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Poder y Jurisdicción constitucional. La inevitable

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Poder y Jurisdicción constitucional. La inevitable
Poder y Jurisdicción constitucional. La inevitable trascendencia
política de las decisiones constitucionales.
Fernando Cruz Castro.
I.- Un breve análisis histórico.
La reforma constitucional acordada por ley número 7128 de 18 de
agosto de 1989, a los artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constitución, produjo
un profundo cambio en la vida político-institucional costarricense.
El
estudio de algunos pronunciamientos de la Sala Constitucional demuestra
la
transformación radical de la Justicia Constitucional, a partir del
establecimiento de un órgano jurisdiccional especializado encargado de
dicha materia. Desde 1989, las decisiones de la Sala Constitucional de Costa
Rica le han dado vigencia efectiva a la norma fundamental -pese a posibles
imperfecciones y condicionamientos- logrando superar el estadio de una
época conocida como “el oscurantismo constitucional”. 1
El artículo diez de la Constitución Política, antes de la reforma de 1989 disponía que la
inconstitucionalidad debía declararse “ por votación no menor de dos tercios del total de sus
miembros”. Esta mayoría calificada exigida para la declaratoria de inconstitucionalidad requería una
mayoría de doce votos de los diecisiete que integraban la Corte Plena; es decir, que si una mayoría de
once magistrados declaraban la inconstitucionalidad y seis votaban negativamente, siempre se
mantenía la constitucionalidad de la norma cuestionada. La mayoría calificada exigida para la
inconstitucionalidad significaba, en última instancia, una presunción de constitucionalidad para todas
las leyes; se debilitaba, sustancialmente, el control que debe ejercer la jurisdicción constitucional sobre
el parlamento. La inconstitucionalidad de la ley, decreto o el acuerdo debía ser muy evidente. Este
sistema tuvo vigencia durante cuarenta años. En la práctica “..los magistrados costarricenses ejercieron
el control de constitucionalidad con excesiva timidez. …..(…) Respecto de ese período es plenamente
válido lo que dijo Rubén Hernández para quien “el recurso de inconstitucionalidad es la forma
procesal de lograr que una norma obviamente inconstitucional sea declarada constitucionalmente
legítima…”. Gutiérrez Gutiérrez, Carlos José. “La Constitución cincuenta años después”. Publicado en
la obra colectiva titulada: “Temas clave de la Constitución Política “. Ed. Investigaciones Jurídica.
Costa Rica. 1999- p. 49-50.
1
1
La reforma constitucional del 89 permitió la creación de una Sala
especializada en asuntos de constitucionalidad dentro de la Corte, pues se
aceptó que no estaban dadas las condiciones necesarias para la creación de
una Corte Constitucional, siguiendo el camino ya recorrido en otros países
latinoamericanos, en donde sí se dio el paso definitivo, creándose una Corte
constitucional independiente del Poder Judicial, decisión que no implica,
forzosamente, que la jurisdicción constitucional tenga mayor independencia
o relevancia institucional.
2
Importante también resultó el cambio en cuanto a la exigencia de una
mayoría calificada para el reconocimiento de la inconstitucionalidad de una
norma de cualquier naturaleza, pues conforme al texto original del artículo
diez de la Constitución, esa declaratoria sólo podía ser acordada por los dos
tercios del total de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, exigencia
que también contenía el artículo 967 del Código de Procedimientos Civiles.
El texto actual del artículo 10 de la constitución, dispone expresamente que
la inconstitucionalidad sólo requiere el voto de la mayoría absoluta de los
La experiencia del tribunal constitucional peruano evidencia las tensiones entre política y jurisdicción,
pues a pesar de la clara definición de sus competencias, fuera del Poder Judicial, debió enfrentar una
grave reducción de su poder y peso institucional durante la dictadura fujimorista; esta invisibilización
del tribunal alcanzó su punto más álgido cuando el tribunal declaró la inconstitucionalidad de la ley de
la reelección presidencial de Fujimori, que tuvo como consecuencia la expulsión arbitraria de tres
magistrados del Tribunal Constitucional, según lo decidió el parlamento fujimorista. La labor de la
jurisdicción constitucional siempre provoca una tensión entre lo jurídico y la política, es un corolario
inevitable del control y balance sobre las instancias de poder. Landa Arroyo, César. “Constitución y
fuentes del Derecho”-Palestra editores. Perú. 2006- p. 307-313-314. La destitución de los tres jueces del
tribunal peruano impidió que este órgano pudiera emitir alguna sentencia, con el agravante que las
normas que regulaban su integración exigía seis votos de los siete integrantes, cuando se pretendía
decretar la inconstitucionalidad de una norma (ver artículo cuarto, párrafo segundo de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional (número 26.435); aunque cuatro magistrados consideraran que
la norma objetada era inconstitucional, la disposición se mantenía vigente. Esta mayoría calificada que
inmolizaba al tribunal, minimizando su poder, se serogó durante el gobierno de Alejandro Toledo. Una
crónica similar puede describirse en Ecuador, ya que el Congreso, en el año 2004, destituyó, sin
ninguna legitimidad, a los miembros de la Corte Constitucional. En Bolivia también se han producido
diversos actos que han reuducido y prácticamente anulado las potestades de los jurisdicción
constitucional. Bazán, Víctor. “Algunos problemas y desafíos actuales de la jurisdicción constitucional
en Iberoamérica”. Publicado en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Konrad
Adenauer. 2007- Tomo I- p. 49-50.
2
2
miembros de la Sala. Ocurrió en innumerables ocasiones, antes de la
reforma del artículo diez, según se mencionó,
que no obstante el
pronunciamiento favorable de la mayoría de los Magistrados de la Corte
Plena, según el ordenamiento anterior a 1989, considerando
que una
norma era inconstitucional, al no obtenerse los doce votos favorables de los
diecisiete que integraban el tribunal constitucional, la disposición objetada,
se mantenía vigente, con el agravante que el caso no podía ser nuevamente
planteado.
3
Esta limitación debilita aún más la relevancia de la
constitución, pues una vez que se ha planteado y se rechaza, se inmunizaba
la disposición frente a la norma fundamental; de esta forma, la cuestionable
constitucionalidad resultaba inalterable, sin que importaran cambios
históricos, sociales o políticos. 4
La Ley de la Jurisdicción Constitucional que se aprobó en 1989,
aparte de ampliar los poderes de intervención del órgano constitucional en
materia de hábeas corpus y amparo, regulando con mayor amplitud el
recurso de inconstitucionalidad, introduce en nuestro sistema una serie de
figuras novedosas, cuyo contenido reflejan las doctrinas más modernas en
esta materia. Dentro de las instituciones que se introdujeron puede citarse
3
El derogado artículo 967del código de procedimientos civiles, vigente hasta 1989, establecía que “..Si
la expresada resolución no alcanzare ese número de votos en sentido favorable al recurso, se tendrá por
aplicable la ley, el decreto, el acuerdo o la resolución discutida y no podrán presentarse ni serán
admisibles nuevas demandas de inaplicabilidad sobre el mismo punto…”.
4
Durante muchos años, antes de la reforma del ochenta y nueve, “..Los magistrados costarricenses
ejercieron el control de constitucionalidad con excesiva timidez. Un estudio realizado por Fabián
Volio y Luis Carlos Abellán señaló la existencia de un período desde 1949 a 1975 en que la Corte se
limitó al análisis de los eventos jurídicos de la controversia, sin preocuparse por sentar tesis de orden
general, hizo muy poca labor interpretativa y observó un “respeto absoluto e irrestricto hacia las
actuaciones de los otros Poderes y especialmente la del Poder Legislativo. “ Respecto a ese periodo se
plenamente válido lo que dijo Rubén Hernández para quien el recurso de inconstitucionalidad es la
forma procesal de lograr que una norma obviamente inconstitucional
sea declarada
constitucionalmente legítima..”. Esta situación se modificó sustancialmente cuando ejercieron la
Presidencia de la Corte los Jueces Fernando Coto Albán y Ulises Odio Santos. Gutiérrez, Carlos José.
Ob cit. 1999- p .50.
3
el amparo contra sujetos de derecho privado y el derecho de rectificación y
respuesta.
El balance que puede hacerse desde 1989 hasta la fecha, es muy
positivo respecto al sistema de control de constitucionalidad anterior. La
gran demanda que tiene actualmente la justicia constitucional es una clara
muestra de ello. En los últimos años la jurisdicción constitucional ha
resuelto más de quince mil causas por año. La reforma de la jurisdicción
constitucional tiene una trascendencia política extraordinaria, limitando
poderes públicos y revindicando el protagonismo del ciudadano frente al
poder.
I- El rescate de la Constitución como norma de aplicación directa.
El mayor logro que ha tenido la justicia constitucional en este
período inicial, desde la reforma en 1989, ha sido el haber convertido la
Constitución, que era un referente formal con poca incidencia, en un
derecho viviente y de aplicación actual a todos los niveles de la sociedad
costarricense. 5
Si la Constitución Política sintetiza la ideología política de un país,
los valores y metas más importantes de una sociedad, es trascendental
que exista un escenario jurisdiccional que permita la discusión, defensa y
Tocqueville define muy bien la trascendencia de la Constitución en los Estados Unidos, que está sobre
“..los legisladores como lo está sobre los simples ciudadanos. Es la primera de las leyes y no puede ser
modificada por una ley, es, pues, justo que los tribunales obedezcan a la constitución, preferentemente
a todas las leyes. Esto deriva de la esencia misma del poder judicial: escoger entre las disposiciones
legales aquellas que lo atan más estrechamente es, en cierto modo, el derecho natural del magistrado.
(….) Cuando se invoca ante los tribunales de los Estados Unidos una ley que el juez estime contraria a
la constitución, puede rehusarse a aplicarla. Ése es el único poder privativo del magistrado
norteamericano y una gran influencia política dimana de él. …” Tocqueville, Alexis. “La Democracia
en América”- Ed. Fondo de Cultura Económica. México. 2005- p. 108-109.
5
4
determinación de los valores que sustenta el derecho a la Constitución.
Una constitución que no tiene ningún efecto real sobre las relaciones de
poder y de los ciudadanos, no es más que una declaración de principios
que convierte los derechos fundamentales y las limitaciones del poder, en
pura letra mojada. Con limitaciones importantes, no existe la menor duda
que la Sala Constitucional costarricense se convierte, a partir de 1989, en
uno de los referentes y puntos de equilibrio de la convivencia
democrática, ejerciendo un poder político acotado6 y reactivo.
7
II- La legislación internacional de los derechos humanos como parámetro
de constitucionalidad.
Otro importante avance jurídico que se logró con la promulgación
de la ley de la Jurisdicción Constitucional, es la incorporación de la
legislación internacional como parámetro de constitucionalidad. Los
artículos primero de la Ley que regula la Jurisdicción Constitucional y
cuarenta y ocho de la Constitución, incorporan expresamente la
El juez constitucional está limitado por las garantías de la justicia natural. Tales garantías se
integran, especialmente, por la imposibilidad de actuar de oficio; es un tercero imparcial entre las
partes. El proceso judicial se caracteriza por la contradicción, lo que implica el equilibrio y la
participación equitativa de las partes. Cappelletti, Mauro. “La Justicia Constitucional”- Ed. UNAM.
México. 1987- p. 288-289.
7
Con las particularidades comprensibles del sistema norteamericano, se admite desde hace mucho
tiempo que el juez en los Estados Unidos está revestido de un inmenso poder político. El origen de este
poder se funda en el hecho que los norteamericanos “..han reconocido a los jueces el derecho
fundamentar sus decisiones sobre la Constitución más bien que sobre las leyes. En otros términos, les
han permitido no aplicar las leyes que les parezcan anticonstitucionales. (......) Los norteamericanos
han confiado a sus tribunales un inmenso poder político; pero, al obligarlos a no acatar las leyes sino
por medios judiciales, han disminuido mucho los peligros de ese poder….”. Tocqueville, Alexis. Ob. cit.
2005- p. 107 y 109.
6
5
legislación internacional de derechos humanos como obligada referencia
de constitucionalidad. 8
Estas normas brindaron instrumentos procesales de protección
efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos, integrando,
plenamente, los
tratados internacionales sobre derechos humanos al
derecho constitucional costarricense, colocándolos según señala el artículo
primero citado, como un parámetro de interpretación del texto mismo de la
Constitución,
así
como
de
sus
principios
derivados,
afectando,
naturalmente, la interpretación y aplicación de la legislación secundaria
respecto de su congruencia con las normas y valores constitucionales. El
derecho internacional de los derechos humanos pasó a ser con la reforma
de 1989, no sólo legislación de rango superior a la ley común, como ya lo
disponía el artículo 7 constitucional, sino que además, la incorporó como
una referencia inevitable para la interpretación de la Constitución en su
Capítulo sobre garantías individuales, con lo que se enriqueció el
reconocimiento de los derechos del ser humano y se dieron nuevos
elementos al interprete para fijar los límites de ellos. El artículo cuarenta y
ocho de la Constitución Política establece que el amparo tutelará todos los
derechos consagrados en la Constitución, excepto la libertad, así como otros
de carácter fundamental que establecen los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos. La jurisprudencia de la Sala Constitucional le ha
dado una interpretación expansiva a la norma, reconociendo expresamente
un valor incluso supra constitucional de los instrumentos de Derechos
Humanos vigentes en Costa Rica, asumiendo que no solamente tienen un
valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que
8
Con la creación de la Sala Constitucional, también se reformó el artículo cuarenta y ocho de la
Constitución Política, dándole rango constitucional a los derechos fundamentales contenidos en los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
6
otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman sobre la
Constitución ( en sentido ver la sentencia N° 3435-92 y su aclaración, N°
5759-93). 9
En el voto 2794-03 se reconoce la hermenéutica expansiva y extensiva
de los derechos fundamentales. En el fallo citado se admite que: “… Los
Derechos fundamentales, en muchas ocasiones recogidos en la parte
dogmática de las Constituciones, constituyen la base y el presupuesto del
entero ordenamiento jurídico, anteceden al Estado, tienen fundamento en
la intrínseca dignidad de toda persona humana, vinculan fuertemente a los
poderes públicos y como tales están dotados de una superlegalidad
constitucional. En el marco de cualquier Estado constitucional la soberanía
popular y el legislador democrático están limitados por los derechos
fundamentales.
Los
Derechos
fundamentales
vinculan
negativa
y
positivamente al legislador. En un sentido negativo, debe respetarlos para
lograr su plena efectividad, esto es, funcionan como una barrera o un
límite. En un sentido positivo, los derechos fundamentales son para el
legislador constituido un mandato, un principio rector o un programa por lo
que debe desarrollarlos y configurarlos pero con respeto de su contenido
esencial, esto es, del núcleo mínimo e indisponible –límite de límites- de
cada uno de estos. El legislador constituido al desarrollar los derechos
fundamentales debe velar por su progresiva intensificación y extensión de
su eficacia y, en general, por su plena efectividad, para evitar cualquier
9
En esta aclaración, como bien lo señala el Juez Solano Carrera, redactor de dicha decisión, es que no
se anula una disposición, la que contiene la constitución, sino que se anula una decisión del Registro
Civil, que a la luz de los instrumentos internacionales se convierte en una actuación ilegítima al denegar
la inscripción. La consecuencia de la sentencia es que donde la Constitución diga hombre o diga mujer
hay que entender que aplica el concepto de persona. Debe leerse la Constitución con una óptica de
género, reconociéndose que el término persona comprende al hombre y la mujer. Ver Solano Carrera,
Luis Fernando. “La jurisdicción constitucional en Costa Rica-Casos prácticos”- publicado en la
memoria del Seminario sobre Derechos Humanos y Jurisdicción Constitucional”- Fundación Konrad
Adenauer- Guatemala- 2005- p.139.
7
regulación regresiva y restrictiva. La garantía de la progresiva efectividad
de los Derechos Fundamentales se encuentra plasmada de forma clara y
precisa en varios instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, así la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en su
artículo 28 preceptúa que “Toda persona tiene derecho a que se establezca
un orden social e internacional en el que los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos” y, para el
caso de los Derechos económicos, sociales y culturales, el ordinal 26 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que “Los Estados
Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como
mediante la cooperación internacional, especialmente económico y técnica,
para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se
derivan de las normas económicas, sociales (...)”.
Este Tribunal
Constitucional tiene la misión atribuida por la propia norma fundamental
de optimizar los derechos fundamentales procurando que cobren realidad y
efectividad a través de una hermenéutica expansiva y extensiva de su
contenido y modos de ejercicio y, sobre todo, dándole preferencia a las
interpretaciones de éstos que procuren su eficacia más fuerte. Esta Sala
Constitucional es la llamada a custodiar y tutelar los Derechos
Fundamentales, puesto que, sin tutela judicial o garantías procesales no hay
derechos fundamentales. Debe tomarse en consideración que en el contexto
del Estado Social y Democrático de Derecho, las administraciones públicas
lejos de cumplir un rol pasivo o de limitación tendente a propiciar, única y
exclusivamente, el ejercicio individual de los derechos fundamentales,
tienen un deber prestacional y asistencial en aras de procurarle a todas las
personas que conforman la comunidad una esfera vital mínima y, desde
luego, de erradicar todos los obstáculos e impedimentos para el logro de una
8
igualdad real y efectiva entre éstas. Ese deber les impone a los órganos y
entes públicos que componen la organización administrativa prestar, según
los principios de la igualdad, universalidad, continuidad, eficiencia y
eficacia, una serie de servicios públicos indeclinables y, por consiguiente,
asumir una actitud positiva y proactiva frente a los administrados…”.
Siguiendo esta interpretación, la Constitución costarricense se expande en
el contenido y variedad de los derechos fundamentales, conforme a la
evolución que vaya teniendo el
derecho internacional de los derechos
humanos. Se reconoce, como se mencionó, el efecto expansivo y extensivo de
los derechos fundamentales. Esta visión es de extraordinaria trascendencia
política, ya que en muchas materias, el desarrollo de políticas públicas
respecto del alcance concreto de los derechos fundamentales en su sentido
más amplio, no dependerá, exclusivamente, de las decisiones que pueda
adoptar la élite que ejerce el poder político real del país. Las
interpretaciones extensivas que se derivan del derecho internacional de los
derechos humanos, pueden imponer una serie de medidas que quizás no las
plantearían los partidos políticos y los grupos de presión nacionales. A la
Sala Constitucional le correspondería fijar el contenido y alcance de los
derechos fundamentales; esta
definición tiene un contenido político
trascendental, ya que las transformaciones de esos derechos dependerán de
la interpretación y
de la orientación ideológica
de los
jueces
constitucionales.
III -
Una mayor aceptación de la comunidad respecto a la justicia
constitucional.
9
Como producto de la apertura que ha tenido la jurisdicción
constitucional, se ha difundido una cultura jurídica hasta hace poco
reservada a un grupo de abogados que raras veces lograban tener un fallo
favorable ante la Corte Plena, tribunal que tenía a cargo el conocimiento
de los recursos de hábeas corpus y las acciones de inconstitucionalidad
antes de la reforma de 1989. Las decisiones de esta instancia judicial
tenían poca relevancia, salvo para un grupo reducido de académicos o
litigantes; de ninguna manera las jurisdicción constitucional tenía la
trascendencia jurídico política que se requiere en un sistema democrático.
El diseño normativo de la jurisdicción constitucional vigente hasta 1989,
convertía los derechos fundamentales en aspiraciones con muy poca
trascendencia práctica para el poder y los derechos ciudadanos. Después
de la reforma de la jurisdicción constitucional, se ha considerado que es
el mecanismo judicial más importante y popular, sino que además puede
calificarse como la más trascendental conquista político-jurídica desde la
independencia.
10
Es evidente que los efectos de las decisiones
constitucionales inciden en
la correlación de fuerzas de las diversas
instancias y actores del sistema político; esta irrupción de la justicia
constitucional provoca irritación y críticas de
los que ya no pueden
ejercer un poder incontrolado, destacando los peligros del gobierno de los
jueces, que en todo caso siempre exige un ejercicio prudente, transparente
y motivado, en el contexto de una cultura constitucional participativa. 11
10
Palabras de Rodolfo Piza Escalante en un artículo titulado: “Justicia Constitucional y Derecho a la
Constitución”- publicado en la obra titulada: “La Jurisdicción Constitucional” Ed. Juricentro. Costa
Rica. 1993- p. 13.
11
Urcuyo, Constantino. “La Sala Constitucional: necesarios límites al Poder”- Revista parlamentaria
de Costa Rica. Número tres- 1995- p. 42-43.
10
IV- Función de la Sala Constitucional. Un nuevo actor político como
jurisdicción del poder. La exclusión de abusos y privilegios.
Evidentemente, la Sala Constitucional se ha convertido, de alguna
forma, en un actor político con una competencia acotada,
cuyas
decisiones inciden, notablemente, en el ejercicio del poder, en su acepción
genuina. Debe recordarse que la jurisdicción, en sentido amplio, siempre
ejerce, en mayor o menor medida tiene un carácter político, aunque esta
condición es mas evidente en los fallos constitucionales.
12
Frente a una
jurisdicción constitucional simbólica he imperceptible antes de 1989, a
partir de la reforma de la jurisdicción constitucional, se introduce una
instancia judicial
que tiene una inevitable vocación política,
convirtiéndose en un factor de estabilidad, de control y de limitación para
los otros Poderes y para los Partidos Políticos.
13
El sistema
Presidencialista con una jurisdicción constitucional débil y un sistema de
partidos políticos poco articulados y en crisis, convierte al Presidente de
la República en un rey sin corona, como lo califica el profesor Alex Solís.
14
Sin embargo, aunque en sentido estricto la jurisdicción constitucional
no es un actor político, su introducción en 1989 provoca una revolución
institucional importante, señalando límites a los poderes estatales, al
poder represivo y a la Administración. Esta incidencia no convierte a la
La actividad judicial en sentido amplio, incluida la ordinaria, tiene carácter político. El juez ya no es
un reproductor pasivo y mecánico del contenido de las normas. Cappelletti, ob. cit. 1987- p. 287.
13
La consolidación de la justicia constitucional provoca la –juridificación- de la política, propiciando
un mejor funcionamiento del sistema democrático. La preocupación por la formación y fidelidad a la
voluntad popular, reduce, sensiblemente, las desviaciones y abusos de la burocracia política y de los
grupos de presión. Ver sobre el tema: Solís, Alex. “La dimensión política de la Justicia Constitucional”Publicación de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 1999. p. 308 y siguientes.
14
“Algunos de nuestros presidentes actúan como reyes sin corona. Se comportan como pequeños Luis
XIV, que suspiran con la idea: “el Estado soy yo”. Su regla de oro es el centralismo, la concentración de
poder, la discrecionalidad política y la dispersión administrativa…”.Solís, Alex. “Reyes sin corona”Impresiones Gráficas del Este. Costa Rica. 2002- p. 74 y ss.
12
11
Sala Constitucional en un mega-poder, pues el Presidente de la República
y los poderes invisibles, siguen teniendo una incidencia determinante en el
desarrollo socio-político del país.
15
No es cierto que el país sea
ingobernable por culpa de los órganos de control, como la Contraloría
General de la República o la Sala Constitucional; el poder político real y
verdadero lo ejercen los actores políticos genuinos, tanto de los partidos
políticos, de los grupos de presión y de los poderes ocultos. Es importante
recordar siempre la frase de Canetti- “El secreto está en el núcleo más
íntimo del poder”.
16
Sin embargo, las funciones y potestades atribuidas a
la Sala Constitucional, si constituye, indudablemente, en una experiencia
inédita, porque hasta 1989 el poder de la jurisdicción constitucional tenía
serias limitaciones, como se expuso supra. En algún caso, como lo
mencionaré, se decretó la inconstitucionalidad de una reforma
constitucional.
En otros casos, la autocontención ante los “asuntos
políticos”, no ha seguido la línea tradicional y el tribunal constitucional
costarricense ha adoptado decisiones en las que se aprecia un activismo
judicial que ha puesto las espadas políticas en alto, sin que la sangre
llegue al río. En medio de la hipocresía que caracteriza el quehacer
15
Al poder oculto o invisible se refirió Norberto Bobbio. “..Entre los problemas que más conspiran
contra el imperio de la ética y la eficiencia de la democracia, figuran la invisibilidad, el secreto y la
informalidad con que se ejerce el poder político. Dado el centralismo y la concentración de poder en el
presidente, su estilo personalista y, muchas veces, arbitrario, las relaciones que establece y las órdenes
que dirige a sus ministros y a otros funcionarios de alto rango se gestan “amigablemente y a
escondidas”…”. Solis, Alex. Ob. cit. 2002. p. 77.
16
Me parece muy importante la siguiente cita textual de Bobbio, quien al referirse al poder invisible,
reconoce que es un concepto que le inspiró Canetti, con quien tiene una deuda de agradecimiento sobre
tal visión, reconociendo “.. el aspecto invisible del obrar político de su gran obra Masa y poder;
invisible porque se substrae intencionadamente a la mirada de los comunes mortales, porque a menudo
se oculta tras una máscara. Por un lado, la máscara, al endurecer la movilidad del rostro humano, lo
deforma, por otro, como el hombre puede cambiar de máscara pero no de rostro, logra parecer distinto
pese a seguir siendo el mismo. El poder y la máscara; un hermoso tema del que en general no se hallan
rastros en los libros de los politólogos. Pero mirando a nuestro alrededor, en casa y en otros lugares, en
especial en un mundo donde la imagen del poder está constantemente ante nuestros ojos, tenemos
buenas razones para no olvidarlo…” (La Stampa- 31 de diciembre de 1994- p. 14- publicado en el libro
de Bobbio titulado: “De senectute”- Editorial Taurus- España. 1997- p.197
12
político, en el que la Constitución sólo sirve para recordar que existe
como documento o para provocar una lacrimógena declaración
patriotera, la Sala Constitucional ha venido a señalar paradojas e
ineficiencias inexcusables. Antes de 1989, el Presidente y su fracción
legislativa, si era mayoritaria, tenían límites muy poco precisos; si no se
lograba esa mayoría, entonces, regía un eventual pacto entre las dos
bancadas más numerosas del Parlamento, asegurando el predominio del
Poder Ejecutivo. La debilidad en los frenos y contrapesos puede
agravarse si se toma en cuenta que el tema de la financiación de las
campañas políticas, el origen de sus fondos y el conocimiento de sus
verdaderos actores, sigue siendo un acertijo. En medio de este panorama,
la instancia constitucional vino a convertirse en un factor de equilibrio
frente a una Administración poderosa, dominada por el Presidente y a un
Parlamento debilitado, dominado por un partido de gobierno que poseía
una mayoría orgánica o que se alineaba al Presidente mediante una
colación bipartidista.
17
Además de estos factores en la estructura de
poder, no puede desconocerse el debilitamiento de las ideologías, lo que
propicia una plataforma doctrinal homogénea o si se quiere, nihilismo
ideológico, calificándose los paradigmas de sociedades más justas como
una nostalgia inadmisible en la sociedad contemporánea.
En medio
debilitamiento de las ideologías y la porosidad de una división de poderes
que desdibuja el equilibrio entre el ejecutivo y el parlamento, la creación
de una jurisdicción constitucional verdaderamente protagónica a partir
de 1989, la convierte en un punto de referencia importante en el débil
Los checks and balances no significa un poder judicial pasivo, carente de creatividad, simple
reproductor de la letra de la ley y débil frente al poder político. El poder judicial no puede ser ajeno a
los controles sobre los otros poderes. Los checks and balances más bien implica que cuanto más fuerte
es un poder, se requiere la fortaleza de los otros poderes, ya que cada uno de ellos están controlados por
los demás y los controlan. Cappelletti, Ob. cit. 1987- p. 290
17
13
juego de frenos y contrapesos del sistema político costarricense. Los casos
en los que la jurisdicción constitucional se convirtió en límite del poder o
en factor de equilibrio, son muchos, sin embargo, el que resulta
paradigmático es el asunto relativo a la ley que permitía a los señores
diputados importar vehículos libre de impuestos. Este asunto lo planteó
un parlamentario y la Sala Constitucional, mediante voto 969-90 resolvió
la acción planteada , destacando el tribunal que “… es evidente que la
norma que le permite a los señores Diputados el privilegio de la exoneración
de los impuestos que recaen sobre sus automóviles personales, constituye un
quebrantamiento de la Constitución escrita y de sus valores implícitos, pues
crea derechos subjetivos a favor de los legisladores, propiciando con ello la
desigualdad material entre los ciudadanos, sobre quienes se recargan las
cargas públicas, y permitiendo el enriquecimiento irrazonable de un grupo
privilegiado, todo lo cual viola los principios de igualdad y justicia, que son
valores morales básicos y fundamentales de los intereses colectivos. (…)
Íntimamente vinculado con lo dicho, hay que señalar que la ley cuya
inconstitucionalidad se pide, viola otro precepto fundamental cual es el de que
ninguna entidad o ciudadano, en el desempeño de funciones públicas, puede
ejercer las prerrogativas y los poderes inherentes a su cargo en beneficio
particular y selectivo de si mismo, ya que, como se ha dicho, los valores
expresos o implícitos en la Constitución Política son normas de acción para
funcionarios y ciudadanos y en el caso de los señores Diputados, la reserva
legislativa que en ese sentido impone la Constitución, es limite de su actuación
y resulta un imperativo que les impide, como simples depositarios del poder y
como gestores del bien común, dictar normas que beneficien su patrimonio,
todo lo cual en definitiva constituye un peligroso ejercicio abusivo del poder y
por ende una violación al Estado de Derecho; del "derecho justo", que no es
14
un simple "Estado de leyes", el cual es trascendido por la vigencia y actuación
de los valores implícitos. (…) resulta evidente que la exoneración concedida
por la ley impugnada constituye un privilegio infundado e irrazonable que no
se halla objetivamente justificado,
……..” Esta decisión tiene un valor
simbólico extraordinario. En pocas ocasiones un sector de la clase política
había recibido una rectificación tan clara, contundente, recordando valores
trascendentales, en una materia aparentemente tan pedestre, que es donde
más irrita. Este fallo es una muestra representativa en la que se aprecia el
ejercicio pleno y eficaz de la jurisdicción constitucional sobre un
parlamento que había emitido una ley que pervertía todo el sentido
filosófico, político y jurídico de la función legislativa.
Desde el ángulo estrictamente político, la Sala ha asumido una
función de equilibrio entre los diversos poderes; además, ha permitido fijar
criterios que resuelvan algunos temas frente a la indecisión, imprecisión o el
desgobierno de los partidos. Para cumplir su función de órgano de control
constitucional de los demás poderes, no puede, de ningún modo, asumir una
sujeción del partido victorioso en las urnas o de
parlamentarias mayoritarias que desnaturalizan su
las coaliciones
dialéctica esencial.
Una instancia constitucional alineada con el poder, no cumple ninguna
función política, en el mejor sentido de la palabra. 18 En asuntos relativos al
cumplimiento de los principios del derecho parlamentario, especialmente el
respeto al principio democrático y a las minorías, ha tenido una incidencia
determinante;
19
lo mismo puede destacarse respecto a la tutela del medio
Pedro Sagués, Néstor. “La interpretación constitucional , instrumento y límite del juez
constitucional” publicado en la obra titulada: “La jurisdicción constitucional y su influencia en el
estado de Derecho”- publicado en UNED- Costa Rica. 1996- p. 10.
19
Como bien lo destaca Urcuyo, la Sala Constitucional ha definido ciertos principios muy importantes
en el quehacer del parlamento, especialmente en cuanto los principios de conexidad, enmienda y
publicidad. Estas decisiones permiten garantizar un proceso legislativo transparente, evitando su
18
15
ambiente. La debilidad de los partidos políticos, las limitaciones en los
mecanismos de participación, la propia naturaleza autoritaria del sistema
presidencialista, la debilidad de los gobiernos locales, han convertido a la
jurisdicción constitucional en un árbitro que equilibra y defiende valores
que ignora la élite del poder, como la denominaba Wright Mills.20
V- La expansión de los derechos fundamentales y la función política de la
Sala.
1-Caso de la discriminación de origen constitucional. Los límites de
una norma constitucional que legitima la discriminación por motivos de
género.
Hay un caso paradigmático en la que la jurisdicción
constitucional recepta el efecto expansivo del derecho internacional de los
derechos humanos; se trata del caso Fliman Wrgaft contra el Estado
costarricense. En este caso un extranjero contrajo matrimonio con una
ciudadana de Costa Rica, el Estado le denegó la nacionalidad costarricense,
porque la norma constitucional
21
que autorizaba la naturalización de un
ciudadano extranjero, sólo reconocía la ciudadanía por naturalización si
era una mujer extranjera la que se casaba con un costarricense, pero la
manipulación y la anulación impropia de la intervención de las minorías. Urcuyo. Ob. cit. 1995- p.
39-20
El tema de las élites ofrece variados matices, especialmente si analizan los planteamientos de Pareto
y Mosca. La élite no debe reducirse a la idea de una clase social que detenta el poder o ejerce como
gobernante, según la idea de Mills y Mosca. Pareto ofrece un concepto más amplio, incluyendo élites
que son políticamente invisibles, distinguiendo entre “…la élite gubernamental y la élite no
gubernamental, pero lo que él daba, en llamar la élite no gubernamental, no posee menos Poder que la
otra. No detenta la autoridad poltíca, pero ejerce en cambio un Poder en otros sectores,
particularmente en el ámbito económico..”. Blanco Ande, Joaquín. “Teoría del Poder”- Ediciones
Pirámide. 1977- p. 300.
21
El apartado quinto del artículo catorce de la Constitución establecía que eran costarricenses por
naturalización : La mujer extranjera que al casar con costarricense pierda su nacionalidad, o que
manifiesta su deseo de ser costarricense. Posteriormente, mediante reforma introducida en 1999, se
dejó de mencionar a la mujer costarricense y utiliza un beneficiario mas amplio, definiendo que : “..Las
personas extranjeras..”. Esta modificación resolvió la discriminación vigente hasta 1999.
16
regla no era aplicable, conforme al texto expreso de la disposición
constitucional, si se trataba de un varón que se casaba con una ciudadana
costarricense. No obstante el texto expreso de la disposición constitucional,
el tribunal mediante voto 3435-92 consideró que conforme al principio
constitucional de igualdad, que en este caso adquiere preeminencia frente a
una discriminación constitucional inadmisible, así como el artículo segundo
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo segundo de la
Declaración Americana de los Derechos del Hombre (1948), el artículo
tercero y veintiséis del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
22
, artículo primero y veinticuatro de la Convención Americana de
Derechos Humanos 23, se estimó que “….. el inciso 5) del artículo 14 de la
Constitución Política contiene una disposición que resulta inaplicable por ser
contraria a los valores fundamentales de Carta en cuanto a igualdad jurídica
y su complemento de no discriminación, tutelados con igual trascendencia por
las normas internacionales, cuyo efecto erga omnes es de obligada vigencia y
acatamiento en el ámbito nacional por su misma naturaleza y por imperativo
del artículo 48 de la Constitución. La simple comparación de las normas
22
Artículo 3- Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y
mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.
Artículo 26.- Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual
protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a
todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
23
Artículo 1.- Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a
su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para efectos de esta Convención, persona es todo ser humano
Artículo 24.- Igualdad ante la Ley.
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a
igual protección de la ley.
17
transcritas con la disposición cuestionada demuestra que el beneficio concedido exclusivamente a la mujer extranjera casada con costarricense, constituye
una discriminación en perjuicio del hombre extranjero casado con una ciudadana costarricense, contra quien crea artificialmente una desventaja pues le
sustrae beneficios por razones de género, contraviniendo con ello el espíritu
constitucional y universal de igualdad y no discriminación…..” Se consideró,
además, que dicha disposición contravenía los principios de igualdad y
unidad matrimonial, que son valores que también tutela el artículo Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23- incisos primero y
cuarto), la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 17-4-4).
La base jurídica de esta decisión se deriva del derecho internacional de los
derechos humanos. El texto constitucional no contenía una diferenciación
razonable y objetiva, sino que la propia norma de la carta fundamental
evidenciaba una discriminación infundada y desproporcionada, que refleja
condicionamientos sociales, culturales, económicos y políticos; el trato
discriminatorio lesiona la dignidad humana.
La norma impugnada crea una especie de marginación que afecta al
núcleo familiar y por ende a la sociedad en su conjunto desde el momento
en que un integrante de esa comunidad es tratado de manera diferente, cercenando sus derechos igualitarios y colocándolo en situación social de desventaja, frente a su esposa, sus hijos y demás familiares; con ello se resiente
el sentido de justicia. Para resolver una limitación esencial en el texto
normativo, la Sala estableció que cuando en la legislación se utilicen
términos hombre o mujer, deberán entenderse como sinónimos del vocablo
persona, eliminándose toda posible discriminación legal por razón de
género, corrección que deben aplicar todos los funcionarios públicos
18
cuando les presenten cualquier gestión cuya resolución requiera aplicar una
normativa que utilice los vocablos citados.
Esta decisión se ratificó en un voto posterior, el número 5759-03,
destacando con mucha claridad que “…. los instrumentos internacionales
de Derechos Humanos vigentes en la República, conforme a la reforma del
artículo 48 Constitucional (Ley No.7128, de 18 de agosto de 1989), al
integrarse al ordenamiento jurídico al más alto nivel, valga decir, al nivel
constitucional, lo complementan en lo que favorezcan a la persona. En el caso
concreto, no obstante que la norma constitucional textualmente esté
concebida de una manera, debe entenderse y aplicarse de tal forma que
elimine la discriminación, particularmente a partir de aquélla reforma, pues el
texto constitucional costarricense de hoy, no solamente está compuesto de
normas (formas gramaticales escritas) de origen interno y externo, sino
también de principios y valores, que se deben conjugar en un texto armonioso,
aunque pueda parecer heterodoxo desde un punto de análisis tradicional…..”
Esta decisión provocó una controversia importante, pues la literalidad de la
norma en una constitución predominantemente rígida, es un valor o
elemento que se vincula con el supuesto contenido del contrato social o con
la seguridad jurídica.
24
No puede ignorarse que aún en el derecho
ordinario, le juez ha dejado de ser un autómata, sin que tampoco se someta
a la pura lógica abstracta, sino que al interpretar la norma lo hace
conforme a su ciencia y a su conciencia.
25
Es importante tener en
consideración que la sumisión del juez constitucional
al poder
El método gramatical de interpretación no es el más indicado en materia constitucional,
especialmente por la amplitud de los valores constitucionales, su naturaleza expansiva y los cambios
socio-culturales. Jorge Prats, Eduardo. “Derecho constitucional “- Gaceta Judicial. República
Dominicana. Volumen I- 2003- p. 239-240.
25
Fix Zamudio, Héctor. “Breves reflexiones sobre la interpretación constitucional”, publicado en obra
titulada “La jurisdicción constitucional”-Editorial juricentro. Costa Rica. 1993- p. 96.
24
19
constituyente no tiene una respuesta diáfana; por lo general el juez
constitucional debe ejercer una prudente autocontención
26
, sin embargo
las interpretaciones extensivas y el activismo judicial resulta muchas veces
inevitable, no sólo por imprecisiones del texto constitucional, sino también
por las variaciones en el contexto social y cultural.
27
En todo caso, la
decisión comentada no suscitó el malestar de la clase política, pues al fin y
al cabo es un asunto de derechos individuales en sentido estricto, con poca
incidencia en la distribución del poder.
2- Fecundación in Vitro-Sentencia 969-90. El concepto de vida y la
Convención Americana de Derechos Humanas. El concepto de vida se
infiere de la Convención Americana de Derechos Humanos. (Pacto de San
José) En este caso se discutió si la fecundación in Vitro contraviene el
derecho a la vida. Por votación dividida, aplicando normas de derecho
internacional, especialmente la que contiene la Convención Americana de
Derechos Humanos que establece que la vida se inicia desde la concepción.
28
En este punto, la Sala Constitucional asume que el principio de la
inviolabilidad de la vida se derivan otros derechos y derechos anexos. Este
derecho debe declararse a favor de todos, sin excepción, “…. -cualquier
excepción o limitación destruye el contenido mismo del derecho-, debe
protegerse tanto en el ser ya nacido como en el por nacer, de donde deriva la
Como bien lo expresaba el recordado juez Piza Escalante, “…La grandeza y también la tragedia de
los Tribunales Constitucionales consiste precisamente en su único límite es la propia disciplina de sus
jueces, disciplina que les enseña a ser humildes frente al ejercicio legítimo de los poderes ordinarios,
especialmente del legislador, y les induce a la consiguiente “auto limitación” –el self restraint- de los
norteamericanos- a que aquella humildad naturalmente les conduce..”. Piza Escalante, Rodolfo. “Los
valores en la interpretación constitucional”- publicado en el volumen titulado: “La jurisdicción
constitucional y su influencia en el estado de derecho” UNED. Costa Rica- 115-116.
27
Pedro Sagués, Néstor. Ob. cit. 1996- p. 14.
28
El artículo 4.1 establece que : “Toda persona tiene derecho a que se respete la vida. Este derecho
estará protegido por la ley y, en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente. ”
26
20
ilegitimidad del aborto o de la restitución de la pena de muerte en los países
en que ya no existe. La normativa internacional, sin ser muy prolija,
establece principios rectores sólidos en relación con el tema de la vida
humana. A modo de enumeración, podemos decir que el valor vida humana
encuentra protección normativa internacional en el artículo I de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, -adoptada
en la IX Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 1948 que afirma
"Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona" -, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y el artículo 4 del Pacto de San José, en el que el derecho a la vida
tiene un reconocimiento y una protección mucho más elaborada. Persona es
todo ser humano (artículo 1.2) y toda persona "tiene derecho al
reconocimiento de su personalidad jurídica" (artículo 3), ambas normas del
Pacto de San José. No existen seres humanos de distinta categoría jurídica,
todos somos personas y lo primero que nuestra personalidad jurídica
reclama de los demás es el reconocimiento del derecho a la vida, sin la cual
la personalidad no podría ejercerse. Señala textualmente el Pacto de San
José en su artículo 4.1:
"Toda
respete
persona
su
tiene
vida.
derecho
Este
a
derecho
que
se
estará
protegido por la ley y, en general, a partir
del momento de la concepción. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente."
Este
decisivo,
instrumento
pues
tutela
internacional
el
derecho
da
a
un
paso
partir
del
momento de la concepción. Se prohibe tajantemente
21
imponer la pena de muerte a una mujer en estado de
gravidez, lo que constituye una protección directa
y,
por
ende,
un
reconocimiento
pleno,
de
la
personalidad jurídica y real del no nacido y de sus
derechos.
Por
su
parte,
la
Convención
sobre
los
Derechos del Niño, aprobada por ley Nº7184 del 18 de
julio de 1990, tutela el derecho a la vida en el
artículo 6. Reconoce la personalidad del no nacido y
en el párrafo 2 del Preámbulo señala que no se puede
hacer distinción por razón alguna, entre las que
menciona
"el
nacimiento".
Más
adelante
cita
la
Declaración de los Derechos del Niño de 1959, que
otorga "debida protección legal, tanto antes como
después
del
contempla
Política
en
que
nacimiento".
el
artículo
"la
vida
Nuestro
21
humana
de
la
es
ordenamiento
Constitución
inviolable"..·”
Esta es una decisión polémica, pero no cabe la menor
duda que uno de los referentes normativos decisivos
que le dieron sustento a la decisión, fueron las
normas
del
derecho
internacional
de
los
derechos
humanos. Definir el valor vida y su protección es un
tema muy complejo; a veces aplicamos un criterio
literal, en otras, se considera que la madre tiene
preeminencia
y
intrauterina
es
que
autodeterminación.
la
parte
definición
de
su
de
derecho
la
vida
a
la
La discusión sobre el tema, se
mantiene abierta, con la paradoja que tanto los que
22
favorecen la fecundación in Vitro, como quienes la
objetan,
defienden
el
valor
de
la
vida;
es
una
decisión difícil, al excluirse un método confiable
para un sector de la población que de otro forma no
puede
procrear
determinación
de
defensa,
una
es
hijos.
los
No
hay
límites
definición
de
duda
la
que
vida
y
ético-política
la
su
de
extraordinaria trascendencia.
3- La inconstitucionalidad de la guerra de Irak. La
integración en la coalición. El caso se resuelve mediante una serie de
argumentos, en los que se asume que la paz es un valor constitucional,
que pertenece, especialmente, a lo que el tribunal denomina “constitución
viva”, en la que se define que el bloque constitucional es entendido y
actuado en la realidad por la sociedad. La supresión del ejército en mil
novecientos cuarenta y nueve, es una muestra palpable de esa
constitución viva. Los cuarteles se transformaron en museos y escuelas.
Este proceso culmina con la "Proclama de neutralidad perpetua, activa y
no armada" de Costa Rica, cuyo contenido es consonante con numerosos
instrumentos internacionales firmados en el mismo sentido. Se reconoce
la paz como un principio jurídico y político (ver antecedente en voto 173992, 1313-93). De igual forma, la Sala admite, nuevamente, que en el
ámbito del derecho internacional relacionado con la promoción de la paz
como valor- e incorporados a nuestra Constitución-, se debe tomar en
consideración las obligaciones
que
se
derivan
de instrumentos
internacionales relevantes, entre los que pueden señalarse los siguientes:
1- Carta de la Organización de las Naciones Unidas (preámbulo, artículo
23
primero) 29; 2- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en
cuyo artículo primero se destaca finalidades referidas a la paz; 3- Es un
principio
rector
de
la
Organización
de
especialmente el artículo primero de la Carta
30
Estados
Americanos,
. La preservación de la
paz entre las naciones del mundo es sin duda, una prioridad de la
29
“ NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS, RESUELTOS, a preservar
a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces durante nuestra vida ha
infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de
derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo
las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los
tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progresos social y a elevar
el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, Y CON TALES
FINALIDADES A practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir
nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar,
mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza
armada sin en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para
promover el progreso económico y social de todos los pueblos, HEMOS DECIDIDO AUNAR
NUESTROS ESFUERZOS PARA REALIZAR ESTOS DESIGNIOS
Por tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la
ciudad de San Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida
forma, han convenido en la presente Carta de la Naciones Unidas, y por este acto establecen
una organización internacional que se denominará las Naciones unidas.
Capítulo I
PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS
Artículo 1.- Los Propósitos de las Naciones Unidas son:
1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas
eficaces para prevenir y eliminar amenazas de la paz; y lograr para suprimir actos de agresión
u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los
principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o
situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistas basadas en el respeto al principio de la
igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas
adecuadas para fortalecer la paz universal;
3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de
carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a
los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos
de raza, sexo, idioma o religión; y
4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos
comunes". (Ley No. 142 del 6 de agosto de 1945)
30
Naturaleza y Propósitos
Artículo 1º.- Los Estados Americanos consagran en esta Carta la organización
internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su
solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y
su independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados
Americanos constituye un organismo regional.
La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le
confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la
jurisdicción interna de los Estados Miembros."
24
comunidad internacional y un valor nacional, uno de rango internacional,
“… como lo atestiguan por ejemplo, la Declaración sobre el Derecho de los
Pueblos a la Paz, adoptada por la Resolución número 39/11 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas del doce de noviembre de mil novecientos
ochenta y cuatro y, en esa misma línea, la Declaración sobre la
inadmisibilidad de intervención en los asuntos internos de los Estados y
Protección de su independencia y soberanía, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en la resolución número 2131 (XX) del
veintiuno de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco y Declaración
sobre los principios del Derecho Internacional referente a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas adoptada en la resolución número 2625 (XXV) de la
Asamblea General del veinticuatro de octubre de mil novecientos
setenta….” Se destaca, además, que la ONU posee mecanismos para
impedir los conflictos bélicos, teniendo especial relevancia las decisiones
del Consejo de Seguridad. “… Para los países suscriptores de la Carta, por
ende, surge una obligación de Derecho Internacional a respetar ese
procedimiento (artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados, Ley número 7615 del 24 de julio de 1996). La Proclama de
neutralidad perpetua , activa y no armada, la cataloga el Tribunal
Constitucional como una fuente de derecho Internacional Público, pues se
trata de una acto unilateral, que son los actos jurídicos dictados por un solo
Estado en sus relaciones internacionales y que le acarrean consecuencias
jurídicas. A partir de estos supuestos, se entiende que la “….. la "Proclama
de Neutralidad Perpetua, Activa y no Armada" de mil novecientos ochenta y
tres es una promesa unilateral de Costa Rica en el concierto internacional
que vino a desarrollar el valor constitucional de la paz y que, por
25
consiguiente, debe ser observada de buena fe de forma permanente por el
Gobierno costarricense, evitando, en todo momento, transgredir la "regla
estoppel" (venire contra factum propium) del Derecho Internacional
Público, excepcionándola o inobservándola para un caso concreto y
determinado….”
31
En esta sentencia se examina la justiciabilidad de lo
que se denomina “political questions”, pues se admite en el fallo que “los
actos de gobierno” estaban excluidos del escrutinio de los tribunales,
empero tal condición no impide estimar que tales actos también están
sometidos al Derecho a la Constitución.
32
También se aplica en la
decisión un concepto de constitución viviente (living constitution), que se
define como el bloque normativo de constitucionalidad , tal como lo
entiende y lo vive, en la realidad, la sociedad. 33
4- La reelección presidencial. La limitación a los poderes del
parlamento.
Mediante voto 2771-03 la Sala Constitucional, con el
Entre los deberes de la proclama, se establece: "Fiel a su secular vocación de paz,
Costa Rica asume soberanamente ante la comunidad de naciones los deberes inherentes a su
nueva condición de Estado perpetuamente neutral. Nos comprometemos a no iniciar ninguna
guerra; a no hacer uso de la fuerza, incluyendo cualquier amenaza o represalia militar; a no
participar en una guerra entre terceros Estados; a defender efectivamente nuestra neutralidad e
independencia con todos los recursos materiales, jurídicos políticos y morales posibles; y a
practicar una política exterior de neutralidad a fin de no involucrarnos real o aparentemente en
ningún conflicto bélico. Más aún, nos comprometemos a extender nuestros deberes de Estado
perpetuamente neutral a los conflictos armados dentro de los Estados"
31
32
Como bien señala Sagüés, la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables tiene un origen
político de orden pragmático, que no siempre ha sido coherente; ha evolucionado el tema y tiende a
disiparse, tal como se evidencia en el fallo de la Sala Constitucional sobre la guerra de Irak.. Sagüés,
Néstor Pedro. “Constitución y Sociedad: La revisión de las cuestiones políticas no justiciables- A
propósito de la “coalición” contra Irak”. Publicado en “Seminario sobre Derechos Humanos y
Jurisdicción Constitucional”. Publicación de Fundación Konrad Adenauer. Guatemala. 2005. p. 23.
33
La constitución viviente supone que “..la constitución es un cuerpo mutante; recreado o sancionado
día a día; que la tarea de interceptarla involucra la de elaborar respuestas constitucionales, antes que
aplicar recetas ya hechas por el constituyen histórico, por lo que el intérprete, más que un arqueólogo,
es un artífice; y que se leal a la constitución no significa ejecutarla como querría quién la fabricó, sino
proyectar en las fórmulas interpretativas los requerimientos y valoraciones de la sociedad actual..”.
Sagüés, Néstor Pedro. Ob. cit. p. 19..
26
voto favorable de cinco magistrados y el criterio disidente de dos de sus
miembros, se declaró la nulidad de la reforma del artículo 132, inciso
primero de la Constitución Política, según ley número 4349 del once de
julio de 1969, retomando vigencia la norma existente antes de dicha
reforma constitucional. La norma que cobró nueva vigencia, establece
que : “No podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente el que hubiera
servido la Presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores
al período para cuyo ejercicio se verificare la elección…” Los argumentos
que expone la mayoría de la Sala Constitucional, toman en consideración
la preeminencia de los derechos fundamentales, en este caso, el derecho a
ser electo, que lo reconoció el constituyente original en 1949, admitiendo
la re-elección de Presidente y Vicepresidente, siempre y cuando hubiese
mediado entre cada designación,
un período de ocho años. La
imposibilidad que los derechos fundamentales puedan limitarse mediante
una reforma parcial aprobada por el constituyente derivado, resulta
inadmisible, según el criterio de los jueces constitucionales de Costa Rica,
en función de la preeminencia de los derechos fundamentales, incluyendo,
por supuesto, el derecho internacional de los derechos humanos. Este es
otro caso en el que las decisiones de la jurisdicción constitucional se
adoptan en función del reconocimiento a los derechos fundamentales y al
derecho internacional de los derechos humanos. Respecto de la
imposibilidad de reducir derechos fundamentales mediante una reforma
parcial, variando la constitución original, la mayoría de la Sala consideró
que: “…. Para ciertos puestos públicos, el Constituyente originario decidió
por un mínimo de edad que supera la frontera de la mayoridad civil, pero
mantuvo su prohibición para que los poderes públicos restringieran esta
libertad pública jurídica. El derecho de elección, como derecho político,
27
también constituye un derecho humano de primer orden, y por ende, es un
derecho fundamental. La reelección tal y como se pudo constatar en el
considerando V, estaba contemplada en la Constitución Política de 1949 y
constituye una garantía del derecho de elección, pues le permite al
ciudadano tener la facultad de escoger, en una mayor amplitud de
posibilidades, los gobernantes que estima convenientes. Por consiguiente,
fue la voluntad popular a través de la Constituyente, la que dispuso que
existiera la reelección presidencial, con el fin de garantizarse el pueblo el
efectivo derecho de elección. De hecho, a pesar de que la reforma parcial en
cuestión se produjo posteriormente, esto se viene a confirmar luego con la
suscripción de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el
artículo 23 establece: “1. Todos los ciudadanos deben gozar de los
siguientes derechos y oportunidades...b) de votar y ser elegidos en elecciones
periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores,...”; y
que no admite mayores limitaciones, que las siguientes: “2. La ley puede
reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el
inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por
juez competente, en proceso penal.” De este último párrafo de la
Convención de Derechos Humanos, se desprenden de manera clara, las
únicas razones por las cuales pueden establecerse restricciones al ejercicio
de los derechos ahí declarados. La reelección, según se desprende de la
voluntad popular suscrita históricamente, establece la posibilidad para el
ciudadano de elegir libremente a sus gobernantes, por lo que al reformarse
la Constitución en detrimento de la soberanía del pueblo, y en desgaste de
sus derechos fundamentales, lo que se produjo en este caso fue la
28
imposición de más limitaciones que las ya existentes en razón de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
condena. Por otro lado, Costa Rica suscribió este Convenio sin reserva
alguna, aceptando el ejercicio de tales derechos en la mayor libertad posible,
asumiendo como únicas limitaciones las que deriven del inciso 2 del artículo
23. De resultar inconstitucional la forma en que la Asamblea Legislativa
suprimió este derecho, implicaría que su restauración deba sujetarse al
procedimiento correspondiente…..” La argumentación que expone la
mayoría del Tribunal se fundamenta en la vigencia y preeminencia de los
derechos fundamentales, en este caso, el Pacto de San José; conforme a
esta premisa, no es admisible la limitación a los derechos fundamentales
mediante una reforma parcial de la constitución, es decir, que el
constituyente derivado no podía reducir los derechos que había
reconocido el constituyente original. Sobre este extremo, la decisión
mayoritaria del tribunal reconoce que: “.. la Asamblea Legislativa puede
ampliar los contenidos y alcances de los derechos fundamentales, pero no
puede el poder constituyente derivado suprimir o reducir tales contenidos,
pues de esta forma podría destruir el orden básico instituido por el poder
constituyente originario. La rigidez de la Constitución no admite que tales
disposiciones sufran detrimento por la actividad legislativa o de gobierno,
porque si ello fuera admisible, podría suponerse que el poder legislativo o
ejecutivo tienen competencia legítima para emitir normas en contra de la
Constitución, -lo que a su vez significaría que podrían sustraerle la
soberanía al pueblo, ya que actuarían en contra de sus intereses declarados.
Al instituir la Constitución competencias al poder legislativo, a la vez las
enmarca e impone, por tanto, limitaciones a su actividad. Agregamos que
esta lectura tiende a su vez a proteger a la Asamblea Legislativa, ya que
29
incluye en su razonamiento que todo acto que desborde o contradiga el
mandato constitucional destruiría también la base de la propia actividad
legislativa y el fundamento legítimo de su autoridad…”. Las repercusiones
políticas y jurídicas de esta decisión, fueron significativas. Entre los
comentarios críticos, vale la pena mencionar lo que expresó el Procurador
General de la República, quien afirmó que “..La Sala ha asumido el papel
de definición política de grandes temas y eso no es propio de un Tribunal
Constitucional….Ante la inoperancia, inercia o agotamiento de otros
órganos estatales que están llamados a tomar esas grandes decisiones
políticas y dar esas definiciones, pero que no lo hacen, por un principio de
supervivencia del sistema, la Sala absorbe todo eso; llenó un vacío dentro de
la estructura de la ingeniería constitucional de la división de poderes….¿
Qué ha pasado ? Existe una disfunción por la crisis de los partidos políticos,
ausencia de liderazgo y representaciones parlamentarias que no son las que
requiere la sociedad para alcanzar niveles de desarrollo….” 34 Si bien en el
tema de la reelección presidencial se tomó en consideración el derecho
internacional de los derechos humanos, no cabe la menor duda que la
decisión conmovió a la clase política, pues significó una redefinición de las
lealtades, adhesiones y ambiciones en la conformación del poder.
35
La
defensa de los derechos fundamentales permitió trascender un concepto
tan polémico como las normas pétreas. 36 Por tratarse de una decisión que
34
Arce, Guillermo ; Tinoco, Federico. “Reelección en Costa Rica: golpe de Estado “constitucional” o
reafirmación del orden constituyente”.Costa Rica. 2005. p. 170-171,
35
Sobre las reacciones que provocó el voto sobre la reelección presidencial, puede consultarse la obra
de Celín Arce Gómez, titulada: “El abuso interpretativo de la Sala Constitucional “- EUNED- Costa
Rica- 2008, en páginas 183 y siguientes. De igual forma el artículo de Fernando Castro Padilla,
titulado: “Límites al poder constituyente: el caso de los derechos fundamentales y la jurisprudencia de
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica”- publicado en la obra titulada:
“Temas de Derecho Constitucional costarricense”- Tomo I- Impresiones Chico- Costa Rica- p. 7 y
siguientes.
36
“…De manera que las cláusulas pétreas, es decir, aquellas de contenido constitucional
pretendidamente irreformable por supuesta afectación del espíritu de la Constitución escrita, no
30
incide directamente en la distribución y el ejercicio cotidiano del poder,
bien pudo considerarse como una cuestión política, en el que la instancia
constitucional puede omitir pronunciarse, conforme al principio de
autocontención.
37
Empero, la autocontención es un concepto variable y
circunstancial, en el que la judicatura constitucional bien puede
considerar trascendental emitir un pronunciamiento en función del
fortalecimiento de los derechos fundamentales, tal como se hizo en el
pronunciamiento comentado.
Una reflexión final: Como bien lo ha mencionado Constantino Urcuyo, la
jurisdicción constitucional ejerce, en mayor o menor medida, un poder
político, que desde mi perspectiva, es acotado, sin embargo, esta condición
no se resuelve mediante su supresión, pues sería un retroceso; 38 el control
pueden ser jurídicamente aceptadas, sobre todo con base en el argumento anterior de que el Estado
tiene la plena potestad de modificar sustancialmente su propio ordenamiento supremo, moviéndose
siempre dentro del ámbito del derecho vigente, como lo corroboran numerosas constituciones
modernas que prevén también, la posibilidad de su reforma total mediante mecanismos jurídicos
expresos (…) Adicionalmente, existe otro argumento netamente jurídico que impide admitir la
existencia de cláusulas pétreas. En la hermenéutica jurídica hay un principio fundamental,
denominado de no contradicción, según el cual la norma posterior en el tiempo puede modificar o
derogar válidamente la norma anterior de igual eficacia. Es decir, normas de igual rango normativo,
como todas las constitucionales, no pueden entrar en conflictos de validez, sino tan sólo de vigencia. (…)
Tratándose de reformas generales tales límites no son aplicables , pues aunque en tal hipótesis no se
ejercita el poder constituyente originario – el cual sólo surge en las hipótesis del nacimiento de un
nuevo Estado o de la ruptura del orden constitucional por un golpe armado, revolución, cuartelazo,
revolución, etc- es lógico concluir que el ejercicio del poder constituyente derivado no está tampoco
sujeto a ningún límite de forma ni de fondo por las razones antes citadas. Por consiguiente, el ejercicio
del poder constituyente derivado, al igual que el del originario, es jurídicamente ilimitado, lo que
significa que puede modificar válida y discrecionalmente el contenido de las normas constituidas
vigentes y sin posibilidad alguna de que tales reformas puedan ser cuestionadas ni anuladas por ningún
otro mecanismo jurídico…..” Hernández Valle, Rubén. “El Derecho de la Constitución” – Editorial
Juricentro- Costa Rica- 1993— Vol. I- p. 245-24637
La cuestión política es una categoría conceptual en el que imperan criterios pragmáticos y de
oportunidad; puede pretender fortalecer el poder de una instancia estatal o bien puede expresar el
deseo del Tribunal de no provocar una confrontación inconveniente con el Presidente o el Congreso. Si
el Tribunal estima que es mejor limitar su jurisdicción, no es a causa de la doctrina de separación de
poderes o por ausencia de reglas; en realidad, los motivos determinantes son de oportunidad. Es un
concepto variable y circunstancial. García-Pelayo, Manuel. “Derecho Constitucional Comparado”Alianza Editorial. España. 1984. p. 429-430.
38
Urcuyo, Constantino. Ob. cit. 1995- p. 42-43
31
social irrestricto sobre las decisiones de la jurisdicción constitucional, la
exigencia de la motivación de sus decisiones,
39
su intervención reactiva y
la transparencia, la autocontención, definen el cauce que impide los
dudosos excesos de una jurisdicción que
inevitablemente controla y
juzga a la política. 40
Respecto de la fundamentación de sus fallos, la jurisdicción constitucional debe ser especialmente
sensible a esta exigencia, porque asegura el carácter participativo del proceso decisorio. Cappelletti.
Ob. cit. 1987- p.295.
40
Un control concentrado de la constitucionalidad le atribuye al tribunal constitucional un significativo
peso político como garante de la Constitución, convirtiéndose en un órgano de equilibrio del
ordenamiento, así como un legítimo interlocutor en el debate político, institucional y social. Celotto,
Alfonso. “El derecho juzga a la política”- Ed. Ediar. Argentina. 2005- p. 16.
39
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