. En el caso particular de sociedades
con actividad regulada es posible que se exija que el “gérant” cumpla con ciertos
requisitos (experiencia o titulación en función de la actividad desempeñada por la
sociedad). Los administradores representan la sociedad frente a terceros y cualquier
limitación a sus facultades no es oponible frente a terceros. Su cargo puede ser
remunerado o gratuito.
•
Juntas Generales: Las Juntas Generales pueden ser Ordinarias o Extraordinarias.
Las Juntas Generales Ordinarias celebradas para la aprobación de cuentas,
aprobación en su caso de la gestión, deben celebrarse dentro de los seis meses
a partir del cierre del ejercicio social y requieren el voto favorable de más de ½
del capital social, en primera convocatoria y de la mayoría de las participaciones
presentes o representadas en segunda convocatoria (salvo disposición estatutaria
contraria). Dichas mayorías son igualmente de aplicación para la adopción de las
decisiones ordinarias, es decir, aquellas que no suponen una modificación de
los Estatutos. Las Juntas Generales Extraordinarias para modificar los Estatutos
sociales requieren un quórum de 1/4 de las participaciones sociales presentes o
representadas en primera convocatoria, y de 1/5 de las participaciones sociales
18
presentes o representadas en segunda convocatoria y el voto favorable de 2/3 de
las participaciones de los socios presentes o representados.
2.2 La Sociedad Anónima (“Société Anonyme” o “SA”)
•
Definición: El artículo L. 225-1 del Código de Comercio define la SA como “la
sociedad cuyo capital está dividido en acciones y está constituida por sus accionistas
que responden de las pérdidas con el límite de sus respectivas aportaciones. El
numero de accionistas no puede ser inferior a siete”.
•
Características: Conforme a lo anterior, una de las principales características
de la SA es que debe tener al menos siete (7) accionistas de los cuales al menos
uno debe ser una persona física. Existen algunas disposiciones específicas de
aplicación dependiendo de si se trata, o no, de SA que cotiza en bolsa ("appel
public à l'épargne").
•
Capital: El capital de la SA no puede ser inferior a 37.000 euros. En el momento
de constitución de la sociedad, los accionistas deben desembolsar como mínimo el
50% de las aportaciones dinerarias. El resto debe ser desembolsado en el plazo de
cinco años. Es posible crear diferentes categorías de acciones (como por ejemplo
acciones preferentes sin voto) en la forma determinada en los estatutos y siempre
y cuando se respeten las disposiciones legales y reglamentarias de aplicación.
•
Transmisión de acciones: Las acciones de una SA son libremente transmisibles,
salvo pacto en contra establecido en los Estatutos. En todo caso, los límites a dicha
libre transmisión están regulados expresamente en la Ley, sin que los accionistas
puedan limitar excesivamente este derecho.
•
Administración: Existen básicamente dos formas de administración de las SA; por
un lado la fórmula monista clásica compuesta por un Consejo de Administración
y, paralelamente, la fórmula dualista de inspiración alemana denominada "SA à
Directoire et Conseil de Surveillance".
En la formula monista, el Consejo de Administración debe estar compuesto de al
menos tres Consejeros con un máximo de dieciocho. Los administradores deben
ser titulares de un cierto número de acciones fijado en los estatutos.
19
Los miembros del Consejo de Administración deben nombrar a un Presidente y a un
Director General que está investido de las facultades de dirección y representación
de la sociedad. Ambas funciones pueden ser confiadas a la misma persona teniendo
entonces el título de “Président Directeur Général”. Tanto el Presidente como el
Director General deben ser personas físicas. El Presidente debe ser obligatoriamente
miembro del Consejo de Administración, mientras que el Director General puede
ser una persona externa al Consejo.
En formula dualista, llamada SA “à Directoire” la administración se confía a
una dualidad de órganos, por un lado el "Directoire" (encargado de la gestión
de la sociedad) y un órgano de control denominado "Conseil de Surveillance"
encargado de supervisar al directorio. El "Conseil de Surveillance" está compuesto
por 3 miembros como mínimo hasta un máximo de dieciocho, elegidos entre los
accionistas. El "Conseil de Surveillance" elige a los miembros del directorio.
•
Adopción de decisiones: Las Juntas Generales pueden ser Ordinarias o
Extraordinarias. La Junta General Ordinaria debe celebrarse al menos una vez al
año, dentro de los seis meses a partir del cierre del ejercicio social, para aprobar las
cuentas anuales, aprobar la gestión, elegir o cesar a los administradores, auditores
y, en su caso, los miembros del "Conseil de Surveillance". Para que la Junta General
Ordinaria pueda constituirse válidamente en primera convocatoria, deben estar
presentes o representados al menos los accionistas representando una quinta parte
de las acciones con derecho a voto. No hay quórum en segunda convocatoria.
Las decisiones se adoptan por mayoría simple. Las Juntas Extraordinarias tienen
como objetivo la modificación de los estatutos sociales y requieren para su válida
celebración la presencia de al menos un cuarto de las acciones con derecho a
voto. En segunda convocatoria se requiere una quinta parte de las acciones con
derecho a voto. Las decisiones se adoptan con una mayoría cualificada de 2/3 del
capital con derecho a voto.
•
Auditores de cuentas: Las SA deben nombrar uno o varios auditores (Commissaires
aux comptes).
20
2.3 La Sociedad por Acciones Simplificada (“Société par Actions Simplifiée o SAS”)
•
Definición: Esta forma societaria fue introducida por la Ley n° 94-1 de 3 de enero
de 1994, pasando a integrar los artículos 227-1 y ss. del Código de Comercio con el
objetivo de proponer una alternativa a la SARL o SA, consideradas como demasiado
rígidas. Esta nueva forma societaria fue reformada en profundidad por la Ley n°99587 de 12 de julio de 1999 y es hoy en día una de las más utilizadas en Francia.
•
Características: La SAS encuentra sus raíces en la sociedad anónima tradicional
(cuyo régimen se aplica de manera subsidiaria). Sin embargo, la SAS se caracteriza
por su gran libertad contractual y la ley da mucha flexibilidad en cuanto a su
organización, administración y funcionamiento, que se regirán según lo dispuesto
en los estatutos.
•
Capital: Puede ser unipersonal y la pueden constituir una o varias personas físicas
o jurídicas. Desde la entrada en vigor de la Ley n°2008-776, el 1 de enero de 2009,
las SAS no tienen un capital social mínimo legal, aunque ciertas disposiciones
legales o reglamentarias pueden imponer un capital mínimo si se trata de una
actividad regulada.
El capital de las SAS está dividido en acciones. En el momento de constitución de la
sociedad, los socios deben desembolsar como mínimo el 50% de las aportaciones
dinerarias.
•
Administración: Los socios gozan de una total libertad para fijar en sus estatutos la
composición del órgano de administración de la SAS y sus reglas de funcionamiento.
La única restricción impuesta por la ley es el nombramiento de un presidente
encargado de representar a la sociedad frente a terceros. Por otra parte, los
estatutos deberán fijar los órganos o los cargos que ostentarán los diferentes
poderes de dirección y las eventuales limitaciones a esos poderes.
•
Adopción de decisiones: La distinción tradicional entre juntas generales ordinarias
y extraordinarias no es de aplicación a las SAS. Los estatutos determinan libremente
las decisiones que deben ser tomadas de manera colectiva por los socios y la
forma y condiciones de quórum y de mayoría de las juntas, con excepción de
ciertas decisiones que deben ser tomadas por los socios con las condiciones
de mayoría previstas legalmente.
21
•
Transmisión de Acciones: La ley autoriza la introducción en los estatutos
sociales de mecanismos de restricción a la libre transmisión tales como cláusulas
de inalienabilidad limitadas a 10 años, cláusula de autorización a la cesión, de
exclusión de accionistas, etc. Dichas estipulaciones solo pueden adoptarse o
modificarse durante la vida de la sociedad con el consentimiento unánime de
todos los accionistas. La transmisión de acciones está sometida al pago de un
impuesto con baremo regresivo del 3% al 0,25%.
•
Auditores de cuentas: Las SAS deben nombrar uno o varios auditores
(“Commissaires aux comptes”), cuando se reúnen al menos dos (2) de las siguientes
condiciones al cierre del ejercicio social (balance superior a 1.000.000 euros;
volumen de negocios superior a 2.000.000 euros; número medio de empleados:
20) o si dicha SAS controla de manera exclusiva o conjunta una o varias sociedades,
o es controlada por una o varias sociedades.
22
IV. ADQUIRIR UNA SOCIEDAD EN FRANCIA
1. FRANCIA: UN DESTINO IDEAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
Tal como adelantamos en la introducción de este documento, Francia presenta un
gran atractivo para los inversores extranjeros y en particular los españoles: es un país
estratégicamente ubicado y el segundo mercado de consumo más importante de Europa.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Francia ocupa el tercer puesto
a escala mundial en términos de productividad por hora. La mano de obra francesa
está altamente cualificada, pues el sistema educativo es uno de los mejores del mundo
además de ser gratuito y accesible a todos.
No es por tanto puro azar si un importante porcentaje del capital de las empresas del
CAC 40 (empresas incluidas en el índice bursátil en Francia) es propiedad de inversores
extranjeros.
2. FASES DE UNA ADQUISICION EN FRANCIA
Podemos identificar de forma general las fases siguientes en todo proceso de adquisición
de una sociedad francesa:
2.1 Fase previa: definición del proyecto de adquisición por un eventual comprador
De forma previa a toda fase operacional, el eventual comprador debe definir sus
motivaciones y los objetivos de su operación, este diagnóstico profesional y personal
constituye una fase previa indispensable para definir un proyecto de adquisición que
convenza al futuro vendedor y al banco que vaya a financiar la operación. Dicho proyecto
debe ser realizable teniendo en cuenta las capacidades profesionales y financieras del
eventual comprador.
2.2 Identificación de la sociedad objeto de inversión (“cible” o “target”)
El potencial comprador identificará una oportunidad que se adapte al proyecto de
inversión.
23
El eventual comprador puede tener acceso a una información sobre la sociedad
“cible” gracias a un documento llamado generalmente “profil aveugle” o “teaser” y al
“Memorandum d’information”.
El “profil aveugle” o “teaser” es un primer documento comunicado por el potencial
vendedor o sus asesores en el que se describe de forma muy sintética y anónima la
actividad de la sociedad “cible”, su volumen de negocio, los resultados contables más
significativos y eventualmente sus perspectivas de evolución. Normalmente, el potencial
comprador recibirá este documento acompañado de un convenio de confidencialidad.
Si el eventual comprador considera que la oportunidad le interesa, reenviará al potencial
vendedor el convenio de confidencialidad firmado, el potencial vendedor le enviará
entonces otro documento, el “Memorandum d’information”.
El “Memorándum d’information“ es un documento detallado sobre la sociedad “cible”.
Este documento ha sido preparado por un especialista y tiene por objetivo principal
presentar de la forma más detallada posible a los potenciales compradores las
características de la sociedad “cible”.
Una vez la oportunidad identificada, y el proyecto de adquisición aceptado por el
propietario de la sociedad “cible” y el banco, el eventual comprador deberá definir el
esquema de la operación de adquisición con la ayuda de sus asesores financieros,
jurídicos y fiscales.
Para concretar su voluntad de adquirir el eventual comprador formalizará su intención
mediante envío de una oferta de adquisición (Lettre d’intention o Letter of Intention).
Esta oferta es generalmente no vinculante y se realizará en base a las informaciones
disponibles que permitan fijar un precio indicativo, que deberá ser confirmado tras realizar
una due diligence jurídica, financiera y fiscal.
2.3 Realización de una due diligence
Si la oferta no vinculante del eventual comprador es aceptada, este último tendrá acceso
a la DataRoom de la sociedad “cible”, lo que le permitirá realizar, con la ayuda de asesores
especializados, una due diligence o auditoría.
La due diligence consiste en la realización de un análisis extremadamente detallado de
la sociedad “cible” que permita determinar los factores de riesgo y consecuencias de
24
la eventual adquisición y otras características que puedan tener un impacto sobre la
valorización de la sociedad “cible”.
Una due diligence completa comprenderá un análisis de la situación jurídica, laboral,
fiscal, financiera, medio-ambiental, inmobiliaria, etc., de la sociedad “cible”.
Si las conclusiones de la due diligence no son satisfactorias para el potencial comprador,
este último podrá decidir rebajar el precio inicialmente propuesto o incluso poner un
término a las negociaciones.
Si el potencial comprador decide continuar el proceso de adquisición, el resultado de la
due diligence permitirá precisar el precio de adquisición que será finalmente propuesto
y las garantías solicitadas al potencial vendedor.
2.4 La negociación del contrato de adquisición
Una vez la due diligence realizada, el potencial comprador y el potencial vendedor pasan
a negociar de forma detallada y precisa las modalidades de adquisición, que serán
reflejadas en un contrato de adquisición (Share Purchase Agreement o Protocole d’accord
de cession d’actions en caso que la adquisición tenga por objeto las participaciones o
acciones de la sociedad “cible”).
El principal riesgo de la negociación es que las partes, que van demasiado lejos
imponiendo sus condiciones, decidan romper el proceso.
En este momento el papel de los asesores especializados, como pueden ser los
abogados, es fundamental, pues va a permitir disminuir la tensión entre las partes, y
gracias a su experiencia, podrán desbloquear la situación y permitir que el proceso de
negociación avance en el interés de sus clientes.
El contrato de adquisición se materializará de forma diferente si la adquisición consiste
en una adquisición de acciones o participaciones o en una adquisición de activos.
El contrato de adquisición de acciones o participaciones puede tener por objeto
participaciones existentes, que serán adquiridas a uno o varios socios o accionistas
de la sociedad “cible”, o participaciones que serán emitidas por la sociedad “cible”.
En el supuesto de que el capital de la sociedad quede en manos de socios con intereses
contrapuestos es muy conveniente optar por un pacto de accionistas que regule aspectos
25
que no quedan cubiertos por los estatutos, como puede ser la salida unilateral o conjunta
del capital.
El contrato de adquisición de otros activos, como por ejemplo un fondo de comercio,
debe comportar un formalismo particular y ser objeto de una publicidad específica muy
reglamentada en Francia.
Por lo que se refiere al contrato de adquisición es importante retener lo siguiente:
•
El precio de adquisición debe ser determinado en el contrato, o determinable en
aplicación de las disposiciones contractuales. En caso contrario, la adquisición
tendría el riesgo de ser considerada nula;
•
Dicho contrato contendrá las garantías acordadas por el vendedor. El vendedor
deberá hacer una serie de declaraciones sobre las acciones o participaciones o
los activos objeto de la adquisición a fecha de la venta garantizando la exactitud
de sus declaraciones. En el supuesto que las declaraciones formuladas por el
vendedor no fuesen ciertas, el contrato prevé generalmente una obligación para
este último de indemnizar al comprador por una cantidad que corresponda a la
diferencia entre la situación declarada y la situación real.
Además, el contrato puede contener ciertas garantías específicas (litigios en curso,
riesgos fiscales, etc.).
2.5 Conclusión de la adquisición
Una vez que las partes se han puesto de acuerdo sobre las modalidades de la adquisición
y el contrato ha sido redactado reflejando dicho acuerdo, la adquisición culmina mediante
la firma de dicho contrato y los documentos necesarios al efectivo traslado de la
propiedad de las participaciones o activos cedidos.
En función del tipo de activo objeto de la cesión, es necesario realizar una serie de
formalidades de publicación para que la cesión sea oponible a terceros.
26
3. ASPECTOS DE DERECHO LABORAL
En ciertos casos, el derecho laboral en Francia impone una obligación de información
y consulta de los representantes de los trabajadores (“Comité d’Entreprise”) antes de
tomar una decisión firme de venta o de reestructuración.
4. DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS
Las inversiones extranjeras en Francia son libres pero deben ser objeto de una declaración
administrativa ante las autoridades competentes francesas, salvo en los casos en los
que la inversión haya sido realizada en una sociedad cuyo capital esté de forma directa
o indirecta en manos de personas jurídicas o físicas extranjeras.
En el caso de que la inversión se realice en un sector sensible será necesario obtener
previamente a la realización efectiva de la adquisición el acuerdo previo del ministro
encargado de la economía.
Entre otros, son sectores sensibles: (i) las actividades que puedan atentar contra el orden
público, la seguridad pública o los intereses de defensa nacional, (ii) las actividades
de investigación, de producción o de comercialización de armas, de municiones o
sustancias explosivas.
27
V. IMPLANTACIÓN EN FRANCIA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE
UNA EMPRESA EN DIFICULTADES
La adquisición de una empresa en dificultades puede ser una alternativa interesante
en ciertos casos y una oportunidad de recuperar a “buen precio” (rescate por un euro
simbólico) para instalarse en el mercado.
Es importante en estos casos realizar un estudio en profundidad de la situación y
perspectivas de futuro, y tener en cuenta que la adquisición supone una inversión
que cubre no solo el precio de la compra, sino además el coste de la reestructuración
económica y financiera de la empresa.
En Francia, 45.000 empresas entran en un proceso concursal cada año. Solo un 25%
consigue llevar a cabo un plan de continuación y un 5% un plan de cesión o venta, es
decir, aproximadamente 2.000 empresas cada año.
1. SIMILITUDES CON LA ADQUISICIÓN DE UNA EMPRESA
FINANCIERAMENTE SANA
Al igual que en el caso de adquisición de una empresa en buena situación financiera, la
compra de una empresa en situación concursal necesita un trabajo previo de preparación
del proyecto y las motivaciones para determinar los ejes de búsqueda, en particular:
•
El o los sector(es) de actividad que determinar
•
La zona geográfica
•
El tamaño y la organización de las empresas a seleccionar
•
Las posibilidades financieras y los intervinientes financieros potenciales
•
El plazo considerado para la realización del proyecto
La coherencia entre “la persona y el proyecto” del comprador en relación con la empresa
es clave para llevar a cabo el procedimiento, sobre todo para asegurar la seguridad
ulterior del rescate. Dicho criterio será examinado en prioridad por el tribunal para juzgar
la admisibilidad de una oferta.
28
2. ESPECIFICIDAD DEL RESCATE DE UNA EMPRESA EN DIFICULTAD
El rescate de una empresa en dificultad tiene lugar en el marco del procedimiento judicial.
2.1 Los distintos procedimientos concursales aplicables a las empresas en
dificultades
La ley de 26 de julio de 2005, la ordenanza de 18 de diciembre de 2008 y el decreto de
12 de febrero de 2009 reformaron los procedimientos concursales que existen en Francia:
•
El procedimiento de conciliación
•
El procedimiento de salvaguarda
•
El “redressement judiciaire”
•
La liquidación judicial
Las principales características de cada procedimiento:
Procedimientos
Conciliación
Salvaguarda
“Redressement
judiciaire”
Liquidación
Comentarios
•
La empresa no está en cesación de pagos desde hace más de 45 días;
•
La empresa ha iniciado el procedimiento;
•
Se abre por un periodo de 4 meses (con la posibilidad de prorrogar un mes
más si lo pide el conciliador) durante el cual un conciliador, designado por
el tribunal, intentará concluir un acuerdo amistoso con los acreedores de la
empresa.
•
La empresa no está en cesación de pagos desde hace más de 45 días;
•
El procedimiento se abre a iniciativa del dirigente;
•
Es idéntico al procedimiento de “redressement judiciaire”.
•
La empresa está en cesación de pagos;
•
La finalidad del procedimiento es proseguir con la actividad de la empresa, el
mantenimiento de los puestos de trabajo y la cancelación del pasivo;
•
Se da prioridad al plan de continuación presentado por el dirigente;
•
La venta de la empresa puede ser considerada de manera subsidiaria.
•
Pone fin a la actividad de la empresa y liquida el patrimonio del deudor tras la
cesión global o separada de sus activos.
29
La compra de una sociedad en dificultades solo es posible en caso de “redressement
judiciaire”, o en caso de una liquidación judicial, puesto que los otros procedimientos
tienen como objeto el mantenimiento de la actividad de la empresa bajo la dirección
del dirigente existente.
2.2 El “redressement judiciaire”
Tras escuchar a los dirigentes de la empresa, al mandatario judicial, a los auditores
y a los representantes del personal, y si considera que existe una posibilidad seria
de salvaguardar la empresa, el tribunal puede elaborar un plan de salvaguarda o de
“redressement”, que puede ser acompañado de la interrupción, de la agregación o la
venta de las distintas ramas de actividad (artículos L626-1, L626-9 y L631-19, I).
El « redressement judiciaire » de una sociedad puede llevarse a cabo mediante un plan
de cesión o venta. El tribunal puede ordenar la venta entera o parcial de la sociedad
si esta no es capaz de asegurar el “redressement”. A la apertura del procedimiento
de “redressement judiciaire”, los terceros pueden proponer ofertas de compra total o
parcial cuyo objeto es el mantenimiento de la actividad de la empresa; la compra se
rige por las disposiciones relativas a la liquidación judicial (artículos L631-13 y L631-22).
2.3 La liquidación judicial
Al pronunciar la liquidación judicial de la sociedad, la sentencia causa la disolución de
esta (artículo 1844-7, 7˚del Código civil).
Para realizar el activo, existen dos posibilidades: o bien un plan de cesión que organice
la cesión total o parcial de la empresa (artículo L642-1 y siguientes del Código de
Comercio), o bien la venta aislada de los activos de la sociedad (artículo L642-18 y
siguientes del Código de Comercio).
3. EL PROCEDIMIENTO DE VENTA O CESION
El administrador (o liquidador) fija un plazo y las condiciones para el depósito de las
ofertas de compraventa.
30
La persona física o jurídica que desea adquirir una sociedad en procedimiento concursal
debe depositar una oferta ante el administrador judicial (o el liquidador en caso de
liquidación judicial) con los elementos siguientes (artículo L642.2 del Código de Comercio
francés):
•
La identidad y los argumentos de la(s) persona(s) que oferta y los garantes eventuales
•
Las previsiones de actividades (perímetro del rescate, en caso de rescate parcial:
los empleos mantenidos y los proyectos relativos al empleo)
•
El precio ofrecido, las modalidades de pago y el perímetro preciso del rescate (los
activos, los asalariados, los contratos, etc.)
•
El nivel y las perspectivas de empleo de la actividad
•
Las garantías bancarias suscritas
•
Los términos de los préstamos
•
Las previsiones financieras (BFR, cuadro de financiación, cuenta de resultados
provisionales de 2 ejercicios)
•
Las previsiones de cesión de activos dentro de los 2 años contados desde dicha cesión
•
El plazo de los compromisos de la persona que presenta la oferta
•
La fecha de la cesión
•
Las condiciones suspensivas
Las ofertas deben ser presentadas por terceros independientes de la sociedad en
liquidación judicial. No pueden presentar ofertas ni los dirigentes de la sociedad en
“redressement judiciaire”, ni los padres o parientes hasta el segundo grado, ni las
personas designadas controladores durante el procedimiento concursal, incluso mediante
un intermediario.
El tribunal debe pronunciarse sobre las distintas ofertas presentadas y dar su aprobación
sobre la venta de activos, en aplicación de los criterios de la ley.
31
Su objetivo es garantizar las mejores condiciones y las mejores garantías de ejecución:
•
El mantenimiento estable del empleo relativo a la actividad
•
El pago a acreedores
Para participar en dicho procedimiento, es muy recomendable utilizar los servicios de
profesionales experimentados (abogado especializado, experto financiero y/o auditor
contable). Su conocimiento del procedimiento y de sus actores permitirá mejorar las
probabilidades de éxito de la operación.
32
VI. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
1. BREVE PRESENTACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL FRANCÉS
El ordenamiento judicial francés consta básicamente de cuatro bloques:
•
El orden judicial, con las jurisdicciones civiles y penales y la Corte de Casación
(“Cour de Cassation”);
•
El orden administrativo, con los tribunales administrativos, las cortes administrativas
de apelación y el Consejo de Estado (“Conseil d’Etat”), que resuelven los litigios
entre los particulares y la Administración es decir, el Estado, una colectividad
territorial, un establecimiento público u organismo privado encargado de una misión
de servicio público;
•
El Consejo Constitucional (“Conseil Constitutionnel”), que resuelve sobre la
conformidad de las leyes francesas con la Constitución y, desde hace poco, puede
ejercer un control a priori mediante el recurso denominado la “Question Prioritaire
de Constitutionnalité” ;
•
Por otro lado, existen los modos alternativos de resolución de conflictos que se
han desarrollado de manera importante en los últimos años: mediación y arbitraje.
2. TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA
2.1 Tribunal de Commerce (T.C.)
En primera instancia, la mayoría de los conflictos que pueden surgir en el marco del
mundo de los negocios suelen ser resueltos ante los tribunales mercantiles (Tribunaux de
commerce). Se define como el tribunal que conoce la mayoría de litigios entre sociedades
mercantiles y en general entre comerciantes. Dispone de una competencia de excepción
sobre los procedimientos concursales. Los jueces de este tipo de tribunal son jueces
consulares elegidos por sus “pares” y no magistrados de carrera.
33
2.2 Tribunal de Grande Instance (T.G.I.)
Es la jurisdicción natural para conocer los litigios civiles superiores a 10.000 euros y puede
ser también competente en cuestiones aparentemente mercantiles como el contrato
de agencia comercial que en realidad tiene naturaleza de mandato civil. Por otra parte,
tiene algunas competencias exclusivas en asuntos relativos por ejemplo a ciertos tipos
de organización como las asociaciones, sociedades civiles, la familia, al estado civil,
etc. Está compuesto por magistrados de carrera comparables a los jueces en España.
2.3 Conseil de Prud’hommes (C.P.H.)
Resuelve los litigios individuales de naturaleza laboral. Tiene una competencia de
excepción para los litigios entre un trabajador y su empleador en caso de litigios
individuales (los litigios colectivos relativos, por ejemplo, a la huelga o a un convenio
colectivo son curiosamente de la competencia del T.G.I.).
Al igual que los jueces consulares del T.C., los consejeros prud’homales (C.P.H.) son
jueces no profesionales elegidos por el patronato y los sindicatos.
3. CORTES DE APELACIÓN: SEGUNDA INSTANCIA
Al igual que en España, la mayoría de las sentencias pronunciadas por las jurisdicciones
de primera instancia arriba mencionadas pueden ser objeto de recurso ante la Corte
de Apelación (Cour d’appel).
La Corte de Apelación es un segundo grado de jurisdicción que puede juzgar de nuevo
en cuanto a los elementos de hecho y de derecho los asuntos que han sido juzgados
por un tribunal en primera instancia. Las Cour d’appel están organizadas en Cámaras
especializadas (civiles, comerciales, laborales y penales).
La decisión de una Corte de Apelación es en principio firme y definitiva no cabiendo
nuevo recurso, salvo el recurso de casación que sólo permite resolver cuestiones de
derecho. En el supuesto de que la Corte de Casación anule una sentencia de apelación,
el litigio deberá ser juzgado de nuevo por una Cour d’appel distinta tanto en lo relativo
a los elementos de hecho como los de derecho.
34
4. PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA
El código de procedimiento civil francés permite también, en ciertos casos, solicitar al
juez medidas provisionales y rápidas, y evitar en ciertos casos iniciar un procedimiento
declarativo que puede ser largo y costoso. Se trata esencialmente de los procedimientos
en “référé” y los procedimientos inaudita parte iniciados mediante “requête”. Se trata de
instrumentos muy útiles a tener en cuenta a la hora de organizar una estrategia procesal.
Las decisiones obtenidas mediante esta vía procesal pueden ser también objeto de
apelación ante la Corte de Apelación.
•
El “Référé”: el juez de “référé” es juez denominado “de la evidencia” y puede
intervenir en caso de situaciones de urgencia o manifiestamente ilícitas. Pueden
ser utilizados en prevención de un perjuicio inminente o interrupción de un acto
claramente ilícito; para la obtención de una condena provisional del deudor
cuando existe una obligación que no es “realmente discutible” (“non sérieusement
contestable”); para la obtención de una medida de instrucción, por ejemplo
nombramiento de un perito judicial (“référé-expertise”).
•
La “Requête” permite solicitar del juez ciertas medidas sin necesidad de respetar
el principio de contradicción, en particular en caso de urgencia. Por ejemplo para
la obtención de una medida de instrucción “sorpresa” o un embargo judicial ante
el “juge de l’exécution” en previsión de un juicio futuro.
5. La Corte de Casación: máxima autoridad del orden
judicial francés
La Cour de Cassation es la corte equivalente al Tribunal Supremo en España en materia
civil y penal. Es únicamente competente para resolver cuestiones de derecho (no
elementos de hecho) y está dividida en 6 salas (3 salas de lo civil, 1 sala de lo mercantil,
1 sala de lo social, 1 sala de lo criminal). Asimismo, decide de la admisibilidad de las
cuestiones prioritarias de constitucionalidad civiles (recurso de amparo).
35
6. MODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Los modos alternativos de resolución de conflictos pueden ser definidos como
instrumentos de justicia “privada”, es decir, que la sumisión de las partes a este tipo de
resolución es voluntaria y no se deriva de un poder del Estado. Las dos fórmulas más
ampliamente utilizadas por las empresas son la mediación y el arbitraje.
•
La Mediación se aplica, en principio, a todo tipo de litigios incluso comerciales. El
Mediador tiene un papel activo, ayuda a las partes a encontrar un acuerdo pero no
impone la solución. La mediación es esencialmente voluntaria, aunque puede ser
judicial (por invitación de un juez) o convencional (prevista en el contrato). Existe una
gran tradición en Francia por este tipo de solución y hay organismos especializados
en la organización de mediaciones comerciales o civiles.
•
El Arbitraje se utiliza muy a menudo en los contratos internacionales en que las
partes descartan recíprocamente acudir a la jurisdicción de la contraparte. Las
clausulas compromisorias previstas en los contratos internacionales tienen una
autonomía y validez muy relevantes y pueden ser reconocidas como válidas incluso
en el supuesto de un contrato nulo. El arbitraje puede ser ad hoc o institucional
según sea impartido por árbitros elegidos por las partes o nombrados mediante
la intervención de una institución, como por ejemplo la Cámara de Comercio
Internacional (CCI), con sede en París y un amplio y reconocido prestigio.
36
VII. DERECHO FISCAL FRANCÉS: LOS PRINCIPALES IMPUESTOS
En Francia existe un sistema de impuestos directos e indirectos.
1.
LOS PRINCIPALES IMPUESTOS DIRECTOS
1.1 Impuesto sobre la renta
Imposición sobre la renta de las personas físicas
Cualquier persona física que tenga su residencia fiscal en Francia está sujeta a tributación
en dicho país por todas sus rentas mundiales. El año fiscal empieza el 1 de enero y
finaliza el 31 de diciembre.
Una persona física será considerada residente fiscal en Francia si:
•
tiene su residencia principal, o está domiciliado en Francia (pasa más de 183 días
al año en Francia);
•
lleva a cabo su principal actividad en Francia (en términos de tiempo, y no de
ingresos), o tiene un empleo en Francia, salvo aquellos empleos relacionados con
actividades en el extranjero;
•
tiene sus principales intereses económicos en Francia.
Es importante resaltar la existencia del Convenio entre el Reino de España y la República
Francesa a fin de evitar la doble imposición y de prevenir la evasión y el fraude fiscal
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Madrid el 10
de octubre de 1995.
Las rentas están clasificadas de la siguiente manera: salarios, beneficios industriales
o comerciales, rentas procedentes de propiedades, beneficios agrícolas, beneficios
profesionales y no comerciales, rentas derivadas de inversiones y ganancias patrimoniales.
•
Sueldos y salarios: Las deducciones estándares pueden llegar hasta un 10% de
los ingresos brutos totales anuales antes de impuestos.
•
Beneficios industriales y comerciales: Los beneficios obtenidos por los
37
trabajadores autónomos se calculan de la misma manera que en el caso de las
sociedades.
•
Ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de bienes inmuebles:
El tipo impositivo aplicable a la ganancia patrimonial procedente de la transmisión
de un bien inmueble es del 32,5%.
Se aplica una deducción progresiva sobre la renta sujeta a tributación, a lo largo de
los años de propiedad. Las ganancias patrimoniales están completamente exentas
de tributación tras 30 años de propiedad.
•
Ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de valores: exit tax:
Se aplica un exit tax del 32,5% a las ganancias de capital no realizadas relativas a
participaciones, directas o indirectas, que representen al menos un 1% del capital,
o cuyo valor exceda de los 1,3 millones de euros. El pago de este exit tax puede
posponerse, si el país de destino es miembro de la Unión Europea.
•
Rendimientos de capital: Respecto a los intereses y dividendos, existen dos
alternativas fiscales: ya sea declarar la renta bruta, o pagar una retención del 24%
para los intereses, o del 21% para los dividendos (excluyendo las aportaciones a
la seguridad social).
En lo que se refiere a los inversores extranjeros, los impuestos aplicables a los dividendos
se determinarán en base a lo previsto en el convenio de doble imposición correspondiente.
Pérdidas fiscales
Las pérdidas pueden ser compensadas durante los seis años posteriores a su generación.
Para el año 2012, la escala impositiva aplicable es la siguiente:
TIPO IMPOSITIVO
Hasta 5.963 euros
0 % de 5.964 a 11.896 euros
5,5 % de 11.897 a 26.420 euros
14 %
de 26.421 a 70.830 euros
30 %
Más de 70.830 euros
41 %
38
1.2 Impuesto sobre sociedades
Los beneficios obtenidos en Francia están sujetos a tributación, en el caso de que
una compañía extranjera tenga en el país una filial, una sucursal o un establecimiento
permanente.
Cálculo del beneficio sujeto a tributación
El principio general es que todos los beneficios obtenidos en Francia están sujetos a
tributación, mientras que todos los costes y gastos incurridos por la compañía en relación
con sus operaciones en Francia son deducibles a efectos fiscales. Esto incluye los costes
de los productos vendidos, los gastos incurridos específicamente en beneficio de la
compañía, amortización de activos, plantas y equipamientos, así como la amortización
de activos intangibles específicos tales como el software, las patentes y los gastos de
I+D (excepto el fondo de comercio). Los gastos de capital deben ser dados de baja a
lo largo de la vida útil esperada del activo.
Algunas deducciones son limitadas
La deducibilidad de algunos tipos de gastos tiene límites, con el fin de evitar abusos:
el mismo impuesto sobre sociedades, algunas provisiones, los salarios excesivos y
los rendimientos en especie, los gastos que no están relacionados con el negocio, las
multas y sanciones, y los gastos considerados como lujos (como los yates privados,
las carreras de caballos y la caza).
Los gastos de capital pueden ser deducibles únicamente mediante depreciación. La
amortización de los vehículos de la compañía es deducible únicamente en el caso de
que el precio de compra sea de hasta 18.300€, o 9.900€ por vehículo, dependiendo
del valor de las emisiones de dióxido de carbono (hasta 200g/km, o más de 200g/km).
Las provisiones por contingencias son deducibles si el riesgo está claramente identificado
y deben estar registradas correctamente en las cuentas correspondientes (inventarios,
valores, inmuebles, plantas o equipamiento).
Tipo impositivo y cálculo del impuesto sobre sociedades
El tipo impositivo general del impuesto sobre sociedades es del 33,3%.
39
Tipo impositivo general
33,33%, al cual se debe sumar un 3,3% (1) correspondiente a la
aportación social (3)
Tipo impositivo para las
pequeñas empresas (2)
Hasta 38.120€: tipo impositivo reducido del 15%. A partir de
38.120€: tipo impositivo general del 33,33%.
(1)Se añade al tipo impositivo general y reducido una aportación social de un 3,3%
del importe del impuesto a pagar, para aquellas empresas que pagan un impuesto
sobre sociedades superior a 763.000€ en un periodo de doce meses.
(2)Aplicable a aquellas compañías cuya facturación sea inferior a los 7.630.000€,
y cuyo capital sea ostentado de manera continuada, por personas físicas que
posean directa o indirectamente, al menos, un 75% del mismo, o por sociedades
que cumplan las mismas condiciones.
(3)Además, se añade en 2012 y 2013 el pago de “una contribución excepcional” de
un 5% al importe global del impuesto sobre sociedades declarado por aquellas
empresas cuya facturación exceda de 250 millones de euros.
Compensación de pérdidas fiscales
Las pérdidas pueden ser compensadas hasta un límite de 1.000.000 de euros, o hasta
un 60% del beneficio tributable que exceda del primer límite.
Las pérdidas pueden ser aprovechadas contra el beneficio del ejercicio anterior cuando
se cumplan ciertas condiciones.
Repatriación de beneficios
Existen 3 procedimientos de repatriación:
•
Transferencia o distribución de los beneficios netos de la sucursal o filial;
•
Intereses derivados de los préstamos y anticipos concedidos por la compañía matriz.
•
Royalties o management fees.
No existen restricciones fiscales para que la empresa matriz pueda facturar royalties
40
o management fees. Respecto a los gastos por intereses, se permite su deducibilidad
con ciertos límites.
Lo anterior aplica únicamente a las filiales, no a las sucursales. Los importes declarados
deben ser razonables y documentados. Las autoridades francesas pueden solicitar que
se acredite que los precios de transferencia dentro de un grupo internacional cumplen
con el contenido de las directivas europeas.
De acuerdo con ciertas condiciones y hasta un cierto límite, los establecimientos
permanentes pueden deducir de las ganancias algunos gastos incurridos por la compañía
matriz. Por ejemplo, un porcentaje de los gastos incurridos por la oficina principal.
La transferencia de fondos desde Francia está exenta de retención, o sujeta a un tipo de
retención reducido. Los tipos de retención están establecidos en los convenios fiscales
existentes entre Francia y los demás países. No se aplica retención sobre los dividendos
distribuidos a las sociedades matrices situadas en otros países de la Unión Europea.
Grupos de sociedades
Dividendos procedentes de filiales en las que se ostenta una participación mínima
del 5%
Cuando una compañía matriz francesa es titular, al menos, de un 5% del capital de una
filial francesa y si dicha filial paga un dividendo a la matriz, este pago únicamente está
sujeto a un impuesto sobre sociedades del 5% del importe total si:
•
ambas empresas, matriz y filial, están sujetas al impuesto sobre sociedades;
•
la empresa matriz ha sido titular, al menos, de un 5% del capital de la filial durante
un periodo de dos años.
Consolidación fiscal
Este régimen permite una sujeción a tributación conjunta de las empresas que forman
el mismo grupo para compensar los beneficios de una filial con las pérdidas de otra,
siempre y cuando sean del mismo grupo.
41
Los requisitos para poder aplicar dicho régimen son los siguientes:
•
la compañía matriz no puede ser una filial de otra empresa, que ostente en ella una
participación de más del 95%;
•
la compañía matriz francesa ha de ostentar al menos un 95% del capital de otra
compañía francesa, directa o indirectamente;
•
la fecha de cierre del ejercicio social ha de ser la misma para todas las empresas
del grupo que se benefician del régimen.
•
La consolidación fiscal no es obligatoria. La empresa matriz ha de optar por ello
expresamente cada cinco años. Esta sociedad elige las filiales que estarán en el
perímetro de dicha integración.
2. EL IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL
En 2012, se establece un impuesto sobre el patrimonio por la titularidad de cualquier
bien privado cuyo valor total exceda de 1.300.000 euros en un año fiscal.
Existen algunas exenciones como las obras de arte, las antigüedades, el patrimonio
nacional, etc.
En algunos casos, los activos empresariales están igualmente exentos de impuestos.
Los tipos impositivos son del 0,25% (patrimonio con un valor entre 1.300.000€ y
3.000.000€) y del 0,50% (patrimonio superior a los 3.000.000€).
3. EL PRINCIPAL IMPUESTO INDIRECTO: EL IVA
El IVA grava todas las ventas e importaciones de bienes y servicios consumidos en
Francia.
Modelo del IVA
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es el impuesto al consumo de bienes y servicios
pagado por el consumidor. Constituye alrededor del 50% de la recaudación tributaria
42
francesa. Las empresas se encargan de recaudar dicho impuesto mediante las ventas y
se deducen el IVA pagado en las compras e inversiones. Si el IVA de las compras excede
del IVA de las ventas, el crédito de IVA resultante es rembolsado por las autoridades
fiscales a la empresa correspondiente.
Los tipos impositivos
El tipo impositivo general del IVA, correspondiente a la venta de bienes y servicios es
del 19,6%. Sin embargo, existen varios casos en los que se aplican tipos impositivos
reducidos. Particularmente, un tipo del 7% o del 5,5% a productos alimenticios, algunos
productos agrícolas, medicamentos (7%, 5,5% o 2,1%), libros, hoteles, transporte
público, periódicos y revistas (7%, 5,5% y 2,1%), algunos tipos de entretenimiento, etc.
Procedimiento de recuperación
Las empresas pueden recuperar el IVA de todos los bienes y servicios, salvo cuando el
IVA no es deducible, como por ejemplo, en el caso de la gasolina, el servicio y reparación
de vehículos privados, viajes, etc.
Algunos servicios y las exportaciones están exentos de IVA
Los servicios de salud, las transacciones de seguros, los intereses de préstamos, la
enseñanza y los alquileres de la vivienda son los principales servicios exentos de IVA.
Las exportaciones están exentas.
Además, es importante mencionar que en algunos sectores empresariales no es posible
deducir el IVA.
4. OTROS IMPUESTOS
Retenciones fiscales
Los no residentes establecidos en el extranjero están sujetos a una retención fiscal
aplicada en todos los pagos recibidos. La carga de este impuesto puede ser reducida
o eliminada si la transacción está protegida por algún acuerdo internacional (convenio
de doble imposición).
43
Los tipos de retención no cubiertos por los c onvenios de doble imposición son los
siguientes:
•
Los dividendos pagados a los accionistas no residentes están sujetos a un 30%
o un 21%;
•
A los residentes de ciertos países extranjeros se les puede conceder un crédito
fiscal;
•
Las royalties o los management fees pagados a no residentes están sujetos a un
33,3%;
•
Las rentas obtenidas en eventos de entretenimiento o deportivos pagadas a los
artistas no residentes están sujetas a un 15% (provisional), pero es obligatorio
declarar la renta anual y la imposición puede alcanzar hasta un 41%;
•
Las ganancias patrimoniales están sujetas a un 19% en el caso de las personas
físicas y jurídicas residentes fiscales en un estado miembro de la Unión Europea
(33,33% para los residentes fiscales fuera de la Unión Europea) en el caso de
beneficios no recurrentes; y un 50% en el caso de beneficios recurrentes.
Aportación económica territorial
Se trata de las dos aportaciones siguientes:
•
Contribuciones de las compañías inmobiliarias;
•
Contribuciones de las empresas con valor añadido.
Las contribuciones de las compañías inmobiliarias se calculan de acuerdo con la
misma base que el impuesto sobre bienes inmuebles, incluyendo el valor arrendaticio
de inmuebles construidos y por construir. El impuesto depende del consejo municipal
local y del nivel del volumen de negocios.
Las contribuciones de las empresas con valor añadido deberán satisfacerse cuando el
volumen de negocios exceda 500.000€, sin IVA. Los tipos impositivos están establecidos
de acuerdo con una escala con un tipo máximo del 1,50%.
44
Impuesto sobre bienes inmuebles e impuesto sobre la vivienda
Entre otros impuestos locales, se puede mencionar el impuesto sobre los bienes
inmuebles (taxe foncière), a cargo de los propietarios del terreno y de los constructores,
y el impuesto a la vivienda (taxe d’habitation), a cargo de los propietarios o arrendatarios.
Se calculan en base al valor del alquiler de la propiedad.
Derechos de registro
Las transacciones con valores están sujetas a tributación en función del tipo de negocio
llevado a cabo.
En las transmisiones de participaciones sociales (como en el caso de las sociedades
con responsabilidad limitada, SARL), se aplica un tipo impositivo del 3%.
Respecto a las transmisiones de acciones, en particular para las sociedades anónimas
(SA) y las sociedades por acciones simplificadas (SAS), están sujetas a una cuota de
registro de acuerdo con el siguiente escalado:
•
hasta 200.000€: 3%;
•
entre 200.000€ y 500.000.000€: 0,5%;
•
más de 500.000.000€: 0,25%.
Respecto a las transacciones comerciales, están sujetas a una cuota de registro de
acuerdo con lo siguiente:
•
hasta 23.000€: 0%;
•
de 23.000€ a 200.000€: 3%;
•
más de 200.000€: 5%.
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VIII. CUESTIONES LABORALES
1.INTRODUCCIÓN
Especificidad del derecho laboral francés:
•
Choque cultural: Régimen muy formalista y reglamentado.
•
Plantilla: el personal suele dividirse en tres categorías principales: obrero/empleado
(ouvriers/employés), técnicos superiores (agents de maîtrise) y ejecutivos (cadres).
•
Jornada de trabajo: oficialmente 35 horas a la semana, aunque existen numerosos
regímenes derogatorios (forfait mensual en horas, forfait en días, jornada laboral
superior con atribución de días de descanso…).
•
Remuneración mínima: Libertad en la fijación del salario. El empleador debe
respetar no obstante la remuneración mínima del SMIC (desde el 1 de enero de
2012, 9,22 euros bruto/hora) y del sueldo mínimo de acuerdo con los convenios
y acuerdos colectivos. En lo relativo al aumento salarial no existe ningún índice
aplicable con respecto a la inflación. Las cotizaciones patronales son de alrededor
de un 48% y las cotizaciones salariales de aproximadamente un 23%.
•
El despido: La decisión de despido y su notificación son actos muy formales (infra).
El coste del despido en Francia puede ser inferior al español. Por el contrario, el
empleador puede ser condenado al pago de daños y prejuicios sin un límite máximo
en el “Conseil de Prud’hommes” (Juzgado de lo social).
•
Protección de los empleados: los empleados se benefician de una protección
elevada.
Por razones históricas, y a pesar de una tasa de sindicalización relativamente baja (8%),
las organizaciones sindicales disponen de numerosas prerrogativas. En las empresas
con una plantilla superior a 11 trabajadores, deben organizarse elecciones (Delegado
del Personal). En las empresas con una plantilla superior a 50 trabajadores: Comité de
Empresa y Comité de higiene y seguridad. Es importante el derecho de información de
los representantes de los trabajadores cuyo incumplimiento puede conllevar sanciones
penales (“délit d’entrave”).
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2. TIPOS DE CONTRATO (CDI/CDD)
2.1 El Contrato de Duración Indefinida (CDI)
El Contrato de Duración Indefinida (CDI) es el contrato de derecho común. La forma
escrita no es necesaria, puesto que no está sometido a un formalismo peculiar: se
reconoce la existencia de un contrato de trabajo cuando de forma simultánea se
demuestra la prestación de un trabajo, la existencia de una remuneración y de una
relación de subordinación entre el empleador y el trabajador.
El contrato de trabajo escrito debe ser redactado en francés (incluyendo la remuneración
variable, en particular en el caso de los comerciales).
Las partes pueden fijar libremente el contenido del contrato, pero deben tener en cuenta
que las cláusulas contrarias al orden publico están prohibidas no siendo posible renunciar
a la aplicación de las normas jerárquicamente superiores, salvo si son más favorables
para el trabajador.
2.2 El Contrato de Duración Determinada (CDD)
El recurso al Contrato de Duración Determinada (CDD) está estrictamente reglamentado
y es muy limitado en Francia, contrariamente a la legislación española. La utilización
recurrente de este tipo de contratos puede ser sancionada penalmente.
En general, la ley impone un plazo mínimo a respetar (“délai de carence”) entre la
conclusión de varios CDD para un mismo puesto de trabajo (1/3 del periodo anterior),
y en ocasiones prohíbe totalmente su uso (ej: huelga).
Existen numerosos motivos para la contratación en CDD. Los principales son la
sustitución de un empleado de baja y el aumento temporal de la actividad de la sociedad.
Un CDD se concluye para un periodo limitado y previsto en el contrato. Finaliza en la
fecha fijada, o bien, si no se ha establecido un término preciso, cuando se cumple con
el objeto del contrato (reintegración del empleado sustituido, final de la temporada…).
El periodo total, teniendo en cuenta la posible renovación, no podrá exceder el máximo
permitido (18 meses – salvo casos excepcionales).
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El contrato debe ser formalizado por escrito y definir con precisión su objeto. En caso
contrario, se considerará celebrado por un periodo indefinido y podrá ser recalificado
como un Contrato de Duración Indefinida por el Juzgado de lo social (le Conseil de
Prud’hommes). Entre las menciones obligatorias para evitar el riesgo de recalificación
deben incluirse: el nombre y la cualificación del empleado sustituido, la fecha de
finalización del contrato y el puesto de trabajo del empleado.
MUY IMPORTANTE: En caso de contratación en CDD, el contrato deber ser remitido
al trabajador en las primeras 48 horas.
La ruptura del CDD podrá tener lugar antes del término establecido únicamente en casos
determinados (contratación en CDI, acuerdo de las partes, falta grave o incapacidad), lo
que le convierte durante su ejecución en un contrato más protector que el CDI.
3. CONTRATACIÓN EN FRANCIA (EMPRESA ESPAÑOLA) /
DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES A FRANCIA (EJ. OBRAS)
3.1 Contratación en Francia – empresa española:
Es necesario presentar una Declaración Previa a la contratación -déclaration préalable
à l’embauche- y una visita previa al Médico del Trabajo.
3.1.1 Ley aplicable
La ley aplicable puede ser libremente elegida por las partes en el contrato, respetando
las disposiciones imperativas más favorables en derecho francés si este se plantea como
ley natural (ej. trabajador francés que trabaja en Francia).
Muchas disposiciones se consideran como de naturaleza imperativa en derecho laboral
francés (despido, baja por enfermedad o maternidad, remuneración, etc.).
3.1.2 Cuestiones relativas a la Seguridad Social
A pesar de que no se haya creado una estructura francesa, como una filial o una sucursal,
el empleador español deberá abonar las cotizaciones, cargas sociales y patronales
a un centro único del URSSAF (organismo encargado del cobro de las cotizaciones
de seguridad social) específico, situado en Estrasburgo y dedicado a las empresas
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extranjeras que no disponen de un establecimiento mercantil en Francia. El importe de
las cotizaciones patronales asciende aproximadamente a 48% sobre el salario bruto del
trabajador y las cotizaciones salariales se sitúan en torno al 23%.
3.2 Envío de trabajadores a Francia – ej. participación en unas obras/construcción
El desplazamiento transnacional de los trabajadores se refiere a aquellos casos en
los cuales un empleador, legalmente establecido fuera de Francia, confía una misión
específica a sus empleados que debe ser ejecutada en Francia, y una vez su misión
realizada, los empleados retoman su actividad en su empresa de origen.
3.2.1 En lo relativo al Derecho Laboral
Al desplazar a sus trabajadores a Francia, la empresa extranjera debe respetar las
normas imperativas y aplicar a dichos trabajadores ciertas disposiciones previstas por
el Código Laboral francés.
Antes del inicio de la prestación, el empleador debe transmitir una declaración previa de
desplazamiento de los trabajadores a la Inspección del Trabajo (Inspection du Travail) del
lugar donde se prestarán los servicios, en lengua francesa y mediante carta certificada
con acuse de recibo, fax o correo electrónico.
Durante el periodo del desplazamiento en Francia, los trabajadores están sometidos a las
reglas imperativas del ordenamiento jurídico francés cuyo objeto es limitar el “dumping
social” (pago del sueldo mínimo, aplicación de las reglas relativas a la salud/seguridad
en el trabajo, jornada de trabajo y derecho al descanso, derecho de huelga…). En caso
de desplazamiento superior a un mes, el empleador debe remitir las nóminas de pago
en francés.
3.2.2 Cuestiones relativas a la Seguridad Social
Mantenimiento de la afiliación a la Seguridad Social española en caso de desplazamiento
de corta duración o “détachement” (debe organizarse el desplazamiento, en lo relativo
a la Seguridad social -Tesorería General de la Seguridad Social).
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4. EL DESPIDO
La decisión del empleador de poner fin a un contrato de duración indefinida debe estar
legítimamente motivada ya sea por un motivo personal (inherente al trabajador) o por
causas económicas. En el caso contrario la ruptura se considera como un despido
improcedente (licenciement sans cause réelle et sérieuse).
4.1 El despido por motivo personal (por motivo disciplinario o no)
La falta de resultados, una actitud agresiva, las repercusiones que pueden tener en la
empresa las ausencias repetidas o prolongadas por enfermedad… son algunos de los
motivos que pueden ser invocados a la hora de despedir a un trabajador por motivos
personales, debiéndose tener en cuenta que únicamente pueden ser reprochados los
hechos objetivos y personalmente imputables al trabajador.
Salvo disposiciones convencionales más favorables, la indemnización legal es del 20%
del sueldo medio multiplicado por el número de años de antigüedad en la empresa (salvo
en caso de falta grave, supuesto en el que no hay derecho a indemnización).
En caso de despido improcedente, el trabajador puede exigir daños y perjuicios, cuyo
importe máximo no está fijado legalmente.
El despido en Francia es un procedimiento extremadamente formal que se desarrolla
en varias etapas y respetando distintos plazos:
•
Una convocatoria a la entrevista previa de despido, en la que se informa al trabajador
de su posible despido.
•
Una entrevista previa el despido, durante la cual se explica al trabajador los motivos
por los que el empleador se plantea su despido.
•
La notificación del despido (carta de despido).
4.2 El despido por motivos económicos
El Código Laboral francés establece que el motivo económico stricto sensu debe estar
relacionado, simultanea o alternativamente, con dificultades económicas, cambios
tecnológicos de gran importancia o en la necesidad de salvaguardar la competitividad.
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El grupo sirve de referencia para valorar el motivo económico (grupo de empresas que
pertenecen al mismo sector de actividad) y no únicamente la empresa.
En el caso de un despido por motivos económicos es imperativo verificar previamente
si existen puestos disponibles en la empresa y en el grupo, que puedan corresponder
al perfil del trabajador que va a ser despedido. Se trata de un proceso individual y la investigación debe desembocar (en caso de
vacantes) en ofertas escritas, concretas y personalizadas. Este último requisito de
recolocación interna (que no es formalmente exigido en España), puede dar lugar al
reconocimiento del carácter improcedente del despido, aunque se demuestre un motivo
económico stricto sensu (ej. pérdidas financieras).
Las reglas de indemnización del despido por motivo económico son las mismas que
por despido personal (salvo disposiciones convencionales contrarias). Existen varios
procedimientos de despido por motivo económico, cuya complejidad depende de la
importancia de la plantilla (inferior o superior a 50 trabajadores) y del número de despidos
planteados (superior o inferior a 10 trabajadores).
5. RUPTURA POR MUTUO ACUERDO/RUPTURA CONVENCIONAL
Se trata de un dispositivo reciente (Ley de 25 de junio de 2008) que permite la ruptura
del contrato de trabajo. El contrato se extingue de común acuerdo y no es necesaria
una justificación.
El trabajador tiene garantizada una indemnización convencional de despido además de
conservar su derecho a percibir un subsidio por desempleo.
Las etapas del procedimiento (que tiene una duración total de unas 6 semanas) son
básicamente las siguientes:
•
Durante una o varias entrevistas, el empleador y el trabajador se ponen de acuerdo
sobre este modo de ruptura. Se acuerda el importe de la indemnización de ruptura
convencional (como mínimo el que correspondería a la indemnización por despido)
y la fecha de extinción del contrato;
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•
Una vez cumplimentado el formulario, se procede a su firma en tres ejemplares,
uno destinado a cada una de las partes y un tercero que se remite posteriormente
a la Administración laboral para su homologación.
•
Tras la firma, debe respetarse en plazo llamado “plazo de retractación”, con una
duración de 15 días naturales que debe ser contabilizado a partir del día siguiente
a la firma. Durante este plazo, ambas partes pueden retractarse mediante carta
certificada con acuse de recibo o carta entregada en mano a la otra parte.
•
Una vez expirado el plazo de retractación, el formulario de ruptura se envía a la
Administración laboral competente. La Administración dispone entonces de un plazo
de 15 días laborables desde la recepción del formulario para homologar la ruptura.
•
Tras este plazo de 15 días, la ausencia de respuesta de la Administración equivale a
una homologación tácita y el contrato de trabajo se extingue en la fecha acordada
con el trabajador.
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