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FISCALIA EN LO PRINCIPAL: Se hace parte. PRIMER OTROSÍ

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FISCALIA EN LO PRINCIPAL: Se hace parte. PRIMER OTROSÍ
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FISCALIA
MINISTERIO PUBLICO DE CHILE
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EN LO PRINCIPAL: Se hace parte. PRIMER OTROSÍ: Contesta traslado.
SEGUNDO OTROSÍ: Patrocinio.
EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SABAS CHAHUÁN SARRÁS, Fiscal Nacional del
Ministerio Público,
y en su representación, en autos sobre
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulado en la
causa RIT N° 1.533-2014, RUC N° 1300816819 - 3, que actualmente se
sigue ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, Rol de este
Excmo. Tribunal N° 2803-2015 INA, a SS. Excma. respetuosamente
digo:
En la representación que invisto, vengo en hacerme parte
en el requerimiento de inaplicabilidad ejercido por José Miguel Sánchez
Campero.
POR TANTO, a SS. Excma. ruego así tenerlo presente.
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PRIMER OTROSÍ: Oportunamente contesto el traslado
conferido por resolución de 10 de marzo pasado, notificada a mi parte el
día 12 del mismo mes, y solicito, por las razones que se desarrollan en lo
sucesivo, que el requerimiento de autos sea declarado inadmisible.
I ANTECEDENTES.
A comienzos del mes de marzo de 2014, en la causa RUC
N° 1300816819-3, el Ministerio Público presentó requerimiento en
procedimiento simplificado contra José Miguel Sánchez Campero, para
perseguir su responsabilidad como autor del delito de manejo en estado
de ebriedad, hecho ocurrido en el mes de agosto de 2013.
El Juzgado de Garantía, por resolución de 06 de marzo de
2014, fijó audiencia de juicio para el 01 de abril siguiente a la que
concurrió el requerido con su abogado defensor. Siendo consultado al
tenor de lo dispuesto en el artículo 395 del Código Procesal Penal, no
admitió responsabilidad en el hecho, fijándose audiencia de preparación
para el día 29 de abril siguiente.
La inasistencia injustificada del requerido a esta última
audiencia motivó el despacho de una orden de detención en su contra, la
que sólo se hizo hizo efectiva en el mes de agosto de 2014, siendo
controlada su legalidad en audiencia del día 06 de ese mes.
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En fin, casi seis meses después de presentado el
requerimiento, el 29 de agosto de 2014, a solicitud de la defensa se llevó
a cabo una audiencia sobre cautela de garantías, en la que ésta señala
no haber podido acceder a los nombres de los empleados de la estación
de servicio donde fue controlado el requerido. El sentenciador de
garantía decidió oficiar para que la defensa obtuviera tal información, la
que según lo señalado en el requerimiento, igualmente no fue obtenida.
Recién en el mes de enero del presente año 2015, se llevó
a cabo la audiencia de preparación de juicio oral simplificado, fijándose
las pruebas que serán utilizadas en el auto de apertura que se encuentra
e'ecutoriado.
II
PRECEPTO LEGAL OBJETADO Y CONTENIDO
DEL REQUERIMIENTO
La disposición legal objetada indica:
Requerimiento.
"Art. 390.
Recibida por el fiscal la denuncia de un hecho
constitutivo de alguno de los delitos a que se refiere el artículo 388,
solicitará del juez de garantía competente la citación inmediata a
audiencia, a menos que fueren insuficientes los antecedentes aportados,
se encontrare extinguida la responsabilidad penal del imputado o el fiscal
decidiere hacer aplicación de la facultad que le concede el artículo 170.
De igual manera, cuando los antecedentes lo ameritaren y hasta la
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deducción de la acusación, el fiscal podrá dejar sin efecto la
formalización de la investigación que ya hubiere realizado de acuerdo
con lo previsto en el artículo 230, y proceder conforme a las reglas de
este Título.
Asimismo, si el fiscal formulare acusación y la pena
requerida no excediere de presidio o reclusión menores en su grado
mínimo, la acusación se tendrá como requerimiento, debiendo el juez
disponer la continuación del procedimiento de conformidad a las normas
de este Título.
Tratándose de las faltas indicadas en los artículos 494, N° 5,
y 496, N° 11, del Código Penal, sólo podrán efectuar el requerimiento
precedente las personas a quienes correspondiere la titularidad de la
acción conforme a lo dispuesto en los artículos 54 y 55.
Si la falta contemplada en el artículo 494 bis del Código
Penal se cometiere en un establecimiento de comercio, para la
determinación del valor de las cosas hurtadas se considerará el precio
de venta, salvo que los antecedentes que se reúnan permitan formarse
una convicción diferente".
El artículo cuestionado adquirió su fisonomía actual con las
modificaciones introducidas por la Ley N° 20.074 de 2005, salvo en lo
que se refiere a su inciso final, introducido por Ley N° 19.950 de 2004.
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Se sostiene en el requerimiento que la aplicación de la regla
cuestionada provocaría efectos contrarios a la Constitución, denunciando
específicamente la afectación del derecho a defensa, y dentro de este
último, el derecho a contar con tiempo y medios para el ejercicio
defensivo consagrado en instrumentos internacionales.
INADMISIBILIDAD
A. El requerimiento no está razonablemente fundado.
Procede declarar inadmisible el requerimiento de autos, en
primer lugar, porque no cumple con la exigencia de estar
razonablemente fundado, como lo demanda el artículo 84 N° 6 de la Ley
N° 17.997.
Es necesario hacer notar, al efecto, que lo objetado en
estos antecedentes, a través de la regla contenida en el artículo 390 del
Código Procesal Penal, es propiamente la aplicación de las reglas del
juicio simplificado.
Se arriba a dicha conclusión, primero, al considerar que la
regla cuestionada regula justaffiente las condiciones de aplicación del
referido procedimiento, y segundo, al excluir como parte del objeto de
este extraordinario mecanismo constitucional, la crítica dirigida contra
actos o resoluciones del Juez de Garantía y en su caso de actuaciones
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de los fiscales del Ministerio Público -, desde que la inaplicabilidad de un
precepto legal no es vía idónea para su revisión ni para el control de las
mismas, como tantas lo ha dicho esta Magistratura. (Sentencias del
Excmo. Tribunal Constitucional Roles N's 1008, 1018, 1049, 1264, 1286
y 1780).
Precisado el ámbito del presente debate, cabe afirmar que
el precepto objetado va fue aplicado en este caso. En efecto, ya se
presentó el requerimiento en procedimiento simplificado y se convocó a
la audiencia a que se refiere la regla cuestionada, ya tuvieron lugar las
primeras actuaciones de la audiencia, a las que se refiere el artículo 394
del Código Procesal Penal, ya tuvo lugar, también, la consulta del
sentenciador al requerido acerca de si admite responsabilidad en el
hecho contenido en el requerimiento, del artículo 395 del mismo cuerpo
legal, y por último, ya tuvo lugar la audiencia de preparación del juicio
oral simplificado, del artículo 395 bis del Código tantas veces
mencionado.
Además de todas las actuaciones aquí referidas, ha
resultado igualmente determinada la competencia del Noveno Juzgado
de Garantía, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 388 del Código
Procesal Penal, y artículos 14 letra h) y 18 letra a) del Código Orgánico
de Tribunales.
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De lo dicho se obtiene que la regla objetada ya fue aplicada,
provocando el conjunto de consecuencias que la ley le atribuye, de
suerte que más que demandar la proscripción de la aplicación de un
precepto legal, lo que se persigue en esta sede constitucional es la
revisión y, en su caso, la corrección o enmienda de resoluciones y
actuaciones ya afinadas, razón por la que el requerimiento carece de
fundamento plausible y procede, en concepto de esta parte, que sea
declarado inadmisible.
Sin perjuicio de lo ya señalado, cabe también es este punto
hacer notar que el requerimiento en juicio simplificado fue presentado a
comienzos de marzo del año 2014 y que la audiencia de preparación
tuvo lugar prácticamente diez meses después - con una orden de
detención entre tanto -, esto es, en enero de 2015 según consta a fojas
33 de estos antecedentes, instancia en la que defensa hizo suya la
prueba del Ministerio Público y ofreció cuatro testigos de su parte, lo que
diluye la supuesta afectación del derecho a contar con tiempo y medios
de defensa, y hace incurrir al impugnante, igualmente, en el defecto de
fundamentación que se viene denunciando.
B. La aplicación de la norma no es decisiva.
Sin perjuicio de lo que hasta aquí se ha dicho, el
requerimiento es además inadmisible porque el precepto legal
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cuestionado no es decisivo en la resolución del asunto, defecto que tiene
un doble fundamento.
En primer lugar, siguiendo los argumentos presentados en
el apartado precedente, la causa en la que incide el requerimiento sólo
espera la realización del juicio oral simplificado, habiendo tenido lugar la
preparación del mismo y la dictación de un auto de apertura que hace
referencia al requerimiento que será objeto del juicio y las pruebas de las
que se valdrán las partes, consignando que la defensa del ahora
requirente de inaplicabilidad hizo suyas las del Ministerio Público y
ofreció, además, cuatro testigos que depondrán respecto de las
circunstancias en que se produjo la fiscalización del requerido en una
estación de servicio, todo lo cual consta en la copia del acta agregada a
estos antecedentes, ya citada.
Todo lo anteriormente dicho permite afirmar que a estas
alturas las normas a aplicar son, primero, la del artículo 396 del Código
Procesal Penal que se refiere al juicio simplificado y, en su caso, los
últimos artículos del título respectivo, no así, en lo que aquí interesa, el
artículo 390 del Código Procesal Penal, que carece de la condición de
regla decisiva para la resolución del asunto pendiente.
En segundo lugar, y en tanto la cuestión aquí objetada es la
aplicación del procedimiento simplificado, el artículo 390 del Código
Procesal Penal carece igualmente de la condición de decisiva en la
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resolución del asunto pendiente, desde que el artículo 388 del mismo
cuerpo legal, establece lo siguiente:
"Art. 388. Ámbito de aplicación. El conocimiento y fallo
de las faltas se sujetará al procedimiento previsto en este Título.
El procedimiento se aplicará, además, respecto de los
hechos constitutivos de simple delito para los cuales el ministerio público
requiriere la imposición de una pena que no excediere de presidio o
reclusión menores en su grado mínimo".
En el presente caso, por el cargo de manejo en estado de
ebriedad el Ministerio Público solicitó la imposición de una pena de
quinientos cuarenta días de presidio menor en grado mínimo, de manera
que la sola fuerza de esta última disposición legal, prescindiendo de la
que en estos autos se cuestiona, ya determina la aplicación de las reglas
del juicio simplificado y, más precisamente, atendiendo al estado del
procedimiento, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 396 del Código
Procesal Penal y las siguientes reglas del título respectivo, en su caso.
En definitiva, y también por las razones señaladas, procede
declarar inadmisible el requerimiento por incurrir en la circunstancia a
que se refiere el artículo 84 N° 5 de la Ley N° 17.997.
POR TANTO, teniendo presente lo expuesto y lo dispuesto
en los artículos 93 inciso 11° de la Constitución Política de la República y
84 N° 6 y N° 5 de la Ley N° 17.997,
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SÍRVASE SS. EXCMA., tener por contestado el traslado
conferido al Ministerio Público, y declarar inadmisible el requerimiento de
autos.
SEGUNDO OTROSÍ: A SS. Excma. pido tener presente que
designo patrocinantes al Director de la Unidad de Recursos Procesales y
Jurisprudencia de la Fiscalía Nacional, don PABLO CAMPOS MUÑOZ,
cédula de identidad N° 9.251.935-K, y al Abogado de esta misma unidad,
don HERNÁN FERRERA LEIVA, cédula de identidad N° 8.712.527-0,
ambos de mi mismo domicilio, quienes podrán actuar conjunta o
separ damente y firman este escrito en señal de aceptación.
POR TA TO, a SS. Exc a. ruego así tenerlo presente.
ACREDITA CALIDAD DE ABOGADO
AUTORIZO PODER
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